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opinión

Sesiones extraordinarias

20 agosto, 2018

Regulares lectores y también testigos de numerosos debates del ahora viejo parlamento posiblemente concluyan que éste tendió a lo ilustrado o moderno en el XX frente a lo efectista o postmoderno de la centuria siguiente. Valga la digresión ,intentamos una interpretación respecto a lo que es, al fin y al cabo, un régimen de las características consabidas, como el actual, que suele contaminar la acera opuesta.

En una ocasión, fue suspendida la sesión de la Asamblea Nacional por el corte eléctrico que sufrió el hemiciclo, dándole continuidad una semana más tarde. Materias urgentes, se redujeron a dos puntos de información, aunque merecían el más amplio debate, por lo que la Fracción 16 de Julio, al agotarse el Orden del Día, propuso convocar a una inmediata sesión con la finalidad de evacuar debidamente la situación del país. Empero, fue desoída y, horas luego, secuestrado y vejado el diputado Juan Requesens, celebramos una sesión extraordinaria para atender el caso, el jueves.

Transcurridos cinco días, el martes subsiguiente, realizamos el cierre del primer período de sesiones del año y, nuevamente, la citada fracción insistió – esta vez – en la convocatoria de sesiones extraordinarias. Después, sólo se instaló la Comisión Delegada que no refleja la composición real de las corrientes de opinión de una Asamblea Nacional que no puede tampoco reemplazar.

El colapso grave y simultáneo del país, en todos sus ámbitos, no está en receso, obligando a una discusión para el mínimo acuerdo de los parlamentarios.

Las demenciales medidas económicas, recientemente adoptadas por la dictadura, o las nefastas consecuencias de las lluvias, añadida la debacle de los servicios, por no detallar toda la asombrosa vastedad de una tragedia en curso, conciernen a la representación popular en pleno. Además, obra otra circunstancia que, antes de cualquier huelga o paro que pretendamos, conducente a la activa desobediencia civil, atañe a la propia responsabilidad parlamentaria.

Ya el legítimo TSJ ha sentenciado a Maduro Moros por ladrón y la Asamblea Nacional debe pronunciarse al respecto, llenando la vacante constitucional.

Seis o siete veces, por escrito, ha solicitado la Fracción 16 de Julio tratar el asunto en la plenaria y es injustificable, por su gravedad, la tardanza del dictamen de la Consultoría Jurídica, colmándonos de una innecesaria espera, cuando ya hay una decisión judicial definitivamente firme que, bastándose por sí misma, compete a todos y a cada uno de los diputados; más allá de interpretar las medidas del trágico madurazo, los venezolanos esperan que el parlamento ejerza una responsabilidad intransferible, la de superar un régimen de fuerza, echando las bases de una compleja y difícil transición democrática, llenando la vacante de la presidencia de la República. Vale decir, cumpliendo con una responsabilidad de esta hora histórica.



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