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Juan Carlos Apitz: Aprobación arbitraria del presupuesto público 2017 es un delito

4 octubre, 2016

nota de prensa / 4 oct 2016.- El ex magistrado Juan Carlos Apitz aseguró este martes que el presidente Nicolás Maduro comete un “grave delito” al pretender aprobar el presupuesto nacional 2017 sin pasar por la Asamblea Nacional, “con la excusa de la incorporación de los diputados legítimamente electos por el estado Amazonas”.

“La aprobación del presupuesto anual de la Nación es una competencia exclusiva de la Asamblea Nacional, tal y como lo disponen los artículos 311 y 313 del Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, la aprobación arbitraria y personal del Presupuesto Público Anual por el Presidente de la República es una usurpación de funciones respecto a la Asamblea Nacional y es un abuso o desviación de poder; por más que cuente con la supuesta autorización de la Sala Constitucional del TSJ, más aún, ello convierte a los Magistrados en cómplices de delitos contra la corrupción”, dijo.

“Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Además, dispone nuestro texto fundamental que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o de la ley. Entonces, la aprobación unilateral del Presupuesto Público, como pretende hacerlo el Presidente Maduro, es inconstitucional pues usurpa una función exclusiva de la Asamblea Nacional, como lo ordena el artículo 187 numeral 6, según el cual a ésta le corresponde: Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público”.

Para el jurista, el presidente Maduro podrá ser enjuiciado por esta decisión. “Por cuanto dicha aprobación presidencial se trata de un evidente abuso de poder, en virtud de la grotesca violación de la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento, el presidente Nicolás Maduro podrá ser enjuiciado por la comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 69 de la Ley contra la Corrupción, según el cual: ‘El funcionario publico que abusando de sus funciones, ordene o ejecute en daño de alguna persona un acto arbitraio que no esté tipificado como delito o falta por una disposición de la Ley, será castigado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años; y si obra por interés privado la pena se aumentará en una sexta (1/6) parte’. Resta sólo hacer la denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República”.



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