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opinión

CAP

23 abril, 2018

“Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo no tengan motivos para arrepentirse”. Carlos Andrés Pérez, mayo de 1993

Se cumplen 25 años de la defenestración del Presidente Carlos Andrés Pérez (CAP), enjuiciado por haber dispuesto –indebidamente- de la partida secreta del Estado para colaborar con la consolidación de la democracia en Nicaragua. Hoy, un ante juicio de mérito es aprobado contra otro mandatario, el actual, indiciado de recibir de la empresa Odebrecht 35 millones de dólares a cambio de privilegiar la concesión de obras públicas.

No son comparables los hechos imputados. El primero quedó calificado como “malversación genérica” por utilizar la partida secreta fuera de las fronteras del país, el de ahora, un delito de cohecho en detrimento del patrimonio nacional. Tampoco hay semejanza en la calidad política y humana de ambos enjuiciados. Uno, un hombre de Estado, demócrata convincente y respetuoso de la institucionalidad, el otro, un advenedizo caracterizado por su apego a la arbitrariedad y la infinitud de su ignorancia.

CAP ambicionaba el rol histórico de modernizador de la socialdemocracia venezolana. Su acusación y condena fue un linchamiento político, una cayapa que congregó resentimientos personales, facturas de su propio partido por haberle suprimido inmerecidos privilegios, dueños de medios y empresas que pretendían la continuidad del proteccionismo estatal y rezagos de la subversión castrista de los años sesenta. Una lapidación que complacía a los corifeos de la anti política, soterrados conspiradores civiles cómplices de la felonía militar golpista. Un ataque que, como ocurre con las radioterapias mal aplicadas, no solo acabó con CAP, sino que hirió de muerte al sistema de partidos y a la propia democracia.

La presidente Violeta Chamorro en un acto público en Cartagena, declaró: “Gracias a Carlos Andrés Pérez por haber establecido la democracia en mi país”. Un cuarto de siglo después, CAP es digno de una reivindicación histórica por su inmerecida muerte política.



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