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En 20 años mucho se ha escrito sobre la llamada asonada de los “comacates”, un tema que aún da margen para todo tipo de interpretaciones y análisis de diversa naturaleza. Si la atención del historiador se limitase al juicio sobre esta descabellada acción, resultaría claro que se trató de una típica intentona conspirativa. Pero el 4-F fue mucho más que eso. Sin que Chávez y sus compañeros se lo propusieran, la operación disparó una señal sobre la fatiga de un modelo político y dio luz verde a diversos eventos (golpe del 27 de noviembre, defenestración de Carlos Andrés Pérez y victoria de Rafael Caldera) que habrían de pavimentar el camino hacia el poder del jefe golpista, y desde allí iniciar un cambio político que después de 13 años confirma su orientación antidemocrática.

Manuel Malaver, periodista, analista político de reconocida lucidez y testigo privilegiado de la escena política venezolana, ofrece ahora a los lectores Golpistas sin gloria (A veinte años del 4 de febrero de 1992), con el sello de Los Libros de El Nacional. Un valioso y útil ensayo de exploración sociológica sobre los antecedentes, la asonada, las dramáticas consecuencias de ella, y el desplome en cámara lenta de una clase dirigente desprevenida, seducida por la fortuna petrolera y víctima del espejismo de la “videocracia”.

Sin renunciar a la crónica y el registro anecdótico, Malaver insiste en las razones por las cuales los partidos y sus líderes históricos, las élites económicas y sociales, los medios de comunicación y los círculos intelectuales más influyentes no advirtieron que con ello cavaban la fosa del sistema democrático y creaban las condiciones para la emergencia de una curiosa forma de anacronismo caudillista, a contrapelo de la modernidad del siglo XXI.

En el esclarecedor texto de Malaver se encuentran también las claves para aproximarse al fenómeno del “chavismo”: sus orígenes, su verdadera naturaleza, su vigencia y su inviabilidad en el complejo contexto histórico de la época. Como si fuera poco, Golpistas sin gloria da cuenta de hechos y diversas situaciones registradas en las últimas dos décadas, lo cual permite al autor demostrar que en 20 años generalmente ocurren muchas más cosas que las que suele repetir el viejo tango de Gardel.

@manuelfsierra

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En una interpretación laxa podría decirse que el proyecto perezjimenista cristaliza el 18 de octubre de 1945 con el derrocamiento de Medina Angarita. Por supuesto, la acción militar fue compartida por la alta dirigencia de AD, y Rómulo Betancourt resultó el beneficiario final de los esfuerzos que desde años anteriores venían realizando un grupo de jóvenes oficiales que se planteaban la modernización de la institución castrense.

Entre la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Betancourt y el grupo militar de Pérez Jiménez se estableció un forcejeo de tres años en los cuales se dio un salto significativo para la democracia con la aprobación de la Constitución de 1947, que consagró el voto directo, universal y secreto para las mujeres, los analfabetas y los mayores de 18 años.

Ello, además de las reformas sociales y económicas que se impulsaron durante ese lapso. El 24 de noviembre de 1948 se produce el deslinde entre civiles y militares, y el grupo de Pérez Jiménez pasa a tener el pleno control del Gobierno, aunque condicionado por las circunstancias para abrir un paréntesis que se conoció como la “dictablanda”. Una segunda interpretación hablaría de los diez años del perezjimenismo.

Pero, en verdad, es el 2 de diciembre de 1952 cuando una vez desconocida la victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones para una Asamblea Constituyente comienza la última fase del proyecto militarista, pero ya caracterizado por una dictadura abierta, brutal y negadora de las libertades y los derechos humanos.

Si se toma el último tramo como referencia habría que establecer que ciertamente la dictadura perezjimenista precariamente logra alcanzar un quinquenio.

La estabilidad del régimen se fundamentará en la consolidación de una estructura militar moderna, en sintonía con los grandes cambios que se producen en el marco de la posguerra. Si bien ella le permitió a Pérez Jiménez mantenerse en el poder con desprecio de los derechos ciudadanos, en su seno cobró fuerza el concepto de una institución al servicio de la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

Ese factor habría de ser decisivo para que, inicialmente, un sector de jóvenes oficiales y, posteriormente, el Alto Mando Militar coincidieran en que había llegado el momento de poner término a un régimen que excluía a la mayoría de los venezolanos. El país marginado, las fuerzas políticas perseguidas y los espacios de la participación ciudadana obstruida contribuyeron en sólo 23 días a configurar la alianza que obligó al dictador a abandonar el país al filo de la medianoche.

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Será, ciertamente, un primer paso. El candidato que resulte victorioso tendrá que emprender la fase más difícil de la campaña, que consiste en entusiasmar e incorporar a la sociedad democrática toda, incluidos sectores del chavismo con tendencia a la fatiga. Si bien la MUD es la expresión organizada más importante de la disidencia democrática, el campo opositor es mucho más vasto y diverso. Enfrentar a Chávez (quien más que un candidato es el jefe carismático de un proceso histórico) requiere de suficiente capacidad para armar consensos y apoyos consistentes; además de construir una oferta realista, creíble y en sintonía con las coyuntura política, más allá de las promesas que suelen adornar las campañas electorales.

Tan importante como los atributos del candidato será el contenido de su mensaje básico. Para el elector promedio resulta claro que el 7 de octubre no se trata solamente de elegir un candidato de acuerdo con las normas de la alternancia constitucional. En este caso se trata de un episodio clave en la confrontación entre el modelo autocrático del chavismo y la propuesta democrática. Ese hecho determina que una victoria opositora deberá ser amplia y contundente, por cuanto ella abrirá un espacio para la transición y un periodo de recomposición nacional.

La transición no es un capricho ni la invención oportunista de candidatos, sino una realidad ineludible que suele decretarse en los procesos históricos, y ante la cual no caben las evasiones. Ello obliga a la fijación de un programa mínimo para el abordaje de ese transito que abriría camino a los programas electorales de largo alcance.

Sin definir ese tramo de emergencia, toda oferta que se haga, aunque luzca impecable en el lenguaje y el papel, estará divorciada de la realidad, con las consecuencias que finalmente ellas suponen.

El chavismo, por su parte, apostará por la victoria el 7 de octubre como la oportunidad para relegitimar mediante el voto (como ocurrió en 2008) su modelo de naturaleza totalitaria. Ahora encontrará una resistencia mucho más fuerte y extendida de todos los sectores sociales, y su dirigencia deberá superar también la grave interrogante que supone el cuadro de salud de Hugo Chávez.

@manuelfsierra

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La indignación colectiva habría de extenderse a Yemen, Bahréin, Libia (con un sangriento conflicto de alcance internacional que terminó con la muerte de Muamar Gadafi y su dictadura de 42 años).

Ahora convoca la repulsa internacional la represión que contra los opositores ejerce el gobernante de Siria, Bashar al Assad, beneficiario de una larga dictadura dinástica.

Todos estos regímenes se prolongaron durante años manteniendo fachadas seudodemocráticas, pero en verdad apuntalados por consecutivas estafas electorales, y beneficiados por la permisividad de los países europeos y Estados Unidos, que los concebían como muro de contención del radicalismo islámico y escenarios propicios para negocios y ventajosas inversiones.

Los resultados de las recientes elecciones parlamentarias rusas, que otorgaron de nuevo la mayoría absoluta al partido Rusia Unida de Vladimir Putin, encaminado ya a una nueva reelección presidencial, ha generado un masivo rechazo popular y de figuras de la talla de Mijaíl Gorbachov, que coinciden en denunciar la existencia en los comicios de manejos fraudulentos.

Era obvio que el rechazo al “cheque en blanco” de las reelecciones habría de conducir también a la impugnación de los mecanismos eleccionarios que las facilitaban. Ben Ali, Hosni Mubarak y la mayoría de los gobernantes en apuros, convirtieron el voto en un medio para relegitimar sus dictaduras y pervertir el sufragio como fuente de renovación y cambio. Si bien es cierto que no es previsible que en Rusia se repita la experiencia que se vive en varios países árabes, no cabe duda de que el gobierno de Medvédev-Putin y Putin-Medvédev cargará ahora con el pesado señalamiento de la deslegitimidad.

En América Latina, el fenómeno también tiene antecedentes. Fujimori en Perú configuró su modelo sobre la base de pervertir el mecanismo electoral, al igual que Daniel Ortega en Nicaragua, y en buena medida Hugo Chávez en Venezuela. No se trata como en el pasado del asalto a las mesas y la adulteración compulsiva de los votos, sino de la articulación de un conjunto de mecanismos y de dispositivos que finalmente falsifican la voluntad popular y que sirven para consolidar los proyectos autocráticos y totalitarios.

Los efectos de la Primavera Árabe que apuntan a una reprogramación de la geopolítica mundial está claro que no se detendrán en las arenas del Medio Oriente.

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Permitió también dejar en claro dos enfoques sobre la coyuntura que se avecina. Hasta ahora el debate en la oposición se venía desarrollando en la línea de la clásica alternancia constitucional.

Se trataría de un torneo más para la escogencia de un abanderado, quien después de una campaña con arreglo a los requerimientos de imagen y medición de opinión pública optaría por el relevo presidencial. Ese es el camino tradicional que hemos conocido, pero ahora en el caso venezolano se dan condiciones distintas.

Además de elegir un nuevo presidente, los comicios de octubre marcarán un punto de inflexión (podría decirse decisivo) en la confrontación que desde hace doce años se vive entre los valores democráticos y el proyecto chavista, que es la negación de estos y que además ha reconvertido decisivamente la economía y ocupa los espacios sociales.

Cuando se plantea que los candidatos y los partidos asuman la responsabilidad ineludible de una transición política (en caso de la victoria) éste se considera un tema remitido al futuro. Es decir, habría que ganar las elecciones y luego, con simples medidas administrativas, encarar el regreso a la democracia. No falta tampoco el argumento según el cual plantear un programa mínimo de gobernabilidad (como se ha hecho en todas las situaciones parecidas en el mundo entero) podría añadir un factor de distorsión en campañas publicitarias ajustadas dogmáticamente al concepto festivo de la política de Disney World.

Diego Arria, el aspirante con mayor edad y experiencia, dio en el blanco con señalamientos que lo distancian de la cartilla electoral pero lo acercan a un sólido y creciente clima de opinión nacional. De allí que su intervención haya provocado un impensado efecto en el curso de la campaña.

Es posible o no que ello se refleje en las preferencias de su candidatura, pero el hecho cierto es que sus planteamientos enriquecen el debate y estimulan la reflexión en el electorado. ¿Significa ello sugerir una política distinta de la hasta ahora mantenida por la MUD? De ninguna manera. Arria más bien ha puesto en claro una reflexión estratégica indispensable, más allá de la tarea táctica y rutinaria de capturar los votos.

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El candidato que surja de la consulta de febrero apostará por la victoria en las elecciones presidenciales de octubre pero, además, tendrá el mandato de comenzar una etapa de recomposición nacional, después de la costosa experiencia de 12 años del régimen chavista. Acción Democrática aclaró la incógnita electoral con su apoyo a Pablo Pérez. Antonio Ledezma, luego de una intensa precampaña, optó por renunciar, en aras del fortalecimiento de la unidad. Ya antes Oswaldo Álvarez Paz y César Pérez Vivas habían trazado el camino que posteriormente asumió Eduardo Fernández, con lo cual Copei, al igual que AD, se quedan sin postulación propia. Proyecto Venezuela respaldó la candidatura de Leopoldo López, una vez que éste considera desbloqueado su proyecto tras las recientes decisiones del TSJ y el CNE, que le garantizan el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

Los candidatos independientes María Corina Machado y Diego Arria (Cecilia Sosa se retiró a última hora y Pablo Medina cuestiona la modalidad de inscripción) son apuntalados por diversos factores de la sociedad civil en el entendido de que las primarias constituyen un escenario para que interactúen los partidos políticos, pero también las organizaciones y grupos nacidos a lo largo de las luchas democráticas de los últimos años. Todo ello conjurando hasta ahora el riesgo de enfrentamientos o divisiones, y asegurando de esta manera la selección de un candidato producto de una consulta plural.

Después de la decantación de las opciones en la calle, podría hablarse de una polarización, como la que suele darse en los torneos hípicos sólo cuando los ejemplares acometen la recta final. Sin embargo, comenzará la confrontación de fondo con el chavismo.

La victoria en las primarias es importante, pero ella tendría que ser complementada con un discurso capaz de atraer a la mayoría de los electores y que se corresponda con los difíciles retos impuestos por la realidad: restablecimiento de la democracia, activación de la economía y reafirmación de la soberanía. Un desafío de esta naturaleza sólo puede ser encarado mediante un sólido consenso nacional y para ello no son suficientes los votos de las primarias. Faltaría mucho más para asegurar la victoria y para blindar una gobernabilidad que estará sometida a todo tipo de amenazas.

@manuelfsierra

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Como redactor del histórico Diario de Caracas , fundado por Diego Arria en 1979, me tocó conversar casi diariamente con un Pérez que atravesaba el desierto de la desventura política. Eran los días del caso Sierra Nevada, un hecho de corrupción procesado por los canales correspondientes que fue utilizado como pretexto para estigmatizar a quien ya despuntaba como seguro aspirante a la reelección.

En su oficina de la torre Las Delicias, Pérez conocía el infortunio casi consustancial a los luchadores democráticos. Insistía en lo peligroso de la siembra de odio en nuestros países, ya flagelados por las guerras fratricidas.

Recordaba que a propósito de los juicios de responsabilidad civil iniciados en 1945 contra funcionarios de los gobiernos anteriores, siendo él secretario de Betancourt, éste recibió una carta del ex presidente colombiano Eduardo Santos, quien lo felicitaba por el triunfo de la democracia pero le advertía sobre el gravísimo error del pase de facturas.

Pérez soportó cinco años más una inteligente acción del gobierno de Jaime Lusinchi para impedir su nueva postulación. Finalmente, sorteó las dificultades en su partido y consolidó una vigorosa influencia en sectores independientes y núcleos emergentes, que obligaron a la poderosa “maquinaría adeca” a digerir su fórmula presidencial.

Un día de 1993, después de sacudones y golpes de Estado y en víspera de su defenestración constitucional, y siendo yo presidente de Venezolana de Televisión, me citó en Miraflores. Quería conocer la verdad sobre la situación financiera y técnica de la planta.

Le hice entrega de un extenso informe y prometió que le daría curso. De repente, llamó a uno de sus más cercanos ministros, quien tenía observaciones sobre mi gestión. El funcionario dijo que sólo le preocupaba que se siguieran transmitiendo los programas de Arturo Uslar Pietri, quien mantenía una activa campaña por la renuncia del Presidente.

Pérez se levantó y exclamó: “Sierra, siga pasando los programas del doctor Uslar, porque como intelectual tiene todo el derecho de aparecer en el canal del Estado”. A los días, Pérez abandonaba el poder. En su último mensaje escribió: “Supuse que la política venezolana se había civilizado. Me equivoqué”.

@manuelfsierra

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Pese a la resistencia de quienes tienen una visión mercadotécnica de la política, ya existe una clara comprensión de que es indispensable presentar al electorado un menú de condiciones para el restablecimiento de la democracia. El tema se discute en el seno de la MUD y ayer se anunció la constitución de “Venezuela en transición por un voto consciente”, comité promovido por calificados dirigentes.

Sin este paso previo los programas electorales de los candidatos tendrían escaso sentido. Incluso, crece el convencimiento de que en el caso venezolano el tránsito será difícil, y no exento de riesgos y tensiones.

De esta manera se contemplaría sólo el escenario de la victoria opositora, mientras que algunos comentaristas señalan que convendría analizar también el cuadro de una reelección del chavismo. Ya no se trataría de una transición sino de la continuidad de las líneas estratégicas de un proceso, por lo que sería más pertinente preguntarse si existe espacio para una mayor radicalización de éste y cuál sería el comportamiento de los sectores democráticos.

El chavismo seguramente acentuaría su retórica revolucionaria, pero en un terreno cada vez más desfavorable para ello. Ya queda muy poco de la economía nacional en manos directas o indirectas del sector privado; el control hegemónico de los poderes públicos podría ser incómodo, incluso para la aplicación de las políticas del régimen, y la inviabilidad de la propuesta del socialismo del siglo XXI será cada vez más evidente por su costo en el agravamiento de los problemas sociales.

Los indudables avances obtenidos por la política exterior del chavismo encontrarán enormes obstáculos. En Cuba, la apertura económica tenderá a acentuarse, aunque ella no tenga una exacta correspondencia con la apertura política. En todo caso, por este camino surgirán fisuras en la estrecha relación entre Caracas y La Habana, que se ha convertido en un intercambio para satisfacer necesidades mutuas.

El mensaje chavista que años atrás tuvo resonancia continental perderá fuerza ante propuestas igualmente atractivas para amplios sectores, pero ahora comprometidas con la democracia como ocurre en El Salvador de Funes y más recientemente en el Perú de Humala.

Más allá de sus resultados en lo inmediato, es evidente que las “revoluciones árabes” dejarán como testimonio el rechazo al totalitarismo y al reeleccionismo, y abrirán válvulas para el avance de las ideas democráticas y renovadoras. En esas circunstancias el chavismo, se verá obligado a una flexibilización por supuesto, en relación directa con la capacidad de la sociedad democrática para activar la movilización social.

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Pero tratándose de Chávez es lógico que la expectativa creada por su tratamiento de cáncer despierte un interés fuera de lo común. Chávez más que un gobernante, es el líder único de un proceso de transición desde hace doce años. Su victoria electoral en 1998 (y que facilitó el camino hacia el modelo castro-chavista) además de satisfacer una necesidad de cambio, obedeció a la valoración de sus fortalezas como candidato.

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Todas las etapas del régimen desde la Constituyente de 1999, las leyes habilitantes que desataron la confrontación de calle hasta el revocatorio de 2004, así como las fases siguientes, han descansado en su capacidad para entusiasmar a un significativo segmento de los estratos populares. Todas las revoluciones, pretendidas o reales, suelen tener una figura emblemática, pero en verdad son obra de una dirigencia colectiva. De tal manera, que una eventual falta del jefe no importa el motivo, suele ser cubierta por otros líderes.

Chávez por su carisma, más que por sus ideas, resultaría imprescindible para rematar su propuesta. Ello explica porqué la evolución de su cuadro de salud podría complicar seriamente el futuro de su revolución. Como lo ha dicho reiteradamente, la consolidación de esta pasaría por su reelección en la consulta electoral del 2012. Seis años más de mandato serían decisivos en este sentido. ¿Un Chávez con la salud resentida o bajo estrictos cuidados médicos estaría en condiciones de seguir transmitiendo la imagen del líder hiperkinético, enérgico y capaz de afrontar las adversidades? Nadie discute la conveniencia de que Chávez, aún convaleciente, culmine su mandato.

Las dudas surgen incluso entre sus partidarios si de esta manera estaría en condiciones de asumir el desafío de la reelección con menos facultades. El Chávez retador y polémico de estos tiempos (pese a la tendencia al derrumbe de su gestión) tendría sin duda una opción de victoria. ¿Pero es posible que sus ventajas como candidato puedan ser endosadas a un aspirante aún desconocido y obligado a construir la talla de un candidato ganador? La interrogante pesa mucho en el mundo del chavismo donde cohabitan tendencias y visiones distintas, y tendría también que ver con la estrategia opositora.

La unidad vía las primarias y el candidato único que promueve la MUD se ha dado casi como un requisito para derrotar a Chávez e impedir su plan reeleccionista. ¿Existiría igual presión en el campo democrático frente a un aspirante distinto? De allí que el cuadro clínico de Chávez tendrá, quiérase o no, implicación en los resultados electorales del próximo año.

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Luego, con la modificación del Código Penal se recurrió a la justicia ordinaria para criminalizar la crítica. Numerosos periodistas han sido llevados a juicios por delitos comunes, cuando en verdad se trataba de penalizar su posición política.

La aprobación de la “Ley Mordaza” y sus reglamentaciones la han convertido en un instrumento para neutralizar los medios radioeléctricos. Las frecuentes sanciones contra Globovisión, el cierre de RCTV, la salida del aire de 34 emisoras y 2 televisoras, la reprogramación de frecuencias y un injustificado suspenso para la renovación de concesiones son, entre otros, recursos dirigidos a generar miedo en empresas de radio y televisión. Mientras tanto, cada día se fortalece la estructura mediática oficialista. Por ese camino se consolida la “hegemonía comunicacional” que, de acuerdo con la lógica totalitaria, es utilizada en función de un mensaje propagandístico e ideologizante.

Ahora la situación planteada con Sexto Poder va más allá, porque se trata de la prensa escrita que opera sin vinculación alguna con el Estado. Las damas que componen el Poder Moral y que se consideraron lesionadas por una publicación del semanario tienen todo derecho a recurrir a las instancias correspondientes. El mismo derecho que asiste a los familiares de María Teresa Castillo para actuar contra la podredumbre televisiva acumulada en el canal estatal.

Pero en este caso se han violado los más elementales pasos del debido proceso. García y Girón fueron buscados por la policía sin que ellos se hubieran enterado del juicio en su contra. Es más, en una medida insólita un juez ordena el cese de la circulación del periódico; es decir, se ejerce de manera brutal la censura previa por decisión de un tribunal. Acaso, ¿se ha determinado la culpabilidad de los indiciados? De resultar ellos culpables, ¿podría extenderse la sanción contra un producto de naturaleza comercial? Si la liquidación de la libertad de expresión se venía dando mediante métodos seudo-legales y presiones sutiles, ahora parece que ha llegado el momento de la confrontación directa y brutal contra editores y periodistas. De esta manera, la defensa de la libertad de expresión es un deber inexcusable de la sociedad democrática.

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