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opinión

pedagogía y criterio de honradez administrativa

8 marzo, 2015

El 23 de septiembre de 1963, ya llegando al final del quinquenio presidido por Rómulo Betancourt, se realizó en Venezuela el Primer Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras, solicitud de sede que el Gobierno de Coalición había planteado un año antes en el IV Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras celebrado en la República de Austria. Las ideas del Presidente Betancourt sobre la materia, que constituyen raíces de honestidad sobre las cuales se erigió Acción Democrática para su permanencia en el tiempo y en la historia, son las que sonsacamos de las palabras de instalación del evento.

opinan los foristas

Para los países de la América Latina ha sido tradición histórica fundamental, de inspiración bolivariana y de raigambre democrática, la función contralora que sobre la buena marcha de la administración pública debe ejercer el pueblo a través de sus representantes.

Es una idea central de todo el ideario político bolivariano, expresada en documentos como el discurso del Congreso de Angostura de 1819 o del Congreso de Bolivia en 1826, la preocupación del Libertador por la creación de mecanismos de fiscalización que garantizaran a la democracia el buen uso de los fondos públicos. Betancourt señalaba que es función característica de un gobierno democrático, por cuanto las ideas filosóficas que informan este sistema suponen la vigilancia activa del pueblo en el empleo que de los recursos nacionales hagan sus mandatarios libremente elegidos.

Esta acción fiscalizadora de la forma como se administran los dineros fiscales y los patrimonios de las naciones –afirmaba Betancourt- es particularmente necesaria en la América Latina. Esto lo exaltaba citando al escritor francés Pierre Gaxotte: “Las naciones no se encuentran a sí mismas si no admiten que sus desgracias son hijas legítimas suyas”. Porque “desgracia” han sido en nuestros pueblos los métodos inescrupulosos con que en muchos de ellos han sido administrados los dineros públicos.

El vicio del peculado tiene sus raíces hundidas en la Colonia. Los juicios de residencia instaurados por la Corona española no impidieron que virreyes, gobernadores y capitanes generales amasaran fortunas ilícitas utilizando en beneficio propio los resortes del poder. La Primera República heredó la innoble práctica y contra ella lanzaba sus truenos agresivos Simón Bolívar. Esta es una frase, recordada por Betancourt, que refleja su repudio y angustia por el reflorecimiento en las patrias recién creadas del vicio del peculado: “Se deben destrozar en los papeles publicados a los ladrones del Estado; se debe hacer caer sobre estos delincuentes todo el desprecio de la sociedad y todo el rigor inexorable de la ley”.

Venezuela –y eludirlo sería en nosotros ausencia de sentido histórico- ha sido una de las naciones de América Latina donde dictadores y déspotas se han enriquecido más y en forma ilícita desde los puestos rectores del gobierno. Por eso en nuestro país, durante el Gobierno de Coalición, existió un estado de conciencia agresivo contra el peculado y las otras formas de utilizar la coyuntura del poder para el enriquecimiento personal. Dijo Rómulo: “Intérprete ha sido el gobierno que presido de este sentimiento profundo de la nación venezolana cuando no se ha limitado a trabajar con brío y decisión para erradicar dentro del ámbito nacional las prácticas inmorales en el manejo del patrimonio público. Ha ido más lejos. Extraditado ha sido de Estados Unidos, y de acuerdo con los términos de un tratado bilateral entre ese país y el nuestro firmado en 1922, el ex dictador derrocado por las Fuerzas Armadas y el pueblo el 23 de enero de 1958; y será juzgado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de enriquecimiento ilícito, en juicio tramitado de acuerdo con las leyes de la República y con disfrute el reo de todas las garantías para su defensa, que son normales en países donde rige un estado de derecho”.

Con este proceder el gobierno de Venezuela no actuó a impulsos de retaliaciones y venganzas. Se procuró sentar un precedente ejemplar. Agregó Rómulo: “Tradición venezolana y de otros países, e inmoral tradición, ha sido la de individuos que enriquecidos a costa del patrimonio de sus compatriotas mediante el abuso de los resortes del gobierno, han podido disfrutar en el extranjero de insolentes despliegues de riquezas mal habidas. Evidente resulta, para quien con ánimo desprejuiciado analice esta conducta, que no podía asumirla sino un equipo integrado por hombres que con asepsia han manejado los dineros y bienes de la nación que gobiernan, y que ni dentro del país ni fuera de él disponen de depósitos bancarios, de bienes inmuebles o de participaciones en empresas mercantiles o industriales, obtenidos mediante el tráfico de influencia y las otras formas bien conocidas del enriquecimiento ilícito”.

Tan convencido estaba el Gobierno de Coalición que el problema de la erradicación del peculado tenía dimensión universal, que presentó a consideración y debate en las Naciones Unidas un proyecto de convención multilateral. Las bases fueron discutidas y aprobadas en el Consejo Interparlamentario, que agrupaba a los representantes de los organismos deliberantes de la casi totalidad de los países. Ese proyecto se relacionaba a las medidas que debían tomarse en el plano internacional contra las personas que en el ejercicio de sus actividades públicas se hicieran culpables de enriquecimiento ilícito. Se buscaba que las naciones rescataran los bienes mal habidos de ex gobernantes incursos en el delito de peculado, cualquiera que fuese el país adonde se hubiesen transferido bienes amasados mediante la concusión y el abuso del poder.

El sentimiento en el pueblo de Venezuela contra el manejo ilícito de los dineros públicos quedó también consagrado en las leyes promulgadas entre 1959 y 1963. La Constitución promulgada en 1960 determinó que la Contraloría General de la República era “un organismo auxiliar del Congreso en su función de control sobre la hacienda pública” y que “gozará de autonomía en el ejercicio de sus funciones”. Se dispuso así mismo que el contralor de le República fuese elegido por el Congreso y que informaría a este último sobre su actuación anualmente y, además, en la oportunidad en que el Congreso lo solicitara.

Fue un orgullo de este gobierno la celosa vigilancia para el cumplimiento de estas normas y el que la Contraloría General de la República actuase libre y enérgicamente en la aplicación de las sanciones a los funcionarios que resultaron culpables por delitos, faltas o negligencias en la administración, recaudación, custodia o inversión de los bienes nacionales.

Durante este período constitucional, la Contraloría sustanció 442 expedientes de averiguaciones sobre irregularidades administrativas, resultando implicados en dichas averiguaciones 1.477 funcionarios. De los expedientes sustanciados, 154 fueron a petición de los ministros del despacho ejecutivo; 35 a petición de los institutos autónomos; 31 por denuncias de particulares; y 202 de oficio por la Contraloría General de la República.

Estos datos indican que en los altos niveles de la administración pública se aplicó la fórmula martiana de poner de moda la honradez, y como afirmó Rómulo: “saldremos del poder tan pobres como al poder llegamos, en cambio sí persisten en escalones subalternos de la administración pública rezagos de las tradicionales taras del mal manejo de los dineros públicos. Por lo mismo el termocauterio de la sanción se está aplicando y se seguirá aplicando a quienes sean descubiertos en uso ilícito de la función pública; y la sanción carcelaria y el desprecio de la nación caerán sobre quienes incumplan las rígidas normas de la ética administrativa que constituyen lección imperecedera que a la Venezuela de siempre le ha dado el gobierno por mí presidido”.

El Presidente Betancourt concluyó sus palabras, en esta primera reunión de naturaleza fiscalizadora que se realizaba en América Latina, exigiendo recomendaciones contentivas de principios, normas y mecanismos que contribuyesen a solucionar los complejos problemas del control fiscal mediante sistemas modernos, ágiles y certeros que garantizaran su mejor aplicación, ofreciendo la modesta colaboración de la experiencia venezolana en la búsqueda de mejores instrumentos para la fiscalización de las actividades administrativas dentro del marco democrático.



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