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opinión

Vladimiro Mujica

El diálogo entre nosotros

29 julio, 2017

Con diabólica frecuencia se discute entre los distintos factores de la oposición a la dictadura de Nicolás Maduro la necesidad o inconveniencia de participar en alguna negociación o diálogo con el régimen. De hecho, la posición que asuma un líder opositor, dentro o fuera de Venezuela, respecto a este tema termina por ser determinante para que sea alabado como héroe o denostado como traidor en las poderosas redes sociales. Un instrumento que no solamente moldea y define la posición de la gente, sino que indirectamente condiciona la posición de un liderazgo frágil y expuesto que se lo piensa dos veces antes de exponerse al paredón de la volátil opinión pública de los tiranos del Twitter, del Facebook, el Instagram y el e-mail.

Con mucho menos frecuencia se discute la necesidad de la transparencia del liderazgo opositor frente a la ciudadanía, o la aún más urgente construcción de consenso entre nuestras propias filas. Esta necesidad se convierte en vital urgencia cuando el país se encuentra en el medio de una guerra abiertamente declarada del dictador y su séquito en contra del pueblo venezolano por darle categoría de ley de la nación a un intento obsceno de usurpación de la soberanía popular. El mismo se traduce en la discusión y eventual promulgación de una nueva constitución que contraviene disposiciones fundamentales de la constitución vigente. No cabe duda de que Venezuela enfrenta una crisis terminal cuyo resultado solamente puede ser o la restauración de la constitución y el estado de derecho, o la pérdida de la república frente a un ejército invasor interno con apoyo de otras naciones con un largo historial totalitario como Cuba. Ese, y no otro es el significado último de la cita funesta del próximo domingo 30 de julio.

Frente a esta crisis terminal se hace imperativo que las decisiones políticas del liderazgo opositor sean discutidas y consensuadas de cara al país. Un caso extremo de cuan costosa puede ser la ambigüedad en esta materia lo constituye la aparente decisión del gobierno norteamericano de aplicar sanciones económicas que afecten el vital flujo de divisas producto de la venta de petróleo venezolano a los Estados Unidos. Las consecuencias de un embargo, sanciones, o restricciones a la venta de crudo a ese país son de una naturaleza tal que no se le puede pedir a la población que apoye ninguna postura opositora que no haya sido discutida con la gente. De modo tal que el ciudadano venezolano, que sufriría en grado extremo las consecuencias de un embargo petrolero en cualquiera de sus versiones, una pena igual o superior en magnitud al castigo que se pretende imponer a la dictadura, apoye la decisión opositora, cualquiera que esta sea, con pleno conocimiento de causa.

El embargo inteligente, por el cual abogan voceros tan calificados en el tema como Diego Arria, y al que se opone abiertamente otro venezolano profundamente conocedor del tema como Moisés Naim, es un asunto que no puede quedar a merced de los grupos de presión venezolanos en los Estados Unidos, y tampoco a la acción de líderes de la oposición con contactos en Washington. Se trata de una materia importante en grado superlativo como para que vaya a generar división al interior de la oposición.

Al venezolano de todos los estratos económicos y sociales se le debe explicar de la manera más transparente posible que si se aplica un embargo petrolero total las dificultades ya creadas por el régimen criminal de Maduro y su camarilla para adquirir alimentos y medicinas se multiplicarán de manera exponencial; que los viajes al exterior se harán imposible; que el aislamiento aumentará y que la población pagará un costo muy elevado. Al mismo tiempo, este mismo ciudadano debe entender que si se aplica este esquema es bajo la suposición de que se le cortarán recursos vitales en divisas a la dictadura para la corrupción y la represión, y para apresurar el colapso del régimen.

De la misma manera, las implicaciones de cualquier propuesta de “embargo inteligente” consistente por ejemplo en el esquema propuesto por Arria de que se siga comprando petróleo pero que no se cancele en divisas sino en alimentos, medicinas y mercancías esenciales; o la creación de un Fondo de Embargo, similar al que se ensayó hace muchos años con Irán, algo que en alguna medida depende de la aceptación del gobierno venezolano, deben ser explicadas a la población.

Ambas posturas pasan por la decisión del gobierno norteamericano que tiene sus propios intereses y consideraciones. Pero al margen de este elemento fundamental está la preservación de la credibilidad y la integridad del liderazgo opositor, un activo fundamental en la lucha contra la dictadura. No es aceptable a estas alturas del juego mortal por la salvación de la república, en la que estamos embarcados los venezolanos, que no se le hable con claridad a la gente y al mundo exterior. Por ejemplo, si se trata de una discusión abierta sobre las sanciones, la oposición le debería pedir al gobierno norteamericano y a los gobiernos de otras naciones como México y Colombia, que se actúe de manera concertada si la dictadura venezolana insiste en avanzar en su intento de asamblea constituyente fraudulenta.

Estamos en días de fuego. La república está bajo asedio y ya la dictadura entró en una fase terminal de represión que hará escalar el pavoroso número de muertos de los últimos cien días. Si la dirigencia opositora pretende sacrificios adicionales de la población no le queda otro remedio que hablar con claridad sobre el cruel dilema que enfrentamos. Como diría el León Británico, Winston Churchill, en estos días solamente se puede ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Y liderazgo claro y sólido añadiría yo.



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