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Súmate: El allanamiento de la inmunidad es competencia del Parlamento

10 agosto, 2018

ND / 10 ago 2018.- La organización Súmate alertó que la Constitución Nacional, de acuerdo con el artículo 200, establece que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria es solo competencia de la Asamblea Nacional.

Asimismo destacó que “en los últimos años el Poder Ejecutivo Nacional ha utilizado, de acuerdo con sus intereses políticos, al Poder Judicial y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente para desconocer las funciones de los ciudadanos investidos por el voto popular para ejercer su representación en cargos públicos como diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y legisladores de estado, alcaldes y concejales de municipios, vaciando de contenido el sagrado ejercicio del derecho al sufragio, al no permitir el ejercicio del poder político obtenido por los representantes electos a través del mandato que les otorga el voto de millones de ciudadanos, generando así una crisis institucional y política que atenta contra los principios constitucionales de separación de poderes y sin precedentes en la historia de la democracia en Venezuela”.

La ONG lamentó que “nuevamente el Ejecutivo Nacional utilice a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, integrada únicamente por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que vulnere el estado de derecho y proceda al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Juan Requesens y Julio Borges, competencia exclusiva de la Asamblea Nacional según el artículo 200 de la Constitución de la República”.

Al mismo tiempo, Súmate señaló que con la detención arbitraria realizada contra el diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens, el miércoles 7 de este mes, “los organismos de seguridad del Estado violaron su inmunidad parlamentaria y el debido proceso, sin permitirle el ejercicio de sus derechos constitucionales y sin que sus familiares y abogados conozcan su lugar de reclusión y condiciones de salud, lo cual viola lo establecido en los artículos 44, 46, 49 y 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Y precisó que “esto es una conducta sistemática del Poder Ejecutivo Nacional, que ha utilizado al Poder Judicial y la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente para desconocer el mandato popular de millones de ciudadanos que con su voto, invistieron de legitimidad a decenas de representantes en cargos públicos que han sido vulnerados en el ejercicio de sus funciones”.

Además citó algunos ejemplos recientes:

A dos años y medio de la instalación de la Asamblea Nacional, los cinco magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia siguen ignorando a los ciudadanos del estado Amazonas, con la suspensión de la proclamación de sus diputados realizada por el Consejo Nacional Electoral, eliminando la representación de un diputado nominal, dos por representación de la lista y uno en representación indígena; afectando la conformación constitucional del Parlamento, tal como lo dispone el artículo 186 de la Constitución, en cuanto a que la misma se debe integrar con diputados elegidos en cada entidad federal, y habiendo traído esto, entre otras consecuencias, el desconocimiento por parte del TSJ de las funciones de la Asamblea Nacional y la declaración inconstitucional de desacato al Poder Legislativo.

Destituciones producto de decisiones judiciales realizadas en 2017 por la Sala Constitucional del TSJ de los alcaldes Ramón Muchacho, del municipio Chacao, y David Smolansky, del municipio El Hatillo, ambos del estado Miranda; Alfredo Ramos, del municipio Iribarren en el estado Lara; Gustavo Marcano, del municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui; y Carlos García Odón, del municipio Libertador del estado Mérida. Así como también la violación de la Inmunidad Parlamentaria del diputado Suplente Gilber Caro al mantenerlo detenido durante 1 año y 5 meses (entre enero 2017 y Junio 2018), violando la Constitución, al alegar que la inmunidad no aplica a los diputados suplentes.

La inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente destituyó al gobernador Electo del Estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por negarse a juramentarse ante esa instancia; y usurpó las funciones de la actual Asamblea Nacional al haber decretado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados Germán Ferrer y Freddy Guevara, éste último incluso mientras ostentaba el cargo de Vicepresidente del Poder Legislativo Nacional.

La ONG puntualizó que “las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente carecen de legalidad”, al tiempo que recordó que “la convocatoria y elección para esta instancia fue realizada al margen de lo establecido en la propia Constitución de la República y las leyes electorales, lo cual la deslegitima de origen; y que hasta la fecha nadie conoce los resultados de la elección de sus 537 integrantes por mesa y centro de votación, como lo exigen los artículos 138 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y 352 del Reglamento General de la LOPRE”.

Finalmente, Súmate hizo un llamado “a las autoridades del Estado a someterse al imperio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, tal como lo exigen los artículos 7, 19, 25, 131 y 137 del texto constitucional; y contribuir a que la salida de la crisis política, económica y social sea por la vía constitucional, democrática, pacífica y electoral”.



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