opinión

Leonardo Morales P.

La tropa y Maduro

21 Abril, 2017

Es la calle la protagonista, son las avenidas, las veredas y las autopistas las que albergan a millares de ciudadanos hartos de un gobierno indolente y deslegitimado por su incompetencia para atender los reclamos ciudadanos. No es solo Caracas, son también los pueblos y las grandes ciudades de Venezuela, las que al no ser oídos se asoman en grandes manifestaciones para ver, sí así, el gobierno se da por enterado.

Dos respuestas alegan Maduro y su comando militar: la primera, copia fiel y exacta de su antecesor y de algún otro gobernante, la atribuye a un plan desestabilizador, agregando para vestirla de nacionalismo, a intenciones imperiales. Algo de razón les asiste, pero apuntan en dirección equivocada, la desestabilización es una consecuencia de un gobierno que llevó al país una tremenda crisis y a una violación reiterada de una Constitución que es patrimonio de los venezolanos y que, por lo tanto, nadie tiene derecho a violarlo según su mezquino parecer.

La otra salida del gobierno está dirigida a cargar la culpa a la falta de disposición de diálogo de la oposición. Esta no es más que una salida para cargar la responsabilidad a terceros. Un diálogo exige el cumplimiento de los acuerdos y ese es un bien escaso en Maduro y su tropa.

El gran desestabilizador es el gobierno a quien Venezuela le quedó enorme.

Los pueblos toman la calle de tanto en tanto cuando los gobiernos no atienden sus peticiones. El TSJ, ese cuerpo de magistrados nombrados apuraditos por la antigua AN, actuó en violación de la Constitución, desafiando el ordenamiento jurídico y promoviendo la ruptura del hilo constitucional. Ese “impase” revela la falta de cualidad de quienes allí fueron nombrados y, además, pone de manifiesto una infracción mayúscula que debe ser castigada.

Los venezolanos, en atención a la violación de la Carta Magna, tienen derecho a ejercer una petición, consagrada en el artículo 51 de la Constitución, ante el Poder Ciudadano. Ante la certidumbre de un golpe de estado los venezolanos tienen el derecho y el deber de pedir investigación y sanciones.

Impedir el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución conduce a escalar el reclamo. Las instituciones del Estado son públicas y todo ciudadano tiene el derecho a asistir a ellas a elevar sus peticiones. Su impedimento implica otra violación, una nueva de muchas otras, en la que incurre Maduro y su tropa.

La tropa y Maduro, que solo pueden comparecer ante la opinión pública sentados y encerrados en sus Palacios, a buen resguardo de recibir los “amores del pueblo”, agreden y violan los derechos civiles de los venezolanos cuando de manera reiterada reprimen las manifestaciones cívicas y pacíficas, claramente establecidas en el artículo 68 de la Constitución.

La represión, su intensificación y la forma que toma en manos de policías y efectivos militares define su naturaleza. La propia actuación reafirma la certeza de muchos acerca de la complicidad mutua, TSJ, Gobierno y tropa, en la violación de la Constitución que condujo al golpe de estado, porque eso fue lo que ocurrió.

Cuando la agresión es despiadada contra unos manifestantes que, con razón o sin ella, toman las calles para reclamar lo que suponen un derecho, y en este caso la tienen, la masa allí presente, como diría Canetti, “…quedan despojados de sus diferencias y se siente como iguales.” Las calles están tomadas por quienes creen que deben crearse los mecanismos para superar las dificultades presentes, pero también por quienes exigen algo así como la “solución final”. El gobierno, insensato e irracional, los iguala en sus reclamos.

Maduro y su tropa, o viceversa, es lo mismo, torpemente escalan el conflicto y se agudiza la crisis; se aíslan cada vez más, aquí y allende nuestras fronteras.

@LeoMoralesP



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