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Especial ND: Tras el Plan Zamora, justicia militar se hizo cotidiana para casos civiles

18 abril, 2018

Juan Francisco Alonso / 18 abr 2018.- “He decidido activar el Plan Zamora, en su primera fase verde, en defensa del orden interno, de la paz y para derrotar el golpe de Estado que ha sido llamado desde Washington (Estados Unidos)”.

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Dentro de pocos días, a comienzos de mayo, se conmemorará un año desde que el presidente Nicolás Maduro pronunciara estas palabras, horas antes de que la oposición celebrara, en Caracas, una de las más grandes manifestantes callejeras que convocó para rechazar los fallos con los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la práctica liquidó a la Asamblea Nacional controlada por la oposición.

Aunque el mandatario no precisó de qué se trataba la iniciativa, casi de inmediato quedó en claro que incluía no solo el uso de militares para reprimir las protestas sino también de los tribunales castrenses para castigar a quienes participan en ellas.

Así, entre abril y octubre, 757 venezolanos terminaron ante un juez uniformado, de acuerdo con cifras manejadas por el Foro Penal Venezolano (FPV).

Pese a que en agosto pasado, nada más ser designado fiscal General por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab aseguró que había tomado cartas en el asunto para evitar que esta práctica inconstitucional siguiera, lo cierto es que ha continuado. Solo en febrero, siete personas más fueron llevadas ante jueces militares, según los datos del Foro.

Para los activistas de Derechos Humanos, Nizar El Fakih y Marino Alvarado, esto es síntoma de la deriva autoritaria del Ejecutivo.

“En un país que se dice democrático, la justicia militar debería estar muy restringida, para solo conocer casos de delitos militares cometidos por militares activos, jamás para civiles”, afirmó El Fakih, mientras que Alvarado agregó: “En Venezuela el Gobierno, la Fuerza Armada y el Poder Judicial ven como normal que civiles sean enjuiciados por tribunales militares, no es que estamos frente a un juez que comete un exceso, sino frente a una política para asediar y criminalizar a la disidencia”.

La Constitución de 1999, en su artículo 261, señala claramente que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”; y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en varios fallos, como el 1.256 de la Sala Constitucional de 2002, señaló:

“Los delitos comunes cometidos por militares, aun cuando sea en ejercicio de funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas o encontrándose dentro o fuera de las instalaciones militares, deben ser juzgados por los tribunales ordinarios, sin que pueda establecerse ninguna excepción en este sentido y la jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia, de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todos los casos la jurisdicción que debe juzgarlo”.

No obstante, el máximo juzgado no ha tomado cartas en el asunto e incluso el año pasado los tribunales penales ordinarios rechazaron sistemáticamente todas las peticiones del Ministerio Público dirigido por Luisa Ortega Díaz para asumir casos que estaban en la jurisdicción castrense. Apenas fue en diciembre, cuando al revisar el caso del magistrado designado por la AN, Ángel Zerpa, reiteró lo que dice la Carta Magna.

Hasta por gritar en las colas

El uso de la justicia militar contra civiles no es algo nuevo para el chavismo, pero el año pasado se intensificó denunció Alvarado, quien apuntó: “Entre 2015 y 2016, alrededor de 35 personas fueron juzgadas en tribunales militares por gritar a militares cuando se encontraban haciendo filas para comprar alimentos”.

Pero antes de la llegada de Hugo Chávez los llamados consejos de guerra estaban muy activos. “Los tribunales militares adscritos al Ministerio de la Defensa actuaron y fueron sede de la aplicación de juicios extraordinarios a centenares de ciudadanos y ciudadanas, por su presunta participación en apoyo a la guerrilla”, denunció el Ministerio Público en su informe “Contra el silencio y el olvido”, elaborado por la Comisión que investigó las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos antes de 1999; y el cual se afirma que en esos procesos no se guardaron las mínimas garantías.

Malos ejemplos

Pero Venezuela no ha sido el único país donde la justicia castrense se ha aplicado a civiles, en particular a opositores y disidentes. En Chile, durante la administración de Augusto Pinochet, en la Argentina gobernada por los militares o en el Perú dirigido por Alberto Fujimori también fueron frecuentes; y por ello la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han ordenado a los países de la región que la restrinjan a los miembros de las Fuerzas Armadas.

En su informe “Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela” la CIDH rechazó el camino tomado por el Gobierno para enfrentar el malestar social, por considerar que “los jueces y fiscales militares no cumplen con el requisito de independencia por ser miembros activos de las Fuerzas Armadas, y estar sometidos a la jerarquía militar y a la autoridad del Ministro del Poder Popular para la Defensa y del Presidente”; y además porque supone una violación al derecho al juez natural.

Hace dos años Chile reformó su Código de Justicia Militar para prohibir expresamente que los civiles terminen ante jueces castrenses, atendiendo las instrucciones de la Comisión y de la Corte Interamericana. Sin embargo, Venezuela lejos de seguir este ejemplo insiste en una práctica de la que contradictoriamente fueron víctimas algunos de quienes hoy militan en el oficialismo.



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