end header begin content

nacionales, titulares

Especial ND: A 29 años del 27F, la justicia para las víctimas aún está pendiente

27 febrero, 2018

Juan Francisco Alonso / 27 feb 2018.- Tal día como hoy, hace 29 años, el país vivía una situación inédita, una revuelta popular producto del descontento que el plan de ajustes económicos aplicado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, la cual las autoridades sofocaron a sangre y fuego al recurrir al Ejército.

27F

El 27F de 1989 significó el rompimiento del pacto social en Venezuela y el inicio de una violencia que solo se ha incrementado en estas tres décadas

Casi tres décadas después nadie ha sido enjuiciado y mucho menos condenado por estos hechos, en los que cuales todavía se desconoce la cifra oficial de víctimas que dejó la represión contra los saqueos ocurridos en Caracas, Guarenas y Guatire, fundamentalmente.

Para Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), la organización creada por los afectados por estos sucesos para buscar justicia, la negativa de las autoridades a cumplir cabalmente la sentencia que en 2002 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso y la impunidad son las responsables de abusos y excesos cometidos por policías y militares durante la ola de protestas que sacudió al país en 2017.

Lea más: Especial ND: Según expertos, la Ley contra el Odio busca instalar la represión selectiva

“La sentencia de la Corte IDH sobre el Caracazo está hoy más vigente que nunca, porque las labores de orden público están más militarizadas que nunca”, afirmó la activista, quien agregó:

“Con el incumplimiento de la sentencia y la impunidad que ha rodeado a este caso el Estado venezolano manda señales claras de que este tipo de crímenes (ejecuciones extrajudiciales y uso de armas de fuego o de guerra para reprimir manifestaciones) pueden cometerse sin que nada le pase a quienes los cometen”.

Ortega lamentó que el Gobierno, el cual reconoció asumió la responsabilidad por lo ocurrido en el 27F-1989, no haya cumplido todos los puntos del fallo del tribunal con sede en San José (Costa Rica), en particular las referidas a las medidas para prevenir que situaciones de este tipo se vuelvan a cometer. El juzgado ordenó al Estado que las labores de orden público fueran asumidas por policías civiles y que los militares recibieran capacitación en Derechos Humanos.

En su reciente informe Institucionalidad democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó la decisión de las autoridades de darle cada vez más potestades a la Fuerza Armada la lucha contra el crimen y el control de manifestaciones; y lo instó a dar marcha atrás.

27F

El 27F de 1989 significó el rompimiento del pacto social en Venezuela y el inicio de una violencia que solo se ha incrementado en estas tres décadas

“La CIDH reitera que la militarización de las funciones de control de seguridad ciudadana en Venezuela y, en particular, la información disponible relativa al Plan Zamora (puesto en marcha para responder a las movilizaciones de calles convocadas por la oposición), resultan contrarios a los estándares de Derechos Humanos. En este sentido, reitera que por carecer las fuerzas armadas de adecuado entrenamiento para desempeñar labores de control de la seguridad ciudadana, corresponde a una fuerza policial civil, debidamente entrenada y respetuosa de los Derechos Humanos, garantizar la seguridad y mantener el orden público en el ámbito interno”, advirtió la instancia regional, la cual atribuyó a la participación de los uniformados el incremento en el número de ajusticiamientos, la cual aumentó un 70% entre 2016 y 2015.

46 de las 124 muertes que el Ministerio Público contabilizó durante la pasada ola de protestas fueron responsabilidad directa de policías y militares, de acuerdo a las estadísticas que manejó ese organismo mientras Luisa Ortega Díaz estuvo al frente de él.

El artículo 322 de la Constitución establece claramente que las labores de seguridad ciudadana son tarea de órganos “de carácter civil”, los cuales “respetarán la dignidad y los Derechos Humanos, sin discriminación alguna”.

Engavetado

Respecto al estado judicial de las investigaciones sobre el 27F, Ortega informó que el único proceso que sigue abierto, en el cual fueron acusados el exministro de la Defensa de la época, general (r) Italo Del Valle Alliegro; o el exgobernador del extinto Distrito Federal, Virgilio Ávila Vivas; entre otros, ni siquiera ha comenzado.

“Nadie ha sido condenado ni siquiera se ha iniciado el juicio y a las víctimas se les ha negado sistemáticamente acceso a la expediente, alegando que no son parte del mismo”, denunció la vocera de la organización que agrupa a parte de los afectados por estos sucesos y quienes lograron la única condena que, hasta ahora, se ha producido: La emitida por la Corte IDH.

En 2013 el Tribunal 32 de Control de Caracas admitió la acusación que presentó el Ministerio Público contra Ávila Vivas por la presunta comisión de los delitos de de homicidio intencional, en grado de complicidad correspectiva, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. Dos años antes el general Del Valle Alliegro y otros tres oficiales retirados corrieron la misma suerte.

Fuentes judiciales achacan los constantes aplazamientos a las solicitudes de diferimiento interpuestas por la defensa de los acusados, los cuales alegan problemas de salud. Sin embargo, la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de 2012 abre las puertas para la celebración de los juicios en ausencia cuando se considera que los imputados están obstaculizando la justicia.



Etiquetas: | |

Canal Noticiero Digital

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com