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opinión

William Dávila

La politización de la justicia en Venezuela

24 agosto, 2016

El TSJ nació con la Constitución de 1999 para sustituir a la Corte Suprema bajo el argumento de que el país requería un Poder Judicial menos burócrata, más eficiente y autónomo. Así las cosas, la Asamblea Constituyente bajo el subterfugio de ser recipiendaria del Poder Originario del pueblo sometió al poder constituido y, por tanto, a la Corte a su revisión y designios. Se creó la Sala Constitucional, que ha debido ser, conforme lo es en países con democracias establecidas, un Tribunal Constitucional, con autonomía del TSJ para ejercer el control de la constitucionalidad de actos y providencias pero también la interpretación del alcance y sentido de las normas constitucionales, lo cual constituye una fuente directa del derecho venezolano.

Ahora bien, los miembros de la referida Sala hacen fraude o falseamiento de la Constitución cuando hacen interpretaciones políticas para judicializar la oposición. Las dos caras de la Luna: la judicialización de la política lleva a la politización de la justicia en Venezuela.

Desde el momento en que logramos la victoria el 6D el gobierno inicio un fusilamiento a la AN a través del poder judicial. Nunca antes la justicia estuvo tan politizada, pero además desprofesionalizada, pues los magistrados han sido escogidos por su filiación política y sin cumplir las exigencias constitucionales ni los procedimientos. Durante el 2016 ya van casi veinte sentencias anulando providencias del Legislativo, pretendiendo disolver progresivamente la AN mediante fallos incongruentes con el propósito del Texto Fundamental.

El 19 de los corrientes, la Sala dictó una sentencia que anula varias sesiones de la AN por convocatoria fuera del lapso de 48 horas y por modificaciones al orden del día, por lo cual la AN estaría desacatando la sentencia anterior que modificó el Reglamento Interior y de Debates. Se trata de un dictamen mal fundamentado que juzga acciones que durante la pasada legislatura nosotros soportamos: convocatorias tardías y cambios en orden del día. No es el caso de ésta bajo presidencia de Henry Ramos.

Nosotros somos los depositarios del poder originario del pueblo, la SC es un poder derivado, pero además, inconstitucionalmente constituido. Por tanto, estamos facultados por art. 333 y 350 para desconocer lo que en palabras del Prof. Brewer Carias es una ilegitima mutación de la Constitución por parte del juez constitucional. En estos casos, el pueblo ha de arbitrar y el mecanismo es el referendo revocatorio.

@WilliamsDavila



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