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El Decreto es sui generis en varios aspectos. No contempla mecanismo alguno de control administrativo para el procedimiento de reincorporación. Y en el texto se autodefine el Presidente, como el único decisor del reingreso del solicitante y cual Cesar, solo él considera y aprueba. Un gesto de soberbia que el Decreto dictado por la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2000 similar a este, no estableció sensatamente, al ordenar constituir sendos comités por componente de la FAN a objeto de analizar cada solicitud de reincorporación.

El Presidente ha decidió establecer un chance de 2 años y no de 2 meses, como en el año 2.000, para la reincorporación de los golpistas. Un compás de espera suficiente para captar interesados, que pueden llegar a ser muchos más de la cuarentena de oficiales que se han señalado reingresarían. No nos olvidemos que durante 13 años de gobierno, en cada cuento que echa Chávez nos enteramos de nuevos participantes directos e indirectos en los golpes. Lo que aunado a la cajita feliz que puede representar el “Derecho a la Seguridad Social de la FAN” que abarca salud, pensión, derecho a la vivienda, y otras prestaciones dinerales como dice la ley, hará golpistas a muchos desempleados que habiéndose ido de baja señalen ahora haber participado en las intentonas. Quizá esa sea la fórmula ideada por Chávez para conformar la “FANB Chavista” de la que le ha dado por referir en este 2012. Pues lo de chavista no se lo cree ni el mismo, con lo que hay allí adentro, 2 décadas formadas en democracia, entre 1982 y 1999.

Desde una perspectiva estrictamente militar, el nuevo Decreto Ley es un signo de debilidad.

Necesita de sus golpistas dentro de la FAN para hacer ver que la controla. Desde el punto de vista político y de cara a unas elecciones presidenciales cruciales como nunca para el país en décadas, introduce una variable dentro de la FAN que puede mover en su contra el status quo que lo ha beneficiado hasta la fecha. Y desde la perspectiva de Derechos Humanos, profundiza la brecha entre los venezolanos, especialmente con las víctimas de los sucesos del 4F y 27N que aún esperan por justicia, verdad y reparación.

Al final, lo que sucede con Chávez y los militares es como una partida de ajedrez. Sabe que perdió su chance de ganar al sector institucional que representa un 80 % en la FAN. Y el que pierde sólo puede prolongar el juego. Ambos saben que el juego ha terminado, es sólo cuestión de tiempo.

rociosm@cantv.net

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Sólo se reunió la semana pasada para cerrar. En esta comisión, con insustituibles funciones que cumplir, se le ha dado la espalda a la frontera venezolana, un espacio que representa tres cuartas partes del territorio nacional y paso de ilícitos trasnacionales asociados al contrabando de minerales, combustible, alimentos, pero también al de armas y al narcotráfico que están echando los cimientos de la violencia estructural en el país.

La ley de Fronteras, prevista en la agenda legislativa de 2011, no llego siquiera a tener agenda ni cronograma de trabajo para avanzar en su discusión.

Pero esto no fue lo único que sucedió. Aspectos fundamentales de investigación fueron bloqueados deliberadamente por la presidencia y vicepresidencia de la comisión. Me refiero a la investigación por la explosión de Cavim el 31 de enero de este año, la investigación por accidentes de aeronaves militares venezolanas en los que han fallecido este año 11 personas o la investigación de la masacre de Apure del mes de noviembre.

Por su parte, la visita que el ministro de la Defensa ofreció a los miembros de la comisión por los puestos militares fronterizos de Venezuela, fue una promesa engañosa expresada en la interpelación de la que fue objeto a principios de este año. Nadie exigió su cumplimiento.

¿Qué esperamos como mínimo de cara al 2012?: Aprobar la Ley Orgánica de Fronteras, consultando a los habitantes de estas regiones del país y a los expertos. E Incorporar en la agenda parlamentaria la más sentida necesidad de legislación de la institución militar: La Reforma a la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada También que recuerden, que tienen entre sus funciones, según el artículo 187 de la Constitución, autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Sin embargo, continúa la presencia de contingentes de la Fuerza Armada Nacional (FAN), batallón de ingenieros y tropa, construyendo viviendas y carreteras en Bolivia al servicio de Evo Morales, sin autorización de la AN. Y existe una misión permanente de militares cubanos articulados constantemente al trabajo del Comando Estratégico Operacional, que no ha obtenido tampoco la autorización de la AN para estar en el país.

Por último, nos conformaríamos con que se interpelara al ministro de la Defensa para que explique qué está pasando con el control de armas y municiones en Venezuela, vigilancia que corresponde a la FAN realizar, de acuerdo al artículo 324 de la Constitución. Armas y municiones que están terminan en las manos de delincuentes y asesinos que cobran diariamente la vida de los venezolanos.

rociosm@cantv.net

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Entre estas: 1) La torpeza de la referida funcionaria, descubierta por estudiantes mexicanos, grabada y filmada por más de 3 años desde que realizaba funciones diplomáticas en México y que ahora aparece además como miembro activo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

Todo lo cual pone en entredicho la legalidad, pero también la capacidad y eficacia del funcionamiento de los órganos de inteligencia del Estado para efectuar su labor en el exterior, un asunto que debe mover a la interpelación inmediata del ministro de Relaciones Exteriores y del director del SEBIN, general de División Miguel Rodríguez Torres.

2) Que todas las embajadas del mundo realizan inteligencia para los Estados que representan no es un secreto para nadie. De allí, a la cadena de torpezas que ha dejado en su proceder la Cónsul, hay un abismo que compromete no sólo su responsabilidad penal individual sino la del Estado.

Ese es el punto que debe sancionarse. Además es seriamente condenable que funcionarios venezolanos se vean involucrados en actividades terroristas para el caso de demostrarse, pues son decenas de instrumentos internacionales suscritos por la República que condenan esta actividad, uno de los más recientes, la declaración suscrita por Venezuela en el CELAC.

3) El tremendo costo para Venezuela que sus aventuras con Irán están reportándonos en su supuesta lucha contra el imperialismo, especialmente de la mano de las actividades ilegales que empiezan a conocerse han sido presuntamente realizadas por esta Cónsul en combinación con diplomáticos iraníes.

Un elemento más que colma una situación que viene documentándose desde hace largo tiempo y no reporta beneficios específicos al país.

4) La Cónsul habría pedido difundir información falsa contra disidentes del gobierno chavista radicados en Miami. Esto corrobora que los críticos y opositores venezolanos constituyen un objetivo de las actividades de los servicios de inteligencia del Estado, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Un asunto que nuevamente pone en evidencia para el repudio de las democracias del mundo la forma en que este gobierno nos convierte a un grupo de venezolanos en enemigos de nuestro país.

5) Aquí no se trata de dar explicaciones a los gringos, sino a los venezolanos. Por ejemplo, las que debe dar el general de División Alexis López citado por la Cónsul, actual Rector de la Universidad Militar Bolivariana y supuesto recadero entre la funcionaria y Chávez en actividades que violan tratados suscritos por el Estado venezolano.

No se trata de ser chavista o yanqui. No me gusta ninguna. Se trata simplemente de ser venezolano.

rociosm@cantv.net

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Allí se estarán tranquilos, pues se trata de un recinto en el que cada vez que quiere dársele algo de distracción al aire libre a los mandatarios extranjeros que vienen a la capital, se les encierra allí. En efecto, son celebres los partidos de beisbol que el comandante Fidel ha realizado allí con el comandante Chávez, en un estadio especialmente construido a tal fin, conocido como “Chávez-estadium” con monumento al actual Presidente de Venezuela incluido.

Le advierto que a cualquiera de nosotros nos encantaría manifestar en los alrededores de Fuerte Tiuna en ocasión de vuestra visita, para llamar la atención de la autocracia que en esta tierra de gracia se vive, y hacerlo como lo hacen los indignados del mundo en el corazón de Nueva York, Madrid, Londres o cualquier ciudad del mundo. El problema es que si se nos ocurre ejercer el derecho a la protesta pacífica, consagrado en la Constitución, el pacto internacional de derechos civiles y políticos o el pacto interamericano de igual nombre, nos aplican el régimen penal previsto en la Ley de Seguridad de la Nación, que establece de 5 a 10 años de prisión, como ya se lo han aplicado a sindicalistas o estudiantes que manifiestan contra los abusos de este gobierno. Que quede claro, el problema no es con ustedes, aunque muchos de los 32 presidentes y jefes de Estado que nos visitarán tienen graves déficit de respeto a la democracia y los derechos humanos en sus países. El problema para los venezolanos es que al final de show, vuestra visita servirá para legitimar y consolidar esta autocracia.

Chávez se moverá tranquilo en las instalaciones de Fuerte Tiuna, de hecho dormirá estos días, en la que fue la casa histórica del ministro de la Defensa en la montana, rodeado hasta los dientes de seguridad y ocupado de verse lo mejor posible en sus circunstancias físicas.

No esperamos, los críticos, disidentes u opositores del actual Gobierno venezolano, solidaridades automáticas a la causa de la democracia y de respecto a los derechos humanos que día a día incansablemente exigimos a este gobierno. Es más, estamos conscientes que algún negocito vendrán muchos de ustedes en el fondo a realizar utilizando la plataforma de la cumbre del Celac.

Solo esperamos que estén atentos al ruido de las cacerolas que en protesta contra este gobierno se escucharan en toda Caracas este viernes 2 de diciembre a las 8 de la noche. Esta será nuestra protesta y el símbolo de indignación de este país con lo que está pasando en Venezuela.

rociosm@cantv.net

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Rodeado de los presidentes Evo Morales de Bolivia; Rafael Correa de Ecuador; y Ollanta Humala de Perú; Santos evidenció el cambio geopolítico que se consolida en la región andina a partir de la merma ostensible de la influencia de Chávez y el triunfo militar de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre las FARC. Correa y Humala esgrimieron la postura del respeto a los asuntos internos de cada país y expresaron sus votos por la paz de Colombia. Morales prefirió el silencio.

Un nuevo tablero de operaciones, cada vez más fuera de Colombia, está edificándose desde hace rato por parte de las FARC; concretamente en Centroamérica asociado a las bandas criminales y en el sur de Venezuela en los Estados Apure; Amazonas y Bolívar, buscando las jugosas ganancias que dejan los tráficos ilícitos de combustible, minerales, armas y como siempre las drogas. Atendiendo un mercado que no cesa en su demanda a pesar de la merma de las FARC en Colombia. Redefiniendo un entorno de negocios que básicamente se basa en las ventajas competitivas que ofrecen las fronteras del sur de Venezuela, sin autoridad alguna que controle lo que entre y salga del territorio nacional, tantas veces denunciada por cierto de formar parte esa autoridad del propio negocio del tránsito ilícito de bienes, personas y servicios que se da sobre el limite internacional de Venezuela.

La muerte de Alfonso Cano supone un punto de inflexión en el conflicto interno de Colombia, que debe alertar a quienes aspiren a dirigir Venezuela en la próxima década. Las FARC están llegando al fin del conflicto armado en Colombia, las delaciones internas y las derrotas a las que están siendo sometidas así los demuestran, desmembrándose en células asociadas al crimen organizado que buscan nuevos espacios vitales para su funcionamiento.

Chávez, de cara a una campaña electoral difícil en el 2011, y con severos problemas de salud, ha dejado de ser un operador político de la causa de las FARC. Está por verse si ese retiro estratégico y vital supone entonces la apertura franca del sur del territorio nacional para las actividades ilícitas del grupo guerrillero, con aquiescencia del Estado a manera de compensar. Esperemos que no, sin embargo, la extracción ilegal en ascenso de coltán y otros minerales en estas regiones del país mueven a la sospecha y el incremento del tráfico de combustible habla de una organización poderosa detrás de ello con larga experiencia.

Veremos cómo quedan las cifras del tránsito de cocaína por territorio venezolano al cierre del 2011.

Lastimosamente, nuestro país, según la ONU, está ocupando el primer lugar en el ranking de ese lamentable aspecto.

rociosm@cantv.net

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La relación de recompensas hacia la institución militar que ejercita Chávez, la realiza en primera persona sin intermediación de funcionario alguno.

Así ha sido desde el inicio de su gobierno. A tal fin, La función ministerial ha sido y continúa siendo nula. Todos los aumentos salariales a la FANB durante el gobierno de Chávez han sido anunciados directamente por el Presidente. Sin embargo, ha sido inexistente la concepción y puesta en marcha de una política de seguridad social hacia la FANB por parte de este gobierno. Incluso, dudo que esto haya pasado por la mente “gerencial” de Chávez. Y no puede ser de otro modo. La política de seguridad social para una Fuerza Armada Nacional para ser tal debe ser incluyente, eficaz, transparente, y progresiva. Y estos principios no existen en la prestación de servicios actual que la institución da a los militares. Existen castas en la institución militar que imposibilitan la igualdad entre sus miembros en el acceso a los derechos sociales y económicos. Siendo vulgares los privilegios de algunos. Seguros Horizontes apenas ofrece cobertura de hospitalización cirugía y maternidad a los miembros de la FAN, salvo que se opte por pagar una póliza complementaria. Miles de militares destinan una fuerte suma mensual propia para satisfacer un mínimo de garantías en la atención privada a la salud. De funcionar correctamente los hospitales militares esto no sería necesario.

La construcción de viviendas en guarnición ha sido mínima y en los casos en los que se ha dado, solo se asignan a los privilegiados manifiestamente revolucionarios. Incluso se han dado casos de escandalosas situaciones de militares que recibieron notariada la promesa del financiamiento para la adquisición de viviendas que nunca se cumplió. Finalmente, el IPSFA es inauditable, ha sido utilizado para financiar destinos no previstos en sus estatutos y la Ley, sin que se hayan adelantado investigaciones penales al respecto.

Sin duda, el desafío de bienestar social a la familia Fuerza Armada Nacional será uno de los ejes fundamentales a desarrollar por la alternativa de poder que surgirá en Venezuela a partir del 2012.

Ah. Por cierto, la promesa de aumento salarial aún no se ha hecho efectiva. Tardará un mes más en concretarse.

rociosm@cantv.net

La primera línea estratégica de fortalecimiento del poder militar prevista por el gobierno de Chavez para el año 2004, comprendía el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura física militar, el incremento de los contingentes, creación de nuevas unidades militares y la ejecución de un plan de reequipamiento que incluía tanto la adquisición de nuevos sistemas de armas como la recuperación de los existentes.

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En materia de equipamiento, dirigida a buscar fuentes alternativas para el suministro de material militar y desarrollar una industria bélica local en consonancia con el modelo de desarrollo endógeno.

Esto último inexistente a la fecha. Tampoco el incremento de los contingentes militares de tropa, habiendo pasado el personal militar de 163.364 a 117.400 personas, según datos de la Ley del Presupuesto de la Nación 2008 y 2010 respectivamente, que incluye a la llamada Milicia Nacional Bolivariana.

Por su parte, la capacitación del personal militar ha encontrado 2 obstáculos para su cabal desarrollo: de un lado, la depuración que del personal docente de las escuelas de formación militar se ha venido haciendo desde el año 2004 a la fecha, excluyendo de nómina al profesorado visto como “opositor”, lo cual ha significado una merma en la calidad de la formación del personal militar, suprimiéndose el pensamiento crítico.

El otro ha sido el deterioro en la operatividad de los sistemas de armas, producto de dos circunstancias: la ausencia de toma de decisiones clave en el quinquenio 2000 al 2005 relativas a nuevas inversiones y planes frente a la obsolescencia previsible de sistemas de armas, y las consecuencias de la resolución estadounidense que prohibió la venta y transferencia de armamento y tecnología militar a Venezuela a partir del 2006.

Ambas circunstancias con un impacto profundo, que no dudamos en catalogar como el de la “década perdida” en el sostenimiento de la operatividad de la FAN. Amén de los malos negocios planteados con los nuevos proveedores de armas, donde las fallas en el suministro logístico son escandalosas.

Carente de un plan oficial de infraestructura de mediano y largo plazo, la FAN no dispone de resultados concretos ostensibles en el área dirigido a mejorar la calidad de vida de su personal, mejorar las condiciones de las instalaciones dedicadas a la instrucción militar y modernizar las instalaciones que demandan los nuevos armamentos.

Sin duda la concepción y puesta en marcha de 3 líneas concretas de acción para una genuina política hacia la FAN deberán concentrarse en la operatividad, la profesionalización y el bienestar de la familia militar venezolana. Ese será otro de los signos que permita identificar la era post Chávez para Venezuela (Este artículo forma parte de un escrito más voluminoso elaborado por Rocío San Miguel para la revista Diálogo Político, Año XXVIII, Nº 1-Marzo, 2011 de la Konrad-Adenauer-Stiftung).

rociosm@cantv.net

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Esta situación ha generado en la primera década del siglo XXI, una disfuncionalidad en la concepción, planificación, toma de decisiones y ejecución de políticas públicas referidas a la seguridad y defensa nacional que comienzan a ser visibles en sus resultados y tendrán su impacto inexorable en la seguridad regional.

Para 1999, al momento de aprobarse por referéndum la nueva Constitución, se abría la esperanza de una direccionalidad asertiva para el Estado venezolano en torno a la seguridad nacional. No en vano era la primera vez en la historia constitucional del país que se incorporaba todo un título en la carta magna referido a la seguridad de la Nación que, entre otras cosas, señalaba el imperativo de legislar sobre aspectos inéditos y reformar las leyes vigentes para adecuarlas a los requerimientos que los constituyentes del fin de siglo XX habían dibujado para el país.

Lamentablemente, el balance a más de diez años de vigencia de la Constitución da cuenta de leyes pendientes por aprobarse, entre estas, la Ley de Movilización Nacional, la Ley de Participación Activa de la Fuerza Armada Nacional en el Desarrollo Nacional, la Ley de Clasificación y Desclasificación de Documentos, la Ley del Servicio Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, la Ley de Armas y Explosivos, la Ley de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional, la Ley de Disciplina Militar y la Ley Orgánica de Fronteras. Otras, como la Ley para el Desarme del año 2002, lamentablemente no han podido ejecutarse en uno solo de sus artículos por falta de voluntad política. Tampoco han resultado transformadoras en sus previsiones la Ley de Policía Nacional o la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que podrían haber impulsado eficazmente la seguridad nacional. El salto que supuso pasar del siglo XX al siglo XXI, antes que un desafío para convocar al concurso de los mejores en el diseño de país, ha sido utilizado por la dirigencia política por más de diez años en mantener una retórica ideológica polarizante, en muchos casos al margen del Estado de derecho como fórmula para mantener el poder, lo que impide concebir para Venezuela la caja de herramientas que le permita enfrentar un futuro seguro y próspero para los elementos constitutivos del Estado: su población, su territorio y su sistema jurídico político.

Sin duda la concepción y puesta en marcha de una política de Seguridad y Defensa Nacional eficaz, será el primer signo que permita identificar la era post Chávez para Venezuela (Este artículo forma parte de un escrito más voluminoso elaborado por Rocío San Miguel para la revista Diálogo Político, Año XXVIII, Nº 1, marzo, 2011, de la KonradAdenauer-Stiftung).

rociosm@cantv.net

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Ya llegó el canciller Nicolás Maduro a Suiza, con una muy nutrida delegación, acompañado de la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, y su estrategia de incidencia que busca invisibilizar el fondo del asunto: el debate centrado en la violación de DDHH en Venezuela, el examen al que será sometido el país, las preguntas muy duras que deberá responder el gobierno y el numero de recomendaciones que aceptará o despreciará del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La estrategia del gobierno frente al EPU debe ser desmontada por el bien del país, para que surja una agenda de seguimiento a las recomendaciones de la ONU que permitan superar en los próximos 4 años, de cara al segundo examen que será en el 2015, la grave situación de DDHH en Venezuela.

A esta hora el gobierno ya inicio el plan de 5 fases para invisibilizar el impacto del EPU sobre la gestión de Chávez: 1) Ablandamiento.2) Distracción. 3) Confrontación. 4) Desconocimiento. 5) Publicidad.

1) La primera fase espera instrumentarla con la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Simón Bolívar. Todos estamos orgullos del sistema de orquestas juveniles, pero esto no es un logro de este gobierno. ¡Que quede claro! Y una majestuosa presentación no invisibiliza la problemática que existe en Venezuela en materia de DDHH.

2) La distracción será ejecutada a través de países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, entre otros beneficiados de los recursos petroleros administrados por Chávez a discreción, quienes se encuentran anotados para copar el espacio de intervenciones en loas a la Revolución Bolivariana 3) Llegado el momento de las preguntas, que ya se saben difíciles para el gobierno venezolano, el formato de ataque al mensajero y no al mensaje hará su aparición. Los “otros” y el “pasado” serán los culpables. También el imperialismo y el capitalismo.

4) Al final operará el desconocimiento de la realidad con toda seguridad. Venezuela será obligada a aceptar el reconocimiento de recomendaciones en DDHH que emita la ONU y no habrá forma de hacerlas cumplir en el plano interno, salvo alguna que otra de menor impacto.

5) Como corolario: La publicidad hará como siempre su papel estelar. Mensajes aludiendo al supuesto éxito de la revolución y del Presidente Chávez en materia de DDHH frente a la ONU serán difundidos incesantemente por 10 días en el sistema nacional de medios públicos haciendo invisible la verdad.

Sin embargo, el resultado real, ese que no se divulgará en Venezolana de Televisión será: El descredito cada vez más sostenido y profundo de la Revolución Bolivariana. El desafío para los venezolanos de superar la grave situación de DDHH en el país. Y el compromiso ineludible para las ONG de DDHH independientes de continuar la labor, a pesar de la adversidad.

rociosm@cantv.net

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A Venezuela le toca su turno la próxima semana y ya están echadas la mayor parte de las cartas que condicionan el examen:

1.- El Estado venezolano ha presentado su informe, característico en excusas dirigidas a echar las culpas a otros, al señalar como obstáculos y limitaciones la desestabilización interna llevada a cabo por la oposición, incluyendo dentro de ella a élites empresariales y sindicales, todos los partidos de oposición y parte de la jerarquía de la Iglesia católica, así como la intervención de potencias extranjeras con posturas hegemónicas, colonialistas y neocolonialista.

2:- Y ya ha sido elaborado por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el resumen de todos los informes enviados por instituciones interesadas en el EPU Venezuela; en total unos 575 informes, destacando los recibidos de 276 consejos comunales, 14 de unidades de batalla, 45 de organizaciones no autónomas, los 91 que fueron enviados por parte de ONG de Bolivia y los 12 de Cuba, todos sin una letra que reconozca problemas de DDHH en nuestro país. El Gobierno ha demostrado una clara hipersensibilidad al escrutinio de la situación de DDHH en Venezuela.

El 7 de octubre próximo, gústele o no, deberá escuchar preguntas y recomendaciones y presentar su examen. ¿Dara una nueva patada a los DDHH e irrespetará en esta ocasión a la ONU? Todo está por verse, por lo pronto algunos países han develado ya las preguntas que harán ese día a Venezuela, como las de la República Checa: ¿Tiene el Gobierno algún plan para luchar contra el problema del abuso de poder por las fuerzas de seguridad? ¿Hay un plan de acción del Gobierno de Venezuela para mejorar la situación de los 17.600 asesinatos anuales que existen en todo el país? O algunas de las formuladas por Holanda, en las cuales plantea como particularmente preocupante que el Poder Judicial se haya proclamado en declaraciones públicas como el guardián de una ideología política. O las del Reino Unido, entre las que destaca: ¿Qué planes tiene Venezuela para invitar a la Unión Europea y a otras misiones de observación internacional para las próximas elecciones? Veremos qué responde el Gobierno…

rociosm@cantv.net