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ni tan al margen, política

El gobierno debe decretar emergencia nacional en materia de seguridad ciudadana y policial

15 julio, 2015

militares_a_las_calles_cortesia_vtv_11may2013ND / Michelle Figueredo / 15 jul 2015.- El Secretario General de Avanzada Progresista, Juan José Molina, aseguró este miércoles que el Ejecutivo nacional debe mejorar sus políticas en materia de seguridad.

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Así lo dijo a través de una nota de prensa que podrá leer a continuación:

Los últimos actos criminales cometidos en el país, especialmente aquellos perpetrados salvajemente contra funcionarios policiales y altos oficiales de nuestra Fuerza Armada obliga al gobierno a considerar seriamente un decreto nacional en materia de seguridad ciudadana y policial.

Destinado a proteger a los venezolanos ante los azotes del hampa organizada, que cada día tiene más hombres y mejores armas.

Entre las medidas urgentes destaca la dotación de equipos y armamento moderno para todas las policías del país, sean estas dirigidas por alcaldes o gobernadores afiliados al gobierno así como por quienes son en el terreno político opositores.

Esta es una de las materias que implica un diálogo constructivo, positivo, nacional que no distingue colores ni toldas partidistas pues así como caen asesinados funcionaros del gobierno así también se ven afectados los otros sectores de la sociedad.

Hasta la fecha el gobierno nacional ha venido discriminando malsanamente la dotación de equipos para las policías en estados y municipios gobernados por opositores creando debilidades estructurales que son aprovechadas por las bandas criminales.

No concebimos la existencia de policías municipales, regionales y nacionales sin ningún tipo de coordinación que terminan duplicando o triplicando el mismo trabajo, trabando las investigaciones o muchas veces perdiendo esfuerzos humanos y materiales por falta de organización y por la existencia de planes policiales que terminan todos en un fracaso.

El gobierno central ha implementado 21 planes de seguridad a lo largo de los años sin que ninguno de ellos haya disminuido la delincuencia y en ninguno de esos 21 planes ha sido considerada la participación, la colaboración de las policías municipales y regionales cuyas autoridades civiles sean de corrientes políticas distintas al PSUV.

Nosotros afirmamos que ningún plan de seguridad tendrá éxito si no participan en ellos los tres niveles de autoridad del Poder Público.

Hay medias inmediatas como aquellas dirigidas al control del parque motorizado que han tenido rotundo éxito en otros países: La identificación del conductor motorizado mediante el uso de chalecos y cascos codificados. La prohibición del uso de acompañantes en moto en ciertas horas y en ciertos lugares. La distribución de la vigilancia en puntos o zonas especiales entre funcionarios municipales, regionales y nacionales.

Deben eliminarse las mal llamadas zonas de paz, ya que estas no cumplieron el objetivo que se persiguió con la propuesta, sino que se convirtieron en centros de albergue de delincuencia, violencia y drogas, Enfrentando de la manera más violentas a los cuerpos de seguridad del Estado.

Pero el exterminio no puede ser en términos policiales, la respuesta del Gobierno en materia de Derechos Humanos.

Intensificar el proceso de saneamiento de los distintos cuerpos policiales y la aprobación de leyes especiales sobre la materia mediante la discusión abierta y democrática en la Asamblea Nacional en donde el partido de gobierno se ha negado insistentemente a evaluar y debatir los distintos planes de seguridad adelantados hasta la fecha por la sucesión ininterrumpida de ministros del interior quienes rotan continuamente y nunca son evaluados.

Sistematización en los programas y cursos de formación policial, sistematización en la remuneración y en las condiciones de trabajo entre todos los funcionarios en todo el país, seguros de vida para ellos y sus familiares, acceso a viviendas dignas, coordinación en los méritos para ascensos y una normativa nacional para el ingreso y egreso de un instituto policial hacia otro distinto.

La negativa del gobierno de corregir la fallas económicas mediante un diálogo con las fuerzas productivas, con el sector privado y la negativa de adelantar planes de seguridad coordinados con todos los alcaldes y gobernadores ha repercutido por una parte en una crisis económica devastadora que combina inflación, recesión, desempleo y desabastecimiento y por la otra en un aumento exponencial de la delincuencia.

El Presidente y el gobierno deben entender de alguna manera que hay materias de interés para todos los venezolanos y que el sectarismo, la exclusión y la persecución política lo que hacen es empeorar las condiciones de vida de los venezolanos.



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