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opinión

Carlos Nieto Palma

Crisis en los calabozos policiales

22 julio, 2017

Desde hace mucho tiempo vengo denunciando la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva del país y la violación masiva a los derechos humanos de las personas que allí se encuentran recluidas, crisis que ha sido generada por la incompetencia y negligencia del Ministerio para el Servicio Penitenciario, quien se ha negado a asumir su responsabilidad en la tutela de los privados de libertad del país tal y como lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio.

En Venezuela hay aproximadamente 500 centros de detención preventiva que albergan cerca de 47.000 reclusos, que sumados a los 57.000 presos que están en los recintos carcelarios que están bajo el control del Ministerio Penitenciario nos da una población privada de libertad en Venezuela de 104.000 personas, cifra nunca vista en la historia de Venezuela, nunca la crisis de nuestro sistema penitenciario había sido de la magnitud que hoy vivimos.

El pasado martes 18, Una Ventana a la Libertad, organización que dirijo, presento el informe “La violencia y las enfermedades arropan a los centros de detención preventiva: Situación de los centros de detención preventiva en Venezuela” correspondiente a una investigación realizada por nuestro equipo en el primer semestre de 2017 (Enero-junio).

El informe presenta los resultados de un diagnóstico exhaustivo realizado, sobre la situación derechos humanos de los privados de libertad, en 89 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población privada de libertad del país.

El informe contiene datos sobre: 1. Derecho de las personas privadas de libertad a la vida, a la integridad personal y la prohibición de tortura. 2.- Infraestructura y condiciones de los centros de detención preventiva. 3.- Acceso a servicios de salud, higiene y alimentación a los privados de libertad dentro de los centros de detención preventiva; y 4.- Respeto del derecho a la defensa y al debido proceso de los privados de libertad en los centros de detención preventiva. De igual forma monitorea hechos de como: motines, huelgas, fugas, intentos de fuga, secuestros, asesinatos, muertes e introducción de armas de fuego o drogas a los calabozos.

Una Ventana a la Libertad constató que los centros de detención preventiva monitoreados tienen una capacidad para albergar a 1910 privados de libertad; pero en realidad, para junio de 2017 albergaban un promedio de 8249 privados de libertad, lo que implica que hay una sobrepoblación de 6339 privados de libertad, que suma un 432%.

Documentó, además, que del total de privados de libertad un estimado de 475 son mujeres, 95 son menores de edad, 32 son extranjeros (que en su mayoría no poseen documentos de identidad) y 7 son personas GLBTI.

De igual forma el estudio revela que al menos 2765 (33,52%), del total de personas detenidas en estos centros de detención preventiva, han recibido condena, pero no han sido trasladados a sus centros de reclusión definitivos.

El 86,52% de los centros de detención preventiva monitoreados no posee servicio de comedor, el 85,39% no cuenta con áreas recreativas y el 82,02% no tiene áreas de visitas; con lo que se ven afectados derechos fundamentales de los detenidos como el de la alimentación y el de recibir visitas de sus parientes y abogados.

El 84,27% de los centros no cuenta con servicio médico; el 69,66 no tiene servicio de agua potable; el 57,30% no cuenta con servicios higiénicos; el 59,55 no tiene servicios de recolección de basura; lo que implica que los centros ser conviertan en espacios propicios para la transmisión de enfermedades infecciosas y contagiosas, que afectan el derecho a la salud de los privados de libertad.

Se constató también que la mayoría de los centros de detención no cuentan con espacios diferenciados para la población femenina, para detenidos menores de edad ni para la población GLBTI, con lo que vulneran derechos fundamentales de estos grupos.

“Resulta preocupante que los menores de edad privados de libertad tengan que convivir con adultos y que estén expuestos a enfermedades o hechos de violencia, que se desarrollan como producto del hacinamiento y de la falta de servicios esenciales alimentación, agua potable, servicios higiénicos, entre otros”, señala el estudio.

Sólo 3 de los 89 centros de detención preventiva monitoreados tienen áreas especiales para atender a los privados de libertad menores de edad y sólo 2, cuentan con áreas especiales para albergar a la población GLBTI.

Tampoco se garantiza el derecho de las madres de permanecer con sus hijos mientras están en período de lactancia. Sólo 1 de los 89 centros monitoreados cuenta con un área en la que las mujeres privadas de libertad pueden permanecer con sus hijos menores o lactantes.

La responsabilidad de la mayoría de los incidentes registrados durante el periodo recayó en los privados de libertad (el 61,39% de los casos). No obstante, se constató que autoridades policiales fueron responsables en el 37,62% de los casos y en otro hecho, que suma 0,50% del total se identificó como responsable a un funcionario militar.

“Aunque en la mayoría de los casos la responsabilidad recayó en los detenidos, se constató una corresponsabilidad estatal, toda vez que la mayoría de los casos corresponden a hechos de violencia en las que fueron usadas armas de fuego, armas blancas u otros tipo de objetos contundentes, que fueron ingresados a los centros de detención preventiva sin que los cuerpos policiales se percataran de ello o ejercieran acciones preventivas contundentes para evitarlo, con lo que queda en evidencia una corresponsabilidad de los cuerpos de seguridad del estado, por omisión” advierte la organización en el estadio.

Este estudio incluye además un Índice del estado de los derechos humanos en los centros de detención preventiva, que midió el nivel de respeto a los derechos humanos de las personas detenidas en centros de detención preventiva, a través de la percepción y opinión calificada de expertos locales. Este instrumento reveló que la región en las que hay mayor gravedad en la violación de los derechos humanos de los privados de libertad es la conformada por La Gran Caracas y los estados Miranda y Vargas.

Los invito a leer este informe en la página web de Una Ventana a la Libertad www.unaventanaalalibertad.org

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@cnietopalma



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