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política, titulares

Walter Márquez pide destitución y cárcel para magistrados de la Sala Electoral del TSJ

31 julio, 2016

ND / Tatiana Ferrin / 31 jul 2016.- Los resultados de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, en las que salieron electos los diputados de Amazonas, Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzmana, están apegados a las normas lectorales y a la Constitución de la República, y por lo tanto, debe respetarse la soberanía popular. Así lo señaló Walter Márquez.

Indicó que hay que resaltar que en el expediente que por nulidad electoral cursa ante la Sala Electoral del TSJ, tampoco hay elementos probatorios para declarar la nulidad de las elecciones.

“Como diputado jubilado y profesor de metodología de la investigación de la ULA realicé una profunda investigación y las pruebas presentadas por el oficialismo son falsas, una simulación de hecho punible, que viola las normativas constitucionales y procesales”, explicó, de acuerdo a una nota de prensa.

En este sentido, destacó que “pretender meter presos a los diputados es cometer una gravísima violación de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas y de los diputados de Amazonas, por lo que reitero la solicitud que hicimos el pasado 8 de junio ante la Fiscalía General de la República, junto con los diputados Rafael Veloz y José Luis Pirela, de enjuiciamiento, destitución y encarcelamiento contra los magistrados de la Sala Electoral, presidida por Indira Alfonzo Izaguirre, quienes están incursos en violación de tratados internacionales, grave violación de derechos humanos, dolo, asociación para delinquir, además de fraude y prevaricato constitucional, porque han violado el debido proceso, y cometido errores inexcusables”.

Ante el anunció del procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, quien señaló que deben declararse nulas las actuaciones de la Asamblea Nacional, Márquez sostuvo que “nulas son las actuaciones de la salas Electoral y Constitucional sobre este caso de acuerdo al artículo 25 de nuestra Carta Magna que señala que todo acto que viole o menoscabe las garantías constitucionales es nulo y acarrea responsabilidad penal, civil y administrativa contra quien actúe”.

Ratificó que no existe ni una sola prueba que genere dudas sobre los resultados electorales. “El gobierno alega fraudulentamente a través de Nicia Maldonado un ‘hecho notorio’ de que hubo fraude en Amazonas. El hecho notorio es que los diputados ganaron, fueron proclamados, gozaban de inmunidad parlamentaria de acuerdo al artículo 220 constitucional, y no los podían desproclamar sin un procedimiento de allanamiento de su inmunidad. Otro hecho notorio es que ellos representan la soberanía popular de pueblos indígenas, lo cual está garantizado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, e igualmente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en concordancia con el artículo 125 de la Constitución de la República, y los artículos 63 y 64 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.

Márquez emplazó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, a asumir la defensa de la representación indígena ante el Parlamento, que por mandato del artículo 14 numeral 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de hacerlo, pues ésta expresa que los derechos de los pueblos indígenas deben ser representados por la Defensoría del Pueblo, pero en este caso esta defensoría está avalando la irregularidad del gobierno en contra de los pueblos indígenas.



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