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El TSJ bloqueó al menos tres investigaciones contra Ramírez y Pdvsa en el último año

7 diciembre, 2017

Juan Francisco Alonso / 7 dic 2017.- El cariz que ha tomado la campaña contra la corrupción en la industria petrolera que el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, ha lanzado en las últimas semanas ha sorprendido a propios y extraños.

TSJ Ramirez

No solo se ha llevado por el medio a un exministro y a un expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sino también al empresario Diego Salazar, primo del hasta ayer embajador en Naciones Unidas y antes canciller, ministro de Energía y presidente de la industria durante más de una década, Rafael Ramírez.

Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes si algunos de los casos expuestos por Saab datan hasta de más de un lustro? Para el funcionario la respuesta es sencilla, su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, engavetó esas investigaciones.

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“La anterior gestión del Ministerio Público ordenó cerrar la investigación y echarle tierra al caso de Andorra”, soltó este martes durante la rueda de prensa que ofreció para informar sobre el avance de las averiguaciones y donde aseguró que Salazar habría encabezado una “organización criminal” que desde 2006 habría desviado 4,2 millardos de dólares de las arcas públicas.

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No obstante, hay elementos que hacen sospechar que más bien quienes querían ocultar lo ocurrido eran otras instancias. Así por ejemplo el 18 de noviembre de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 893, anuló la investigación que durante meses llevó adelante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y la cual determinó que durante la gestión de Ramírez más de 11 millardos de dólares se habrían perdido en la industria petrolera.

La instancia judicial justificó su decisión en “las lesiones graves o de difícil reparación” que las indagaciones que el Parlamento venía haciendo ocasionarían a Pdvsa y a Ramírez “lo que podría desencadenar una reacción adversa en los procedimientos arbitrales que cursan en la actualidad, en los inversionistas, en todos aquellos países a los cuales puede acudir la República para el intercambio de crédito y, en fin, en los diversos actos relacionados con esta materia que interesan a la Nación”.

Gracias a esta decisión, casos como el desfalco que sufrió el fondo de pensiones de los trabajadores de Pdvsa, las irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la accidentada refinería Amuay; las irregularidades en la compra de taladros a China, el escándalo los alimentos que terminaron pudriéndose en varios puertos y que fueron comprados por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval); y por supuesto el supuesto desvío de fondos de la empresa hacia cuentas en la intervenida Banca Privada D’ Andorra que ahora ha salido a relucir no terminaron en el Ministerio Público como manda la Constitución.

Asimismo, en febrero pasado, en su decisión número 88, abrió las puertas al procesamiento del diputado Freddy Guevara, quien encabezaba la Comisión de Contraloría, por “usurpación de funciones”.

Esto, en virtud de la decisión del legislador de viajar a Nueva York (EEUU) a notificar a Ramírez de la investigación en su contra que conducía el legislativo.

Contra la Fiscalía

El TSJ también dictó algunas decisiones que complicaron la labor investigativa del Ministerio Público, tales como la sentencia número 537, en la cual le arrebató a los fiscales la potestad de imputar a sospechosos de delitos en sus despachos y ordenó que, desde ese momento, este trámite se realice ante un juez de Control.

“Los propietarios de la empresa Conkor y del actor Manuel “Coco” Sosa, a quienes investigábamos por los negocios con sobreprecio que hicieron con las empresas de la Faja, consignaron esta sentencia para impedir que fueran imputados en la primera oportunidad. Esta sentencia se dictó para protegerlos”, afirmó un estrecho colaborador de Luisa Ortega Díaz en conversación telefónica.

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El Gobierno y Pdvsa tampoco colaboraron mucho, reveló el confidente.

Bloqueados desde la fuente

“Lo que se logró se hacía allanando las empresas contratistas, pero no a través de Pdvsa, porque allí lo que hacían era bloquearnos cualquier información”, relató, al tiempo que agregó: “Para hacer los allanamientos teníamos que hacer solicitudes muy genéricas a los tribunales, porque si dábamos algún indicio de que íbamos contra algún funcionario pesado nos rechazaban la solicitud en los tribunales”.

El caso del exviceministro de Desarrollo Eléctrico, Nervis Villalobos; y del expresidente de la desaparecida Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, parece confirmar lo sostenido por el informante, pues luego de que la Fiscalía consiguió que en abril de 2015 un tribunal les prohibiera salir del país, en noviembre de ese mismo año el mismo juzgado anuló la medida y los exfuncionarios salieron hacia España.

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Pese a esto el colaborador de Ortega Díaz recordó que casos como el de las monoboyas o el abierto contra Sosa, se iniciaron antes de que la Constituyente interviniera al Ministerio Público y en ellos 23 personas, entre ellos varios funcionarios y exfuncionarios, fueron detenidos o se solicitó su detención.



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