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opinión

Ismael Pérez Vigil

Decisión de no participar

24 febrero, 2018

Se optó por no participar en las elecciones del 22 de abril −que desde hace semanas lucía ser la opción más probable− tras los pronunciamientos del Grupo de Lima y varios países más, de la Conferencia Episcopal, de sectores empresariales y académicos, de toda una pléyade de personas a través de las redes sociales y del silencio usual de miles de ciudadanos comunes.

Debe aclararse bien e insistentemente, que no se trata −como acertadamente lo señala el documento de la MUD− que esté cerrada la vía electoral, sino que se trata de una coyuntura específica, según la cual la dictadura, valiéndose en abierto e ilegal uso de su poder y control del Estado, del desánimo producido por los costosos fracasos políticos opositores de 2017 −las movilizaciones de calle y los procesos electorales− adelanta las fechas de las elecciones presidenciales, buscando pescar en rio revuelto y legitimar su pretensión de asegurarse seis años más en el poder por la vía electoral y de paso enredar más la ya compleja y crítica situación del país ante una oposición debilitada, fracturada y sin liderazgo claro.

Lo hemos dicho otras veces y lo repetimos una más, esta dictadura no se legitima por organizar elecciones, se legitima ganándolas y eso es lo que ha ocurrido desde el 30 de julio de 2017, se dispone a repetir la receta el 22 de abril de 2018. Ahora solo esperamos que esta decisión de no participar se diferencie claramente de las clásicas posiciones abstencionistas. Que ofrezca una continuidad de movilización popular y que sea parte de una política unitaria, que quien la abandone lo pague caro y que no se encuentren argumentos que la contradigan.

No es la primera vez que la oposición opta por la no participación. En 2005, para las elecciones de la Asamblea Nacional, lo pagamos caro con buena parte de la legislación que aprobó el régimen con esa Asamblea y la toma del control de los poderes que hoy nos agobia. En 2017, para las elecciones de alcaldes, el llamado a no participar fue casi unánime en la oposición – al menos de los partidos que arrastran más votos− pero según demuestran las cifras, no convenció a buena parte del país de sumarse a esta política. A pesar de que la abstención en ese proceso fue elevada −un 57% de la población se abstuvo− la cifra es engañosa, pues quienes se cuentan en ella son una buena parte de los sectores políticos y sociales indiferentes de la población que sistemática e históricamente se vienen absteniendo, sin ninguna razón política que los impulse; simplemente no concurren a ningún proceso electoral. El promedio general de abstención en todos los procesos electorales desde 1958 hasta 2017 es del 34% y desde 1989 es del 41%.

De manera pues que el llamado casi “unánime” a la abstención, con base en el incremento de la cifra para las últimas elecciones de alcaldes, fue respondido parcialmente −aun con los datos posiblemente amañados del CNE−, solamente por un 23% o un 16% de la población, según sí la fecha del periodo que se considera es desde 1958 ó 1989.

En las dos ocasiones anteriores, 2005 y 2017, fue además una política aislada, que no tuvo ninguna continuidad ni seguimiento posterior, sin propuestas de acciones alternativas, para organizar una abstención activa, participativa, que no se limitara a quedarse cruzados de brazos y convertirse así solo en rotundos errores y fracasos políticos.

No obstante, la abstención, sea del 23% o del 16%, hizo mucho daño a vecinos y ciudadanos que ven en los alcaldes su primer contacto con el poder y consideran al alcalde al funcionario más cercano a su cotidianidad, pues impidió que se incrementara o mantuviera un importante número de alcaldías.

Se nos habla en los sectores opositores más numerosos −los congregados en torno a la MUD y los anti MUD u opositores de la oposición−, de anuncios de planes de acción, de actividades que impidan que sea una no participación o abstención pasiva. Esperamos que esas intenciones o propuestas vayan más allá de los discursos, la retórica o las declaraciones generales, que comiencen ya, con objetivos claros, bien comunicados y conducidos.

Las acciones que se propongan para movilizar al país, a los electores que no participaremos, deben ser muy precisas y claras, pues en este momento las opciones que se manejan en corrillos y por redes sociales, van desde la rebelión buscando la renuncia del gobierno o justificación de un golpe de estado interno, o una intervención militar foránea, hasta la participación simbólica en el proceso electoral para denunciarlo, o la simple indiferencia del sillón dominical. Todo cabe y es posible. Pero la peor opción es la última, la de cruzarse de brazos y hay una gran parte de la población, casi un tercio de los inscritos para votar, que por inercia histórica son muy dados a esta opción.

Desde luego no pretendemos que se diriman, delimiten o describan semejantes políticas de manera pública, en la prensa escrita, radioeléctrica o televisiva, ni siquiera en las llamadas redes sociales, pero dado que adoptamos una posición política y electoral históricamente fracasada, que en esta ocasión se vean indicios de que se está organizando y movilizando el país en alguna dirección para poner fin a esta dictadura.

Politólogo

@Ismael_Perez



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