Primero, el régimen escoge una o varias figuras de la oposición y las convierte en blanco de su operación. Segundo, se realiza una campaña sostenida de calumnias para criminalizar a esa persona. Tercero, funcionarios del Estado cometen algún delito y luego se lo achacan a la víctima. Cuarto, se le ofrece dinero a un “testigo estrella” para que rinda falso testimonio en contra la víctima. Y quinto, el régimen hace uso de policías, fiscales y jueces corruptos para enjuiciar y condenar a su víctima.

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Ya antes he explicado cómo funciona la campaña de calumnias para destruir a un adversario (1); pero un escándalo suscitado en Bolivia arroja luces sobre el tema de los falsos testigos.

El pasado 13 de enero, se difundió un video que muestra a un funcionario boliviano entregando 31.500 dólares a Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo” (2). El falso testimonio de Villa fue usado durante casi dos años para perseguir y encarcelar a decenas de dirigentes opositores a Evo Morales, por estar supuestamente involucrados en un “intento de magnicidio” y en un “complot terrorista internacional”.

Villa también implicó en el supuesto complot al delegado de UnoAmérica en Argentina, Jorge Mones Ruíz. Sus declaraciones fraudulentas fueron utilizadas por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Cuba y Venezuela, para difamar y criminalizar a UnoAmérica.

Pero Ignacio Villa Vargas es apenas uno de muchos testigos comprados para condenar gente inocente. Recientemente, Alexis Peñuela, testigo clave en el sonado caso del asesinato de Danilo Anderson, declaró que el ex Fiscal General de Venezuela, Isaías Rodríguez, le ofreció 500 millones de bolívares para declarar en contra de los hermanos Rolando y Otoniel Guevara, quienes hoy sufren injustamente una condena de 27 años.

Giovanny Vásquez, otro testigo estrella del caso Anderson, confesó públicamente que había rendido falso testimonio durante el juicio. Pero la aclaratoria llegó muy tarde, porque su testimonio sirvió para encarcelar a varios venezolanos inocentes, entre ellos a Nelson Mezerhane, accionista de Globovisión; y para forzar al exilio a la periodista Patricia Poleo.

Testigos similares fueron utilizados para condenar a la mayoría de los prisioneros políticos venezolanos, como al General Felipe Rodríguez, y a los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas.

En Colombia, las FARC (las cuales son integrantes no oficiales del ALBA) recurren a falsos testigos para incriminar a héroes militares. Este método se conoce con el nombre de “falso positivo”.

El problema con este tipo de testigos es que -por ser delincuentes de poca monta- no son confiables. Por eso los regímenes del ALBA decidieron quitarse la careta y proceder de manera más descarada.

Para condenar al diputado José Sánchez Mazuco, el régimen venezolano recurrió a un testigo encapuchado; así que no hay forma de saber cuál es su verdadera identidad, ni de cuestionar su testimonio.

Mi propio encarcelamiento está fundamentado en el testimonio de un ladrón de carros salvadoreño, Francisco Chávez Abarca. Sus declaraciones, en las que me implica en un supuesto complot, ni siquiera aparecen en el expediente; lo único que aparece es un informe policial sobre lo que presuntamente dijo el salvadoreño.

Si mis abogados quisieran confrontarlo, para desmentir su testimonio, simplemente no podrían; porque Chávez Abarca fue “convenientemente” enviado a Cuba, luego de incriminarme.

El método que usan los regímenes del ALBA para condenar víctimas inocentes es muy eficiente, pero a la larga se derrumba, porque está plagado de inconsistencias. Por eso, quisiera darles ánimo a mis compañeros prisioneros políticos de América, porque pronto se abrirán las rejas de los que se encuentran injustamente encarcelados.

(1) Ver artículo “La calumnia como estrategia de criminalización”, disponible en http://fuerzasolidaria.org/?p=3935

(2) Video del soborno disponible en http://www.youtube.com/watch?v=kqegVDce77E

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El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera quisieron descalificar las protestas, vinculándolas a los gobiernos del pasado, al golpismo y a la oligarquía; pero la gente hizo caso omiso a los insultos, y siguió protestando pacíficamente hasta lograr su objetivo.

Este ejemplo debe servir de inspiración al pueblo venezolano, porque a partir del 17 de diciembre pasado se aprobaron un paquete de leyes inaceptables, entre ellas la Ley Habilitante, que constituye un golpe de Estado, porque en la práctica disuelve la nueva Asamblea.

En respuesta, el pueblo venezolano debe salir a la calle como lo hicieron los bolivianos, de manera pacífica, generalizada, simultánea y sostenida, hasta lograr que Chávez deje sin efecto dichas leyes.

Muchos venezolanos se preguntan cómo aplicar el Artículo 350 de la Constitución; quieren saber cómo ejercer el derecho a la desobediencia civil; pues bien, nuestros hermanos bolivianos nos han dado un ejemplo claro, vigente y actualizado de cómo hacerlo.

El gobierno tratará de descalificar a quienes impulsen esta propuesta, diciendo que son “golpistas, derechistas, fascistas y agentes de la CIA”; pero hay que hacer caso omiso de esos insultos, aferrarse a la Constitución, y defender nuestros derechos pacíficamente, pero con determinación y firmeza.

Protestar tiene sus riesgos, como todos sabemos; pero hay que vencer el miedo. No hay cosa peor que vivir acobardados y humillados por miedo a un tirano que cada día destruye más a nuestra patria.

Alejandro Peña Esclusa es prisionero político

Para acceder al libro 350 hacer click aquí:
http://bit.ly/cwBwHZ

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En una sesión del Senado, la Canciller de España, Trinidad Jiménez, se atrevió a decir que en Venezuela no existen presos políticos. En respuesta, absolutamente todos los sectores de nuestra oposición expresaron su enorme desagrado, a través de declaraciones, comunicados, artículos e, incluso, por medio de una protesta frente a la Embajada de España en Caracas.

La respuesta tan airada de la oposición se debió básicamente a dos motivos:

Primero, porque Trinidad Jiménez mintió; y, al hacerlo, ofendió profundamente a amplios sectores del país, que identifican a sus presos políticos como la vanguardia de la lucha contra el totalitarismo.

Y segundo, porque al negar la existencia de los presos políticos, Trinidad Jiménez también negó -indirectamente- la existencia de exiliados, perseguidos, confiscados, maltratados y humillados por el régimen de Hugo Chávez.

Pero Trinidad Jiménez desató un fenómeno aún más importante, un sentimiento que no se percibía desde hace mucho tiempo. Con sus declaraciones, ella logró despertar la indignación generalizada del pueblo venezolano.

Como seres creados a la imagen y semejanza de Dios, existe dentro de cada uno de nosotros una resistencia intrínseca -podría decirse que sobrenatural- a ser maltratados, pisoteados o humillados.

Cuando desde lo más profundo del alma, surge este sentimiento, no se hacen cálculos, no se buscan beneficios, no se miden consecuencias; sino que se exige, con una fuerza inusitada, que se nos respete la dignidad humana.

Cuando se desata la indignación, el miedo desaparece y la mirada se transforma. Es entonces cuando los pequeños vencen a los grandes, los débiles desafían a los poderosos, y los dictadores comienzan a temblar.

Ciertamente, es muy importante lograr consensos entre los partidos políticos y lanzar candidatos unitarios, pero esos son movimientos tácticos útiles y necesarios, con los cuales no se derrota a regímenes totalitarios.

Los dictadores caen cuando los líderes opositores -con su discurso y con su testimonio- despiertan en la población sentimientos sublimes de amor por la Patria, cuando enaltecen la dignidad humana, cuando canalizan constructivamente el sentimiento colectivo de indignación, y, en fin, cuando infunden el valor necesario para enfrentar al tirano.

Eso es justamente lo que debemos aprender de la respuesta a Trinidad Jiménez.

Aprovecho la oportunidad para comentar que pronto se cumplen cuatro meses de mi injusto encarcelamiento y quisiera reiterar a mis compatriotas el enorme orgullo que siento por vivir con dignidad mi cautiverio, por compartir con hombres tan valiosos esta trinchera de la libertad, y por poder demostrar, con hechos concretos, lo mucho que amo a mi Patria.

¡No desmayen queridos compatrotias! ¡Sigan luchando con valentía! ¡Tengan confianza! ¡La libertad se acerca! ¡Nuestro futuro será espléndido!

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Basado en esta certeza, Chávez pretende aprovechar los próximos 25 meses para destruir los pocos espacios democráticos que quedan y para acabar con la economía privada; con lo cual asfixiará las capacidades de la oposición. Es decir, cree tener una “patente de corso” para hacer lo que le venga en gana durante dos largos años.

En apenas un mes, Chávez dio dos golpes a la Constitución, al no liberar a los diputados Pilieri y Mazuco, y al querer nombrar magistrados de forma extemporánea; confiscó dos grandes empresas, Agroisleña y Owen Illinos; firmó acuerdos nucleares con Rusia e incorporó Siria al ALBA; regaló más recursos del erario público a los países que visitó; estallaron los escándalos de la ETA, Makled y Rafael Ramos; por mencionar unos cuantos hechos.

De aquí al 2012, Chávez ocasionará daños tan graves al país, que esperar hasta las elecciones presidenciales no es una estrategia razonable, ni suficiente. Hace falta tomar medidas adicionales para proteger la Constitución y defender los derechos de todos los venezolanos.

Por eso, urge construir un movimiento que organice y coordine protestas en todo el territorio nacional. Sólo la protesta pacífica, generalizada y simultánea, tendrá la capacidad para hacer retroceder al Régimen, a fin de obligarlo a respetar la Constitución.

Este movimiento debe aglutinar a todos los sectores democráticos de Venezuela, subordinar sus actuaciones a la Constitución, y basarse en un decálogo de principios sencillos y fáciles de comunicar.

El oficialismo ha querido criminalizar la protesta, calificándola de “golpista”; pero protestar pacíficamente es un derecho constitucional, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ciertamente, protestar en Venezuela es peligroso, porque el Régimen reprime ferozmente; pero la creatividad humana supera los límites de la represión totalitaria, recurriendo a expresiones inteligentes de protesta. Sólo hay que sentarse a diseñar nuevos métodos para reclamar nuestros derechos, de manera efectiva, segura y hasta jocosa.

Esta iniciativa no se contrapone a la estrategia electoral, al contrario, la fortalece y la complementa.

Desde los calabozos del SEBIN, observo con dolor cómo nuestro país se destruye a pasos agigantados. Esperar hasta el 2012 no es una opción.

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Esto fue lo que ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Chávez provocó una grave crisis, tomando medidas que atentaban no sólo contra la democracia y las libertades, sino contra la propia Constitución. En respuesta, la población caraqueña participó pacíficamente en la protesta más grande de la historia de Venezuela, la cual fue recibida a balazos por pistoleros del oficialismo.

Chávez fue obligado a renunciar, aunque a los dos días regresó al poder, asegurando que había sido víctima de un “golpe de Estado”; lo cual le permitió profundizar el modelo socialista y reprimir a sus adversarios.

Algo muy parecido sucedió en septiembre de 2008 en Bolivia. El gobierno -y más específicamente el ministro Juan Ramón Quintana- orquestó una masacre en el Departamento de Pando. Posteriormente acusó a la oposición de haber organizado un golpe, responsabilizando al prefecto Leopoldo Fernández, actualmente en la cárcel.

La amenaza de un supuesto “golpe” -acompañado de un “magnicidio” y de una “conspiración separatista”- ha servido de excusa permanente para que Evo Morales persiga a sus adversarios y modifique la Constitución a su medida.

Otro tanto ha hecho en Nicaragua Daniel Ortega, quien considera un “golpe auspiciado por los Estados Unidos” toda manifestación en su contra, ya sea que cometa fraude electoral o que interprete ilegalmente la Constitución, para poder reelegirse.

Lo ocurrido el pasado 30 de octubre en Ecuador es una variante de este mismo método del ALBA. Ciertamente, los policías alzados cometieron un grave delito al secuestrar al presidente Correa; pero allí no hubo ni golpe de Estado, ni intento de magnicidio, como asegura el gobierno ecuatoriano.

Es de esperarse que, a partir de la huelga policial, provocada por el propio Correa, debido a su soberbia y a su terquedad, comience una feroz persecución contra la oposición y se profundice la revolución socialista; todo argumentando que hubo un intento de golpe, el cual hay que terminar de desmantelar.

En todos estos casos, los organismos multilaterales, como UNASUR y la OEA, intervienen de inmediato para darle toda la razón a quien provocó la crisis, llámese Chávez, Morales, Ortega o Morales.

Pero los organismos multilaterales no reaccionan siempre de la misma manera si los perjudicados no pertenecen al Foro de Sao Paulo. Cuando el año pasado Alan García enfrentó la crisis de la masacre en la amazonía peruana (Bagua), lo dejaron sólo. Y a Álvaro Uribe prácticamente le cayeron encima, por haber ejecutado la “Operación Fénix”, que dio de baja al segundo hombre de las FARC, alias Raúl Reyes.

Es importante que la comunidad internacional tenga sus ojos puestos sobre Ecuador, porque lo que se aproxima es un duro golpe contra las instituciones y contra la oposición, propinado por el propio gobierno.