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política, titulares

En claves: Funcionarios del Estado considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales

30 marzo, 2018

ND / 30 mar 2018.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, fue incluido en una lista panameña con otros 55 venezolanos para ser sujetos de supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por este país en la lucha contra el blanqueo y financiamiento del terrorismo. El listado fu difundido por medios locales y está conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas, elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.

En claves:

1.- Además del presidente Nicolás Maduro, en la lista también se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena; también la rectora del CNE, Socorro Hernández, el jefe de Gobierno del Distrito Capital y excomandante de la GNB, Antonio José Benavides, Adán Chávez, hermano del ex presidente Hugo Chávez y el constituyente Diosdado Cabello; todos considerados de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

2.- De acuerdo con el Anexo A de la resolución 02-2018 “se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada (…) para cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar, en la que se sospeche (…) pudiesen estar relacionadas (…) directa o indirectamente” con “la lista inicial detallada”.

3.- El sujeto obligado es la persona natural o jurídica que deben cumplir con la regulación prudencial en materia de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

4.- La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.



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