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opinión

Jesús Silva R.

Trancar calles es delito y no es protesta laboral

19 julio, 2018

La oposición dividida en diez pedazos, busca apoyo en gremios profesionales para que generen protestas violentas en las calles. Ese favor que le hicieron a la MUD los jóvenes terroristas guarimberos de 2017 ahora lo intentan hacer los adultos profesionales agremiados como algunos cogollos de médicos, profesores, entre otros. Todo tiene un fondo político. Detrás de las falsas protestas están los partidos opositores AD, PJ, VP, UNT (o lo que queda de esos esqueletos que únicamente sobreviven a punta de dólares).

Los hechos recientes en 2018 obligan a la activación de la siguiente norma:

“Todo individuo o grupo de personas que públicamente apoye, convoque o incite a manifestaciones o protestas que reiteradamente resulten en violencia o incluyan armas, ocasionen muertos, heridos o destrozos a la propiedad u obstrucción de la vía pública con el propósito de ejercer presión sobre instituciones del Estado para que hagan o dejen de hacer determinados actos, serán procesados por el delito de terrorismo y no podrán aspirar a cargos de elección popular ni ejercer la función pública”.

El texto de arriba es mi propuesta a la Asamblea Constituyente para impedir que los terroristas disfracen su violencia como “protestas laborales” y para que sean debidamente sancionados.

Como exconsultor jurídico del Ministerio del Trabajo debo advertir que para que una protesta laboral sea legal debe seguir los procedimientos de la legislación laboral vigente (LOTTT) lo cual incluye un pliego de peticiones como etapa previa del derecho a huelga si no hubiere arreglo amistoso entre las partes.

Pero dejar el sitio de trabajo para irse a la calle a “guarimbear” significa abandono del trabajo y es causa de despido justificado en la ley laboral. El Código Penal también castiga la tranca de vías.

No se justifica en ningún caso que presuntos trabajadores reclamando beneficios laborales procedan a trancar vías terrestres lo cual impide el derecho al libre tránsito de las personas y genera peligros de toda índole.

El artículo 68 de la Constitución plantea que la protesta debe ser pacífica y sin armas, así como también debe cumplir con los requisitos de ley.

Ese carácter pacífico busca que la protesta no se convierta en excusa o medio para delinquir, es decir, evitar que de ella surja violencia en perjuicio de otras personas quienes tienen derecho a la vida, a la integridad personal, a un ambiente sano y al libre tránsito, entre otros.

Barricadas, guayas, etc., son medios capaces de herir y matar. Su uso desacredita el derecho a la protesta y termina siendo una conducta delictiva contra derechos de mayor rango como los anteriormente citados.

Si se ha detectado que se usa el derecho a la protesta como ocasión para violencia, y peor aún, de ella resultan muertos o heridos; es evidente que el Estado debe intervenir para proteger a los ciudadanos pacíficos.



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