A principios de 2011, como parte de la gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno lanzó el proyecto de hacer una ciudad en los predios de Fuerte Tiuna; en ese sentido se anunció la creación de un desarrollo habitacional de 40 mil viviendas, que albergaría al menos a 140 mil de los afectados por las lluvias de 2010, así como de eventos naturales anteriores. La obra total se preveía estaría lista en octubre de 2012, justamente para el momento de las elecciones, aunque aún los venezolanos no conocíamos que en esa fecha se realizarían los comicios presidenciales, porque como podemos suponer el gobierno sí lo sabía. Este proyecto equivale a crear una pequeña ciudad dentro de la ciudad, lo que nos lleva a tener que darle respuesta al planteamiento de si dicho asentamiento contará con los servicios básicos y el equipamiento urbano que una comunidad de tales dimensiones requiere. Además plantea el tema de la construcción de viviendas en áreas militares, donde como sabemos la lógica y las ordenanzas indican que no se deben edificar inmuebles residenciales para civiles por cuestiones de seguridad, sobre todo en un gobierno al cual no pocas veces le han volado los arsenales militares, recuérdese Maracay, amén de que en caso de guerra la exposición sería mucho mayor.

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El Ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, el jueves 26 de abril, en un acto de entrega de viviendas en el estado Anzoátegui, precisó que “hasta el viernes 20 estaban construidas ya en toda Venezuela 41 mil 863 viviendas”. Esta cifra y otras por el estilo que han anunciado los jerarcas del gobierno: Ramírez, Farruco Sesto, Isis Ochoa, el propio Presidente, etc., son cantidades a todas luces infladas y manipuladas. El mismo día 26 en el estado Bolívar el gobernador Rangel, acompañado por el Ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, entregaba en todo ese estado 655 viviendas, aunque en el acto protocolar difundido por cadena radial, se asignaban apenas 40 viviendas en el barrio La Constituyente, ubicado en el sector Unare, de Puerto Ordaz. De la entrega de las demás viviendas bien poco o nada se sabía. Éstas fueron asignadas de forma aparentemente simultánea a los habitantes de los siguientes 11 municipios: Heres, Caroní, Piar, Bolivariano Angostura, Roscio, Padre Pedro Chien, Sucre, Cedeño, Gran Sabana, El Callao y Sifontes. Las preguntas pertinentes son: ¿por qué razón no se cubrió por los medios oficiales estas asignaciones, como sí se hizo con el acto de Unare? ¿Quién puede certificar que efectivamente estas viviendas se construyeron, que son reales, que se entregaron y que no hay un maquillaje de cifras?

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Henrique Capriles Radonsky tiene una bandera indiscutible que es la educación. Nadie duda de ello; sin embargo el Gobernador de Miranda exhibe logros apreciables en salud, vivienda, e incluso en seguridad, lo que significa que privilegia la agenda social. En materia de vivienda, concretamente, no ha podido abordar planes masivos de construcción de soluciones habitacionales porque le han expoliado los recursos financieros. Para 2012 el presupuesto nominal de la Gobernación de Miranda aún no igualaba la cifra que manejó Diosdado Cabello en 2008, último año de su gestión, lo que significa en términos reales que tres años después Henrique maneja menos de la mitad del dinero que administró su predecesor.

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La Venezuela que ha padecido estoicamente los embates de un régimen opresivo, ineficaz y mentiroso, debe ser reconstruida casa por casa, municipio por municipio e institución por institución. Es tal el deterioro del país que para volverlo a conducir por la senda del progreso hay que prácticamente reconstruirlo desde sus bases. Esta no será una tarea fácil, dado el daño institucional, legal y moral que sufre la República; sin embargo, nunca como ahora un contingente de hombres y mujeres ha contribuido en forma tan desinteresada, con su disposición, tiempo y conocimientos, a elaborar una visión de país tan completa y suficiente como la que representa los Lineamientos Programáticos de la MUD. De manera que si es cierto que el ejercicio de un nuevo gobierno democrático, será sumamente complejo, también es verdad que dispone, como en ninguna otra época, de una brújula y de un plan de vuelo, que definen un rumbo, unas vías y un destino. Además se dispone de grandes talentos humanos comprometidos a dar lo mejor de sí y a trabajar incansablemente, para sacar a la nación del foso y la postración en que se encuentra.

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Cuando el gobierno lanzó con bombos y platillos la Gran Misión Vivienda Venezuela, en abril de 2011, prometió construir 153.000 viviendas el año pasado y 200.000 este año. Entonces, sin género de duda, la promesa se refería a la construcción de nuevos urbanismos; es decir, soluciones habitacionales de reciente construcción, levantadas en parcelas urbanizadas con el equipamiento urbano y los servicios públicos básicos e indispensables, con acceso a medios de transporte y vialidad adecuada. La idea que el gobierno vendió al país fue la de la construcción masiva de grandes conjuntos residenciales, en terrenos cercanos a las ciudades, parcelados, dotados de agua potable, cloacas, drenajes, electricidad, gas, teléfono, calles, aceras, escuelas o liceos (según la densificación del área), canchas, plazas, parques, mini centro comercial, dispensario, puesto policial y centro comunal. Tal era el ofrecimiento del Presidente.

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En la lucha contra la pobreza dos experiencias, ambas generadas en el tercer mundo, destacan sobremanera por su efectividad para combatir el flagelo que condena a una porción significativa de la humanidad a vivir en condiciones deplorables: la propuesta del Grameen Bank en Bangladesh, dirigido por el Dr. Mohammed Yunnus, que consiste en el diseño de un mecanismo financiero de popularización del microcrédito destinado a financiar al sector más pobre de la sociedad, y la propuesta de Hernando de Soto, economista peruano, que propugna la titularización de la tierra sobre la cual está construida la vivienda de los pobres de las ciudades, con la finalidad de usar la propiedad como garantía para la obtención de un crédito del sistema bancario, de manera de mejorar la propia vivienda o realizar algún emprendimiento.

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El 18 de enero del año pasado, tres meses después del inicio de las vaguadas ocurridas en noviembre de 2010, el Presidente, mediante Ley habilitante, promulgó el Decreto Ley para los Refugios Dignos. Esta Ley buscaba atender la emergencia nacional de más de 130 mil personas que perdieron sus hogares y enseres a consecuencia de las fuertes lluvias que azotaron al país durante los dos últimos meses de 2010. Las tragedias de Vargas en 1999 y en otras zonas del país, en 2005, dejaron una serie de lecciones muy importantes, una de las cuales estaba referida a la necesidad de construir muchos centros de refugios considerando el mapa de vulnerabilidad del país; sin embargo, en los siguientes 12 años de gobierno nada se había hecho al respecto, más que construir 4 albergues en toda Venezuela, todos ellos con un diseño muy pobre y sin reunir las condiciones adecuadas que requiere un refugio para ser usado masivamente en caso de catástrofe.

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Las invasiones de terrenos e inmuebles acaecidas la semana pasada en los estados Miranda, Zulia y Lara, no obedecen a causas fortuitas, ni tampoco responden a las ocupaciones que se suceden en las épocas comiciales, cuando grupos organizados presionan para obtener una solución habitacional a su problema de carencia de vivienda, aprovechando la coyuntura. Tampoco, en mi criterio, se deben a los enfrentamientos entre facciones del PSUV, como indican varios analistas políticos. Visto que en los predios de ese partido, como en el ámbito gubernamental, no se mueve una paja sin que lo ordene el caudillo, es claro que las invasiones fueron una estrategia ordenada desde la más alta esfera del poder para patentizar que: “sin mí, vendrá el caos”, además de forzar la polarización de ricos contra pobres. Sin embargo, tales propósitos no cumplieron su objetivo; antes por el contrario, sirvieron para evidenciar de una manera diáfana que estamos en presencia de una nueva realidad política y social en el país. Que estamos en el vértice de una época de cambios asumida valientemente por una sociedad que quiere pasar la página de la historia.

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La necesidad de enfocar el discurso político del candidato unitario de la opción democrática venezolana en los aspectos fundamentales de la agenda social, no admite dilaciones. Un mensaje concreto que atienda las necesidades de salud, educación, vivienda (con marcado énfasis en los barrios) y seguridad, que son los problemas fundamentales de la gente, no puede soslayarse, ni expresarse en forma indirecta. El contenido de lo que se exprese debe diagnosticar los problemas, pero sobre todo proponer soluciones realistas, que se puedan comenzar a implementar apenas se inicie la gestión del nuevo gobierno. Pero la agenda social no se agota en esos cuatro grandes temas, los servicios públicos de agua, electricidad, gas, cloacas, drenajes, transporte y vialidad, son cruciales en la determinación de la calidad de vida del venezolano, por lo que su consideración es muy importante.

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Por diversas razones el tema de la vivienda, pero sobre todo el que atañe a los barrios, no fue abordado con la intensidad debida en la recientemente concluida campaña electoral de las primarias.

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