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Especial ND: Ortega Díaz pide a la CPI congelar bienes de Maduro en todo el mundo

12 enero, 2018

Juan Francisco Alonso / 12 ene 2018.- La detención del presidente Nicolás Maduro y de los cuatro generales a los que denunció por cometer delitos de lesa humanidad contra la población venezolana es solo una de las cuatro solicitudes que la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, formuló a la Corte Penal Internacional el pasado 15 de noviembre, para asegurarse que los señalados respondan por sus crímenes y sobre todo para reparar a las víctimas.

Otra de las peticiones que la jurista guariqueña hizo al juzgado con sede en La Haya (Holanda) es que ordene “la localización e inmovilización de los bienes, cuentas y haberes que constan a su nombre o el de terceras personas tanto en Venezuela, como en el resto del mundo” a favor del primer mandatario, de los ministros de la Defensa y del Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, respectivamente; del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y del jefe de Gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides.

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“Esos bienes deben ser asegurados con el propósito de una eventual reparación del daño a las miles de víctimas de la violación sistemática y generalizada de los Derechos Humanos en Venezuela, tal como lo contempla el artículo 75 del Estatuto (de Roma)”, explicó Ortega Díaz en las últimas páginas de su extensa demanda contra los cinco funcionarios.

La norma antes señalada del instrumento suscrito por Venezuela en el año 2000 establece que la instancia puede “dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”, mientras que el artículo 79 crea un fondo que se nutre de las multas y confiscaciones impuestas a los procesados.

Ortega Díaz

La fiscal en el exilio está exigiendo la congelación de los activos de varios acusados de violaciones de derechos humanos en todo el mundo

Ortega Díaz, en su escrito, señaló a Maduro y a los cuatro uniformados de planificar y ejecutar asesinatos, detenciones ilegales, torturas y procesos judiciales amañados para así crear un “Estado de Terror” con el “único objetivo” de asegurarse su permanencia en el poder. De la misma manera cifró en “miles” los afectados por dichas instrucciones.

Evidencias en peligro

Otra de las solicitudes que la Fiscal General removida por la cuestionada Constituyente le formuló a la Corte es que le ordene a su sucesor designado por la ANC, Tarek William Saab, que le remita “las actuaciones que reposan en el Ministerio Público relacionadas con las muertes, lesiones, allanamientos ilegales, torturas y demás tratos crueles inhumanos y degradantes, así como las causas por encarcelamientos ilegales, que fueron adelantadas durante el periodo objeto de la presente denuncia, algunas de las cuales hemos anexado a la presente causa”.

“A pesar del gran acervo probatorio que hemos acompañado a la presente denuncia, no podemos dejar de advertir que muchas de las pruebas y evidencias que aún se mantienen en las sedes de los fiscales, están corriendo el riesgo de ser desaparecidas o inutilizadas con el propósito de procurar garantizar la impunidad de los autores y demás partícipes, razón por la que solicitamos de forma urgente, se dicten medidas eficaces que permitan salvar el acervo probatorio que habíamos logrado acumular y que indefectiblemente podría perderse, en virtud de las acciones ilegales desplegadas por el Poder Ejecutivo y quien usurpa funciones de Fiscal General, quienes intentan asegurar que estos hechos no sean penalmente perseguidos”, esgrimió Ortega Díaz para sustentar su petición.



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