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Juan Manuel Raffalli: Tenemos un Estado metiche

24 julio, 2018

Enrique Meléndez / 24 jul 2018.- El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli criticó la intromisión del Estado en la actividad comercial privada como consecuencia de, entre otros, el abuso del Estado de excepción y el abuso de la declaratoria de utilidad pública.

Así lo dijo durante su intervención en el Congreso de Conindustria, que se llevó a cabo el martes 17 de julio.

El deber ser

Comenzó su intervención recordando que desde 1830 las Constituciones venezolanas permiten la libre iniciativa privada. “De modo que el país se fue desarrollando gracias a esta actividad empresarial privada: industria eléctrica, metalmecánica, minería, automotriz, y los empresarios eran visionarios”.

Aquí destacó la figura de Eugenio Mendoza; un hombre que hizo de la empresa no sólo un vehículo de fomentar riqueza sino para promover el desarrollo a través de la organización del trabajo.

“Eso implica –agregó-, que quienes invierten para producir son dolientes. Y ese es el fracaso de las empresas estatizadas. ¡No tienen dolientes! Y esa organización no termina siendo para producir sino para enriquecerse de manera individual. Y ese vehículo, que es la empresa como motor de desarrollo para erradicar la pobreza supone no sólo la inversión de capital, de trabajo; sino, además, lograr la sustentabilidad en el tiempo”.

Según Raffalli, es por eso que entre los objetivos del milenio de la ONU hay elementos sobre la importancia de la empresa en el desarrollo de la producción y del bienestar a nivel mundial; lo que en Venezuela, a su juicio, se ha perdido; se ha vuelto al pasado porque se desconocen las normas constitucionales del régimen socioeconómico nuestro contempladas en nuestra Carta Magna y que reconocen y garantizan la iniciativa privada.

“El artículo 112 obliga al Estado a promover la iniciativa privada empresarial como vehículo de desarrollo; el artículo 299 de la Constitución habla del desarrollo armónico de la economía, gracias a la iniciativa privada; además de la generación de empleo y de valor agregado”.

Expresó Raffalli que eso es parte del pacto social; así que, a su modo de ver, hay una obligación del Estado de de promover y proteger a la empresa nacional, incluyendo a la pequeña y mediana industria, como lo dice el artículo 308 de la Constitución.

“Es ese nuestro sistema socioeconómico. Pero, además, nuestros derechos y garantías que nos permiten ser empresarios; ser un individuo productivo o una asociación productiva, y el primero de ellos es la libertad económica: el derecho a dedicarse a la actividad productiva de la preferencia de cada quien sin más limitaciones que las establecidas en la ley”.

En este punto Raffalli se refirió a que el Estado solo debe reservarse actividades comerciales por vía de excepción; pero que hoy tenemos lo que consideró como un Estado metiche; un Estado que forma parte de todo, y que ha tratado de asumir todo como único vehículo para generar desarrollo y bienestar social, y que, en ese sentido, ya estamos viendo las desastrosas consecuencias.

Al continuar con el tema de los derechos, indicó que tenemos derecho a la propiedad para la consolidación de riquezas que lleven a la generación de prosperidad y riqueza; el derecho al libre tránsito, y aquí trajo a colación el hecho de que, por ejemplo, ahora para venir de Margarita a Caracas hay que pasar por unas 16 alcabalas; el derecho a importar y exportar capitales; el derecho a la asociación productiva y, finalmente, el derecho a la competencia sana.

“Todos estos elementos terminan por completar la libertad empresarial. ¿Pero, qué ha ocurrido? Que poco a poco en estos 19 años se ha atentado contra la empresa como vehículo de desarrollo”.

¿Qué ha ocurrido con la libertad empresarial?

Raffalli abordó el tema de lo que consideró como el abuso del Estado de excepción; luego, la declaratoria de utilidad pública, e ilustró este punto trayendo a colación la orden de expropiación que pronunció Hugo Chávez un sábado en la Plaza Bolívar de Caracas de una casa que perteneció al Libertador; la política de los controles (de cambio, de precios, de costos); finalmente, el tema de inocencia frente al debido proceso y el abuso al derecho a fiscalizar.

Se preguntó: “¿Pero cuál es la consecuencia de ese abuso, de esa pérdida de la seguridad jurídica, de esa certeza misma que requiere una persona productiva para dedicarse a lo que debe hacer, que es producir empleo, riqueza y, sobre todo, desarrollo social sustentable?”.

A Raffalli le pareció insólito la circunstancia de que todavía haya empresarios en Venezuela, y haciendo “de tripas, corazones”; teniendo presente que la tolerancia tiene un límite, y cuando se trata de un empresario extranjero más; de modo que, a su juicio, hoy en día en Venezuela el sentido de la empresa se perdió en medio de tantos arbitrajes, y que no descartó que van a venir todavía más.

Al abordar el tema de la pérdida de valor de los activos indicó que ha llegado un momento en que no sólo es que se han depreciado, y que después no se pueden reponer, sino además que no hay manera que con un control de precios que no reconoce la realidad del cambio se pueda tener activos productivos que valga la pena mantener.

“Hay muchas líneas de producción paradas como consecuencia de eso. La paralización por riesgos sancionatorios. (…) La pérdida de los empleos por cierre no sólo de las grandes empresas, sino también de las pequeñas y medianas empresas, que todos los días se ven en esta situación. La diáspora: la emigración del talento humano. ¿Cuánto costó formar esa gente? Y, finalmente, aparte del desabastecimiento que lo vivimos a diario, además, en el marco de la hiperinflación, el decaimiento también de la potencialidad de exportación”.

Hacia una Venezuela productiva

Cerró su peroración preguntándose que cómo podemos marchar hacia la construcción de una Venezuela productiva con un desarrollo social sustentable. Respondió que lo primero que hay que garantizar es la seguridad jurídica; incluyendo allí, el tema de la ayuda humanitaria; una seguridad jurídica que permita saber cuáles son las reglas del juego; luego, el rescate de la institucionalidad: los límites específicos del poder público, su racionalidad; las responsabilidades del Estado en el ejercicio de la función pública; el reconocimiento e incentivo a la iniciativa privada productiva.

“Y, finalmente, un cambio absoluto en el modelo económico que pueda permitir que la iniciativa privada ayude a fomentar ese progreso, esa estabilidad en el desarrollo, y esa unión de empresas, trabajo, desarrollo y fortaleza de la sociedad, que nunca debimos perder. Sin empresas, hay pobreza”.



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