Pemones doblegan arbitrariedad militar y política minera inconsulta
Lunes, 11 de Febrero de 2013
Los indígenas de Gran Sabana devolvieron este domingo las armas que les decomisaron a los 43 funcionarios del Ejército que retuvieron en Urimán.
Para muchos, el fin justificó los medios: con la retención de 43 funcionarios del REDI Guayana, la comunidad pemón de Urimán conquistó, por encima de quince acuerdos, especialmente en cuanto a la actividad minera, respeto a sus derechos.
Voces parlamentarias y de derechos humanos concuerdan que la ridiculización de la FANB se erige como una evidencia en cuanto a la capacidad de defensa de los componentes militares. Sea como sea, este fin de semana quedará para la historia como un ícono de las luchas indígenas.
Las imágenes de los militares amarrados dio la vuelta al mundo, poniendo sobre la mesa la vulneración de los derechos a los indígenas y la necesidad de regular la minería. Fotos cortesía
Natalie García
El pueblo pemón supo llamar la atención nacional. Por segunda vez en menos de año y medio desarmaron y retuvieron a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). La primera ocasión fue en Musuk Pa, (municipio Angostura), donde presuntamente hallaron a los funcionarios practicando la minería ilegal, y la más reciente en Urimán, dentro del Parque Nacional Canaima, municipio Gran Sabana, donde 28 soldados y 14 oficiales permanecieron bajo custodia indígena durante tres días.
Alvarado: “El problema de fondo es la corrupción que hay en la FANB… la actitud de los indígenas muestra su desespero ante esa situación y es un barril de pólvora que puede estallar de manera más violenta”.
La medida de protesta se inició (el jueves) luego de reuniones y el consenso entre capitanes generales y comunitarios, quienes cansados de los atropellos militares, las restricciones aéreas, de suministro de alimentos, combustible y la crisis local decidieron apostar por una manifestación contundente, que obligara al gobierno a sentarse y dar respuestas.
Fue así como tomaron el comando fluvial del Ejército y sometieron a una veintena de castrenses. Horas más tarde, fue enviado un contingente de apoyo y éste también fue capturado, desarmado y amarrado.
En total, 43 funcionarios conocieron la “furia pemón”. Uno de ellos tuvo que ser evacuado el viernes, por presentar una lesión. Pero el resto no fue hasta ayer cuando pudo estar libre.
Más acciones
Aunada con esta medida, los aeropuertos de Santa Elena de Uairén (capital del municipio Gran Sabana) y Canaima, en el sector occidental del parque del mismo nombre, fueron tomados.
La situación se tornó difícil, y pese a la mediación de algunas autoridades no fue posible un punto en común hasta este sábado, cuando sentados con el mayor general Wilmer Barrientos, del Comando Estratégico Operacional (CEO); el gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez; la ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; y otros representantes, pusieron fin a la protesta a cambio de catorce acuerdos, entre ellos permitir la minería en las comunidades ancestrales y el fin de las vulneraciones a sus derechos.
Algunos puntos, como la presencia del vicepresidente ejecutivo en la cita, Nicolás Maduro; la nulidad del Decreto 8.413, que reserva al Estado la explotación del oro; o la destitución del mayor general Cliver Alcalá Cordones, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), no fueron acatados.
Simon: “Por parte de Canaima con los acuerdos estamos cubiertos, esperemos que se cumplan. El mayor general (Cliver Alcalá) nos dijo que en caso de cualquier cosa, lo llamáramos por teléfono”.
Balanza indígena
Sin embargo, lo establecido en los acuerdos sienta un precedente a favor del pueblo pemón, y la flexibilización del decreto minero, que desde su promulgación en septiembre de 2011 es el dolor de cabeza de explotadores de yacimientos y comunidades que viven de la minería.
Pese a esta brecha entre la realidad y el documento legal, la validez del permiso minero sólo es para el pueblo pemón del municipio Gran Sabana, siempre y cuando la minería se practique fuera de los cauces de los ríos y lejos del Parque Nacional Canaima.
A juicio de Ramón Simon, capitán de Canaima, este punto es delicado y, a su vez, un compromiso que los indígenas deben discutir internamente pues, por ejemplo, Urimán, donde hubo la desmovilización de los militares, está dentro del parque nacional y su ingreso es sólo por el concepto minero.
“Tendremos que hablar esas cosas internamente para cumplir, porque muchas comunidades viven de la minería pero están dentro del parque. Si hay que cuidar, tenemos que ver cómo lo hacemos entre todos y que eso quede claro”, expuso.
En relación con las exigencias de Canaima, considera Simon que están “cubiertas”, pues su preocupación principal es el tema del suministro del combustible y las restricciones a las operaciones aéreas. Si se cumplen ambos parámetros, el destino turístico podrá nuevamente tener tranquilidad.
Sí y no
Alexis Romero, quien encabezó la lucha por la defensa de los derechos indígenas pemón en Musuk Pa, preso por denunciar a los funcionarios militares presuntamente involucrados en la minería ilegal en 2011 y ahora es mantenido bajo régimen de presentación, considera que el acta firmada el sábado es un avance, pero no un verdadero triunfo para los pemones.
Haciendo uso de la autocrítica, el dirigente ahora asentado en Gran Sabana, reflexiona que si bien hay algo escrito, los antecedentes muestran que el gobierno no suele ser buen cumplidor de los acuerdos, y para muestra su caso: él, que fue denunciante, resultó ser el denunciado e imputado.
De Grazia: “En 2011 hubo una situación similar en Musuk Pa y fue el gobierno el que irrespetó los acuerdos. No significa esto un menosprecio a lo acordado (el sábado), pero sí una alerta”.
“A mi parecer, el acuerdo no es tan favorable como se quería”, sostiene, aunque no por eso deja de ser positivo. “Creo que caímos en errores, porque el gobierno empezó a prometer y los capitanes creyeron en esas promesas, pero vamos a ver el desarrollo de la situación”, añadió.
Romero indicó además que si bien se pudo haber sacado más partido a la protesta, en la reunión con las autoridades se dejó claro que ante cualquier acción del gobierno “se levantarán nuevamente”, lo que sí puede ser una garantía para seguir reivindicando la lucha ancestral de los indígenas.
Sobre uno de los puntos de honor para los indígenas, la destitución del mayor general Cliver Alcalá, informó que esta no se pudo lograr porque el comandante del CEO, el mayor general Wilmer Barrientos, tiene el mismo rango; por lo tanto, la decisión de remover del cargo a jefe del REDI debe venir de la Presidencia de la república.
Pese a esto, comentó que Cliver Alcalá Cordones tuvo que pedir disculpas públicas a la comunidad, en medio de la reunión, y aunque afirmó “no sentir que ofendió a los indígenas” días atrás en una reunión donde se desentendió aparentemente de sus problemas, se disculpó.
Situación aleccionadora
Para el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar y miembro de la comisión de Petróleo, energía y minas del parlamento, Américo De Grazia, el que haya habido un acuerdo es positivo y puede servir “de lección” a la FANB, ya que a su parecer es importante alcanzar la paz a través del encuentro de las partes.
Pese a esto, el parlamentario y dirigente de La Causa R se muestra suspicaz. Cree, al igual que Alexis Romero, que los acuerdos firmados con el pueblo pemón no necesariamente serán cumplidos, y para argumentar su duda se remonta a lo ocurrido en 2011 en Musuk Pa. “Esto no significa un menosprecio, sino un alerta”, aseguró.
¿Flexibilización minera?
Los acuerdos alcanzados el sábado en Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, sientan un segundo precedente de flexibilización del Decreto 8.413 de nacionalización del oro. El que se permita al pueblo pemón la explotación aurífera abre las posibilidades a que el instrumento legal sea modificado o anulado, como ha sido la petición de aborígenes y mineros. De hecho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso de nulidad por inconstitucional en contra del referido decreto.
La primera muestra de apertura legal minera después de la salida del 8.413 la dio el gobierno a inicios de 2013, cuando tras días de protesta en El Manteco, municipio Piar, se firmó una carta de intención para conceder 5 mil hectáreas a los explotadores del Supamo Parapapoi.
Consideró que si bien antes la lucha indígena era contra el imperio español, ahora lo es contra el imperio Chino y la “boliburguesía” que intentan sacar del camino a los habitantes ancestrales para hacerse con los yacimientos auríferos y de otros metales estratégicos, en el estado Bolívar.
“Si hay minas para las chinos, por qué no para los pemones, para los venezolanos. Y sí puede haber minería en concordancia con el medio ambiente porque ya otros países lo han demostrado, como Canadá, Perú, por nombrar sólo algunos”, sostuvo.
Américo De Grazia opina que el meollo del conflicto no es sólo con indígenas, sino con los pueblos bolivarenses dedicados a la minería, es que “hay una mafia encubierta a nivel de Guayana que usa el desorden minero para enriquecerse, y en esto el alto gobierno permite explorar para favorecer intereses chinos y de otros países”.
Por ello, más que el orden se fomenta -a su criterio- la anarquía, y muchas veces la vulneración de los derechos humanos para que no haya atención al verdadero problema.
Señala el diputado que su deseo es que lo ocurrido sirva de reflexión, pues la retención de los militares “ridiculizó” a la FANB y esto “no puede alegrar a nadie” pues se trata de la Fuerza Armada de todo un país.
Futuro preocupante
Marino Alvarado, abogado, defensor de los derechos humanos y coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), considera que lo preocupante de lo sucedido y los temas de fondo son la corrupción militar a todos los niveles y la criminalización de quienes son víctimas de la vulneración de sus derechos por parte de la FANB.
“Pareciera que no se quiere encontrar el fondo del problema. Hay un atropello permanente, y acciones como las de los indígenas demuestran lo desesperados que están”.
A Alvarado le preocupa que tras estos acuerdos, el gobierno incumpla nuevamente -como ya lo ha hecho anteriormente- y desate en los pueblos indígenas acciones más radicales. “Esta vez los desarmaron, pero se trata de un barril de pólvora que puede estallar de forma más violenta. Retuvieron a los militares, pero no siempre será así”.
Detalla el jurista que los militares usan la fuerza y los atropellos como una forma de imponerse, de resguardar su margen de corrupción, y es por eso que “no conviene a los altos funcionarios ponerle fin. Es lo mismo que lo que pasa con la frontera con Colombia: miles de litros de combustible pasan de contrabando delante del Ejército, delante de la Guardia Nacional y nadie hace nada”.
La protesta en datos
43 militares fueron desarmados, amarrados y obligados a permanecer en una casa en Urimán.
3 días estuvieron los funcionarios del REDI en poder de los pemones.
22 capitanes comunitarios asistieron a la reunión donde se selló el fin de la protesta.
5 de los 6 capitanes generales de la Gran Sabana estuvieron presentes en la cita con las autoridades.
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