Isabel Pereira Pizani: La paradoja de la ley contra el odio

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Isabel Pereira Pizani: La paradoja de la ley contra el odio

Mensaje por redaccion » 13 Sep 2020, 21:45

Opinión
ND


Al ver la salida de las personas liberadas en fecha reciente nos conmovieron especialmente las declaraciones de la señora Antonia Turbay, apresada por Maduro por el delito de ser vecina de Iván Simonovis, quien al salir después de un año de reclusión expresó: “Un tiempo muy triste y duro, un robo de un año”. Palabras de una persona totalmente inocente.

Tratamos de entender lo inexplicable. En qué puede basarse este gobierno para cometer estos atropellos, como pueden robarle la vida a personas inocentes sin pudor alguno y sin que les tiemble la voz cuando hablan de paz y convivencia. Esta inquietud nos ha llevado directamente a buscar las excusas, la supuesta base jurídica que utiliza la dictadura para cometer atropellos como aquel de tener en prisión indefinidamente alrededor de 500 personas sin haber cometido delito alguno.

Es emblemático el caso de los policías metropolitanos presos durante 17 años sin ninguna prueba, o los 152 militares apresados por el hecho de no estar de acuerdo con la orientación política que aplica este régimen. Esta búsqueda nos confronta con “la ley contra el odio”, instrumento usado en las declaraciones de los funcionarios como justificación ante los medios de comunicación dada la inexistencia de pruebas contra los ciudadanos presos o asesinados. Una primera ojeada a esta ley muestra la evidencia de estar frente a una disposición política emitida por el actual régimen cuyo contenido revela, con la mayor claridad, el choque entre la acción represiva del gobierno y el pretendido objetivo de una ley denominada “Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, definido en su primer artículo:

“Artículo 1. La presente ley constitucional tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la nación”.

Con la promulgación de este instrumento legal el régimen ha intentado cubrir, ocultar, justificar, la violencia y represión contra la ciudadanía ejercida durante su mandato. Su desempeño como gobierno evidencia todo lo contrario de lo que pauta en ese primer artículo.

No es ninguna novedad lo que se quiere denunciar, el país lo sabe, pero es menester decirlo, proclamarlo y en práctica goebbeliana repetir hasta el cansancio. Esta ley ha arropado la actuación de la FAES, las arremetidas de la Guardia Nacional Bolivariana contra la oposición y la gente desamparada en sus barrios pobres, las torturas emprendidas por la Dgcim contra civiles y militares, la violencia contra los dirigentes políticos, sindicales y comunitarios, hasta los atropellos cometidos por los colectivos de civiles  armados por el propio gobierno, que embisten sin piedad contra cualquier reclamo de los ciudadanos.

En el texto se mezclan instituciones, sentimientos y valores, generando una cobertura perversa que es violada día a día. Sin exagerar, su contenido asombraría a cualquier lector curioso proveniente de otro mundo que desee conocer las bases jurídicas de la represión que ha ejercido el socialismo contra los venezolanos. Comienza con la consabida mención de la primacía de los derechos humanos, alude cínicamente a los sentimientos de amor, vida, convivencia, hermandad.

Sin pudor nombran las instituciones políticas que han destruido: la democracia, la justicia, la libertad, la igualdad y la no discriminación. Y para nuestra sorpresa intentan cobijarse tras la mención de valores humanos: fraternidad, reconocimiento, respeto, tolerancia, solidaridad, pluralidad, corresponsabilidad. Todo lo enunciado en las antípodas de su ejercicio como gobierno. Casi como un texto de una congregación de monjas o de personas que buscan crear una sociedad utópica forjada con base en el amor, el cual curiosamente estaría protegido por la ley y no por las emociones humanas.

La urgencia de escribir sobre este tema, conocido por todos, se remueve con la carta que dirige el personaje que actúa como canciller de Maduro, en la cual se yergue con un manto de dignidad al reclamar los supuestos maltratos a que está expuesto Alex Saab en la cárcel de Cabo Verde.

El jefe de la diplomacia venezolana enfatizó que se han producido torturas contra Saab y “todo ha sido constatado por sus abogados”, por lo que aseguró que se trata de “una clara violación de sus derechos humanos”. Demandó que “se permita la visita inmediata de un médico forense al enviado especial”, además de un procurador del Ministerio Público y del embajador de Venezuela ante Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, las cuales aún no han sido autorizadas. Asimismo, reiteró la solicitud a las instituciones caboverdianas para que le “sea concedida una medida humanitaria, que permita su detención domiciliaria”.

No sería extraño que Arreaza le proponga al gobierno de Cabo Verde la adopción de un texto como la Ley contra el Odio para que no incurran en faltas como las supuestamente cometidas contra Saab. No haría falta mencionar cómo los agentes del gobierno han usado la Ley del Odio, los que acabaron con la vida de Fernando Albán, masacraron al capitán de corbeta Acosta Arévalo, ajusticiaron a Oscar Pérez. “El Ministerio Público reconoce la muerte de 124 personas en las protestas antigubernamentales de 2017”. Un régimen denunciado por erosionar el Estado de Derecho que amenaza reprime, secuestra, tortura y mata. “Cientos de personas han sido asesinadas en año y medio”, según Michelle Bachelet.

El texto de esta ley debe ser examinado en nuestras Escuelas de Derecho mostrándole a los futuros abogados la práctica bárbara que significa amparar con una ley la ejecución de los crímenes más horrendos contra las personas, las mujeres, las familias, los militares y todo aquel que abogue por una sociedad con derecho de pensar y opinar. A Stalin, Hitler y Amin Dada no se les ocurrió esa brillante idea. Nunca más una ley contra el odio para matar y reprimir ciudadanos.


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