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opinión

La legitimidad de la FAN

21 abril, 2017

La FAN es una de las instituciones fundamentales del Estado, es común asignarle como facultad el monopolio de las armas de la República, tiene su origen en el art. 328 de la Constitución que le asigna como atribución garantizar la independencia y soberanía, la defensa de la integridad territorial, el mantenimiento de orden interno y participar en el desarrollo nacional. El término legitimidad tiene como esencia calificar lo que se ajusta a la ley, en este caso, a la Constitución Nacional.

Bajo el atributo del sentido común es posible entender que la carta magna en su artículo 329 determina la composición de la institución, así el Ejército se ocupa de las operaciones en tierra, la Armada las de agua y la Aviación la del aire, mientras que la Guardia Nacional coopera con esos tres componentes y además se ocupa de mantener el orden interno. Así cualquier otro instituto para la defensa nacional tiene que estar bajo el mando de uno o varios de los mencionados. Cuando surge uno que escapa a sus fueros y asume sus roles, ello es ilegal, y si actúa bajo la mirada indiferente o colaborativa de los componentes mencionados, como son los casos de la milicia o los cuerpos civiles armados que asumen la calidad de colectivos o agrupaciones violentas, faltan a sus deberes y obligaciones constitucionales.

El mencionado artículo 328 indica que no tienen militancia política y, por lo tanto, no representan alguna de ellas. Esto, es de entender, por cuanto el ciudadano venezolano es libre para asumir las posiciones políticas de su preferencia (Art. 62) y en consecuencia la institución armada no puede usar las armas de la República para intervenir ese derecho. Cuando su estructura se identifica con la ideología “socialista, chavista y revolucionaria” hacen entender que los venezolanos que no asuman esas cualidades son sus contrarios o a lo menos quedan fuera de su protección, lo cual coloca en oscuridad la mencionada facultad constitucional que se le concede a la población civil de determinar libremente su ideología, por cuanto ese ejercicio, cuando contradice esa ideología, puede impactar negativamente en su bienestar. Esto es violatorio de la Constitución.

Han planteado que su fundamento es hacer respetar los derechos de los poderes constitucionales constituidos, como lo son la Presidencia de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia han dejado entender que lo que determinen será por ellos defendido e impuesto. Mas, han privilegiado ese derecho dejando a un lado el que tiene el pueblo venezolano a decidir su futuro mediante elecciones, las cuales están constitucionalmente establecidas y cuyos plazos han vencido, sin embargo esos derechos del pueblo, que están por encima de cualquier otro (Art. 5) quedan desplazados ante lo que entienden son los de la Presidencia de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. Este escenario se mueve en la oscuridad de la ilegalidad.

Por último: ¿Dónde está la legitimidad de la FAN?



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