opinión

Asediar rojitos en el exterior

19 Mayo, 2017

Se viene popularizando una práctica en la cual exfuncionarios del régimen y sus familiares, residenciados o de visita en el exterior, al ser detectados por venezolanos que se sienten víctimas del régimen, son asediados por éstos en residencias, comercios, restaurantes o sitios públicos, generándoles situaciones incómodas y penosas, como práctica para de alguna manera compensar los males que esas personas o sus familiares han generado en las vidas de los venezolanos, entre los cuales ellos se encuentran.

Esta práctica tiene beneplácito entre algunos que llevan vida miserable en esta Venezuela de hambre, enfermedades, muertes, desprecio por la dignidad humana, violación de derechos humanos y mucha injusticia que navega en los ríos de la impunidad, todo fruto de la acción de una oligarquía que pretende adueñarse del poder y usufrutuar para sí los recursos de la patria. Se entiende que las perversas realidades venezolanas vienen de la mano de esa oligarquía, que son funcionarios activos o emigrados, de ahí el asedio a ellos y sus familiares, y que tales actos representan una manera de compensar y resarcir de alguna manera el daño nacional sufrido.

Sin embargo esas prácticas pueden también representar un mal para esos venezolanos que protestan de esa manera, por cuanto la legislación de los países en los cuales se encuentran pueden contar entre sus actos delictivos el mal poner públicamente a las personas, lo cual pudiera acarrearles juicios donde podrían resultar sancionados y por lo tanto perjudicados.

En estos tiempos ha habido especialistas que han comentado el tema de los derechos humanos y su extraterritorialidad jurisdiccional para hacerlos cumplir. En efecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento suscrito por la mayoría de los países de la comunidad mundial, contiene principios naturales y sociales cuya violación puede ser demandada en cualquier país con independencia del lugar en el cual se hayan verificado los hechos delictivos, de ahí la procedencia de unos cuantos casos que ya han sido juzgados y sentenciados por la Corte Internacional de Justicia (órgano de las Naciones Unidas), la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (órgano de la Organización de Estados Americanos) así como por tribunales nacionales de países firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo que los venezolanos en el exterior, en lugar de tomar la “vía de hecho” para hacer justicia, pueden activar los mecanismos existentes sobre casos documentados, con lo cual se puede lograr más de los que la protesta logra alcanzar.

En efecto, el triunfo en un órgano judicial de derechos humanos, además de llevar a la cárcel al delincuente activa mecanismos para incautar bienes y dinero mal habidos, los cuales pueda rescatar la república para destinarlos a la recuperación nacional. Además, de que estas actividades contribuirían a perfeccionar el mecanismo internacional para sancionar estos delitos, entre ellos la violación de los derechos humanos, lo cual tendría un beneficio para la humanidad.

En consecuencia, es la vía judicial que nos hemos dado en la civilidad, la manera más efectiva de sancionar al delincuente e indemnizar a Venezuela.



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