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Especial ND: En una inusual decisión, el TSJ revisará inhabilitación a Adriana D’Elía

19 abril, 2018

Juan Francisco Alonso / 19 abr 2018.- El futuro político de la diputada opositora Adriana D’Elía ya no luce tan oscuro como hace unos días, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dado marcha atrás y decidió revisar la inhabilitación administrativa que a finales del año pasado le impuso la Contraloría General de la República.

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En una decisión muy inusual, la Sala Político Administrativa anuló el fallo que semanas antes tomó su Juzgado de Sustanciación, mediante el cual rechazó los recursos que la defensa de la parlamentaria interpuso contra la resolución del organismo encabezado por Manuel Galindo; y en la que la multó con 662,5 unidades tributarias y el prohibió optar por cualquier cargo público durante 15 años, por las supuestas irregularidades ocurridas en la Gobernación del estado Miranda durante la gestión de Henrique Capriles Radonski.

En el dictamen redactado por la magistrada María Carolina Ameliach se da por bueno el argumento de que la defensa de Adriana D’Elía en relación a que sus recursos estaban claros.

“Esta Sala considera que está plenamente demostrado que la parte recurrente ejerció dos acciones distintas con pretensiones claramente determinadas, en las que impugna por una parte el acto de la Contraloría General de la República que declaró su responsabilidad administrativa y le impuso multa y, por la otra, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, previamente identificados”, se lee en la sentencia número 421, la cual concluye señalando: “De modo que a fin de proteger el derecho a la defensa, al debido proceso y a una tutela judicial efectiva como mecanismo fundamental para la realización de la justicia, se declara con lugar el recurso de apelación y, en consecuencia, se revoca el auto (…) dictado por el Juzgado de Sustanciación, y se ordena remitir el expediente al referido Juzgado para que se pronuncie sobre las demás causales de inadmisibilidad”.

La resolución del TSJ representa un respiro para Adriana D’Elía, por cuanto la sanción que el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos le impuso no está firme y por lo tanto podría ser revocada y así abrirle las puertas a postularse a cargos de elección popular, una vez que termine su actual período como diputada en enero de 2012; o también a ser nombrada para ocupar algún puesto de designación.

Por otro lado la decisión es un hecho casi sin precedentes, pues el máximo juzgado pocas veces favorece a figuras de la oposición y muchas menos veces se desdice para apoyarlos. Un estudio de la organización Un Estado de Derecho publicado en 2014 reveló que de cada 100 casos que el máximo juzgado recibía en contra de los intereses del Estado más de 90 eran desechados o respondidos negativamente.

En 2017 la Contraloría a D’Elía declaró responsable por las presuntas irregularidades ocurridas en la Gobernación de Miranda durante las dos gestiones de Henrique Capriles Radonski (2008-2017), donde la legisladora ocupó el cargo de Secretaria General de Gobierno; y la multó con 662,5 unidades tributarias.

Las inhabilitaciones administrativas impuestas por la Contraloría fueron declaradas violatorias a los Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011, por cuando no son producto de un proceso judicial y por lo tanto ordenó a Venezuela anularlas. Orden que el Estado ha desacatado abiertamente.



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