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opinión

Humillados en cadenas, insolentes en libertad

15 marzo, 2015

Hacia finales de 1963, con la campaña electoral llegando a su final, fueron fría y cobardemente asesinados cinco miembros de la Guardia Nacional y heridos mujeres y niños en el tren de El Encanto que semanalmente llevaba a personas de Caracas a pasar el fin de semana en Los Teques. Los miembros de la Guardia Nacional fueron asesinados por la espalda, disparando sus asesinos cuando el tren pasaba por uno de los túneles. Los victimarios pintaron consignas, alardosamente retadoras, indicando que ese asesinato cobarde lo había realizado el Partido Comunista.

opinan los foristas

El Gobierno de Coalición, presidido por Rómulo Betancourt, respaldado por el deber elemental irrenunciable de garantizar la paz pública, con claros y precisos elementos de carácter legal, ordenó que parlamentarios del partido Comunista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueran detenidos y que se les siguiera juicio militar, en aplicación del artículo 244 de la Constitución Nacional. Actuó el gobierno de forma firme, decidida y enérgica frente a los comunistas y frente a quienes –para recordar las palabras de Simón Bolívar- “se humillan en las cadenas y se insolentan en la libertad”. No se trataba de una medida dictatorial o autocrática, sino de la implantación de un régimen representativo y democrático de gobierno, tal como se justificó en alocución dirigida al país por el Presidente Betancourt el 7 de octubre de 1963.

En el preámbulo de la Constitución se fijaban los fines que perseguía el Estado venezolano: “Mantener la independencia y la integridad territorial de la nación, fortalecer su unidad, asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones…”, “Amparar la dignidad humana…”, “Sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos…”, “El repudio a la guerra…”

Todos los actos de los órganos del Estado debían estar dirigidos a alcanzar esos fines, que son los que dan unidad a la actividad estatal y que son el fundamento filosófico para la interpretación de las normas constitucionales. A tal efecto, el artículo 143 de la Constitución consagraba la inmunidad parlamentaria para alcanzar los fines del Estado y no los fines individuales de personas o grupos de personas investidas de funciones legislativas.

La inmunidad se estableció como una prerrogativa concedida a senadores y diputados para mantener la independencia del órgano legislativo frente a la posible acción arbitraria del órgano ejecutivo y de los particulares. Pero cuando esta prerrogativa se utiliza para fomentar la guerra, o para destruir la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones, o desconocer el orden democrático, la prerrogativa no existe por carecer de fundamento y justificación constitucionales. Por eso, la institución de la inmunidad de los parlamentarios no funciona sino en el caso de delitos políticos o comunes y no de delitos de rebelión militar que atentaran contra los fines del Estado señalados en la Constitución.

Se abrieron las averiguaciones sumariales correspondientes y se ejecutaron varios autos de detención, a juicio soberano del juez en uso legítimo de su autonomía. De no haberse adoptado esta tesis y criterio hubiesen continuado actuando impunemente y a discreción los individuos que eran los autores intelectuales responsables de los actos de terrorismo que ocurrían en el país. En todo caso, las posibles acciones a que dieran lugar los delitos de naturaleza militar cometidos por senadores y diputados estaban sujetos al orden judicial, dentro de la ley, al derecho de defensa y a la revisión de las decisiones mediante los recursos ante los tribunales de superior instancia y Corte Suprema de Justicia.

Todo el país estaba convencido de que los jefes y maquinadores de los actos de terrorismo realizados en Venezuela para esta época eran los parlamentarios de ambos partidos, quienes interpretaban la inmunidad como impunidad, mientras se asesinaban policías y militares, se realizaban acciones terroristas contra empresas industriales y comerciales, se dinamitaban puentes y oleoductos y se mantenía a la sociedad venezolana en permanente estado de zozobra. Los allanamientos realizados demostraron que eran ajustadas a la realidad las justificadas sospechas que se tenían, documentación que comprobaba la intención de sabotear la electricidad y los teléfonos de Caracas, además de promover un motín en la Cárcel Modelo a fin de lanzar a la calle a hampones allí recluidos, planes donde se pedían armas, explosivos y drogas.

En un retador y alardoso documento firmado conjuntamente por los dirigentes máximos del partido Comunista y del MIR y publicado en un diario de Caracas, ambas organizaciones se responsabilizaron del asalto a un avión comercial, por el acto de piratería realizado en la nave mercante “Anzoátegui”, por el robo de los cuadros franceses, por el asalto a la sede la misión militar norteamericana y por el secuestro del señor Di Stefano. Estas y anteriores actuaciones del partido Comunista y de su apéndice (MIR) determinaron que la Corte Suprema de Justicia los declarara fuera de ley.

En Colombia, como en Venezuela, los estallidos de bombas y de petardos también eran cotidianos, a pesar de que no estaban en época electoral. Esta situación se debía simple y llanamente a que el régimen de Fidel Castro en Cuba vivía horas de desesperación. No obstante el millón de dólares que diariamente le aportaba la Unión Soviética a su vasallo habanero, en Cuba había hambre, en Cuba había incapacidad para afrontar y solucionar los problemas más elementales de la población. El régimen de Castro oscilaba entre su deseo íntimo de apoyar las tesis insurreccionales de China y su necesidad de seguir ligado a la Unión Soviética, porque no podía sobrevivir sin el estipendio que le llegaba de Moscú.

Y entonces el régimen de La Habana impartió a sus dóciles y serviles instrumentos de Venezuela y de Colombia instrucciones para que quemasen los últimos cartuchos de su acción subversiva y antidemocrática para tratar de convencer a sus amos rusos de que lo que sucedió en La Habana podía repetirse en Caracas y en Bogotá, es decir, que podían lograr el establecimiento de otras cabeceras de puente comunista en América Latina. Pero en Venezuela y en Colombia los gobernantes, las mayorías democráticas y sus Fuerzas Armadas estaban demostrando y seguirían demostrando que es muy distinto combatir contra un régimen corrompido como el de Fulgencio Batista y contra unas Fuerzas Armadas desmoralizadas como eran las de Cuba que combatir contra gobiernos democráticos con ancha base popular y contra unas Fuerzas Armadas no anarquizadas, sino unificadas en sus doctrinas profesionales e institucionalistas.

En Venezuela la lucha contra los terroristas comunistas entró en una etapa definitiva. El gobierno no pedía ni daba cuartel. No se podía garantizar que no habría otros atentados terroristas, porque el terrorismo no ha sido nunca fácil de controlar. En la Francia de 1961, donde funcionaba una de las mejores policías del mundo, hubo más de un mil atentados terroristas, consistentes en el lanzamiento de bombas de plástico, atracos a los bancos y a las sedes de organizaciones políticas. Hubo inclusive tres atentados contra la vida del Presidente De Gaulle. Aquí en Venezuela no se contaba con una policía tan eficiente como la francesa, pero se realizaban esfuerzos para hacerla más eficiente y estaba en la calle junto a los soldados, realizando patrullaje en las principales ciudades del país. Y todos los venezolanos, ampliamente apoyando a la democracia, actuaron como policías espontáneos contra el terrorismo comunista. En Anzoátegui, por ejemplo, los realizadores de un acto de sabotaje en el oleoducto de Barcelona tuvieron que lanzarse al río para evitar que el pueblo se tomara justicia por su propia mano con esos agentes de una conspiración comunista importada desde Cuba.

Pero no era sólo contra los comunistas que combatía el gobierno. Combatió también, abierta, confesa y francamente, con las fuerzas reaccionarias de América Latina que estaban derrocando a gobiernos legítimamente constituidos. Venezuela, con la seguridad de que contaba con el respaldo y sostén de sus Fuerzas Armadas, tenía una posición americana; sabíamos que los golpes de Estado anarquizaban a las Fuerzas Armadas, creando entre sus órganos de comando división y rencillas, y abrían el camino para la subversión comunista, porque las únicas formas para que la América Latina tramontara sus dificultades y lograra estabilidad política, vida democrática, justicia social y desarrollo económico progresivo eran las de la sustitución normal de gobiernos por otros mediante el ejercicio pacífico del sufragio y la del marginamiento de las Fuerzas Armadas de las contiendas políticas, actuando como una organización permanente y sólida en defensa de las instituciones democráticas y de la soberanía nacional de los pueblos.

Dijo Rómulo Betancourt: “En Venezuela sólo una escuálida minoría de nostalgiosos del paraíso que se les perdió el 23 de enero de 1958, y los comunistas y sus adláteres –coludidas, entendidas y sincronizadas ambas minorías- se oponen a que este gobierno que yo presido termine pacífica y normalmente, mediante un proceso de comicios. Mientras los dictatorialistas y sus aliados los comunistas, totalitarios de diverso signo pero totalitarios unos y otros, conspiran para que no haya elecciones, tres millones y medio de venezolanos se han inscrito en los registros electorales. El 92% de los hombres y mujeres aptos para ejercer el derecho del sufragio han inscrito sus nombres en los registros previstos por la ley, y tienen en sus manos esa cédula de honor de la ciudadanía, que es el carnet electoral. El primero de diciembre concurrirán a escoger el Presidente y los cuerpos deliberantes que ellos consideren más aptos para enrumbar la República. Realizarán ese acto sin coacción, sin presión del Poder Ejecutivo, que se ha mantenido absolutamente marginado del debate de comicios. Satisfecho me siento como Presidente de Venezuela de que en este momento en que yo les hablo esté presentando su programa electoral en Maracaibo el doctor Arturo Uslar Pietri; de que se encuentre en el Estado Falcón, en campaña electoral, el doctor Rafael Caldera; de que haya realizado un recorrido por el Estado Mérida el doctor Raúl Leoni; de que estén en Caracas en vísperas de salir para el interior del país, a continuar su campaña electoral, el doctor Jóvito Villalba y el doctor Raúl Ramos Jiménez; de que el Vicealmirante (r) Wolfgang Larrazábal y el doctor Germán Borregales hayan podido realizar sus campañas proselitistas. Candidatos de la coalición gobernante y candidatos de la oposición han recorrido el país de un extremo a otro visitando ciudades, caseríos y barrios de poblaciones, con libertad absoluta y total para exponer sus puntos de vista y sus programas de gobierno. Han utilizado libérrimamente la televisión y la radio. No se les ha interferido en ningún momento… Conciudadanos: no está viviendo Venezuela una situación crítica. El control del gobierno está en mis manos. Mucho más firmemente que el 13 de febrero de 1959, cuando me juramenté como Presidente de los venezolanos. Garantiza el gobierno que la ofensiva contra el terrorismo comunista es a fondo, y que no se detendrá, y garantiza también que habrá elecciones libres e imparciales el primero de diciembre de 1963. Y en marzo de 1964 le entregaré el poder al Presidente de la República que elijan los venezolanos, sea cual fuere el partido en el cual milite, o no siendo militante de ningún partido”.



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