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opinión

La cirugía de hierro que hoy se requiere

8 febrero, 2015

Para 1964, la hacienda pública quedó saneada. El presupuesto era sincero, sin déficit alguno ocultado con artilugios de contabilidad. Los ingresos y los egresos estaban balanceados. Se dejó un superávit acumulado en la tesorería nacional de 744 millones de bolívares, que superaba en 154 millones al que existía al comienzo del mandato.

opinan los foristas

El logro de estos resultados no fue fácil, y evitó exponer el país al riesgo de las emisiones periódicas de papel moneda, con su secuela clásica de inflación y aumento del costo de la vida, galopantes; y hubiese sido imposible promover la visible y promisoria tendencia a invertir que se apreciaba en el capital privado, nacional e internacional.

Fue necesario, para situar sobre bases sólidas y estables la hacienda pública, la aplicación de medidas radicales e impopulares. Dos veces se redujeron los sueldos de los empleados del Estado. Estas rebajan afectaron los ingresos de todos los funcionarios de la nación, desde el Presidente de la República, cuyos emolumentos fueron reducidos a la mitad de los que devengaba en 1959, hasta los de los miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. Se eliminó la viciada práctica de los sobresueldos y del pago a los empleados de la nación de las corruptelas abusivas y conocidas con el nombre de “horas extras”. No se designaron titulares nuevos para cargos que quedaron vacantes. Los gastos corrientes, de funcionamiento de la administración pública, se frenaron en favor de los gastos de inversión reproductivos. Mientras en los gastos de educación y sanidad se observó un incremento del 106%, la variación de los otros gastos corrientes fue de apenas el 21%.

Fue necesario y doloroso también limitar algunos programas asistenciales en beneficio de otros encaminados a estimular e incrementar la producción, creándose nuevas fuentes de trabajo para los desocupados. Y aumentar impuestos, desde los que incidían sobre las capas sociales con mayores ingresos, como sucedió con los nuevos gravámenes a la renta y a las sucesiones, hasta lo que tenía un radio de incidencia mayor, como las moderadas alzas en los precios de la gasolina.

Los resultados demostraron que esa política de contracción de gastos de funcionamiento de la administración pública, de poda de la fronda burocrática, fue justa y adecuada. Si en Venezuela existía para 1964 un clima de optimismo y confianza, pese a la subversión; si el Estado disfrutaba de un envidiable crédito interno y externo; si los papeles del gobierno se cotizaban alto, es porque nadie temía a una posible bancarrota de las finanzas públicas. Lograrlo fue posible porque se aplicó, en su hora y momento, una terapéutica de “cirugía de hierro”.

El símbolo monetario nacional -el bolívar- tenía una solidez a prueba de sismos. Las reservas internacionales que los respaldaban alcanzaron, para febrero de 1964, a 763 millones de dólares. Per capita se contaba con reservas internacionales más altas que las de cualquier otro país del mundo. Hubo necesidad en su momento, por razones de balanza de pagos y para evitar la fuga de capitales, de establecer el control de cambios. Esa medida, tal como se sabía cuando se tomó, era necesariamente transitoria. Los controles de cambio habían sido en todas partes, a la larga, fuentes de corruptelas y trabas para el desarrollo económico normal de las naciones. Fue por ello que en tiempo prudencial se eliminó, se decretó y reglamentó la unificación cambiaria.

Pero esa medida no significó, técnicamente, la devaluación del bolívar. Se procedió a hacer, 31 años después, lo que debió hacerse en 1933: equiparar el bolívar al llamado “dólar Roosevelt”, cuando en aquella fecha fue devaluado el fuerte símbolo monetario estadounidense. Venezuela tuvo, hasta 1964, un bolívar sobrevalorizado con relación al dólar. Ello significaba una prima a la importación de lo que en Venezuela podíamos e íbamos a producir. Un estímulo a la exportación de capitales. Un freno a la expansión de las inversiones extranjeras útiles. Un aliciente para quienes compraban dólares baratos en Venezuela a fin de dilapidarlos alegremente en turismo internacional costoso, que se estimaba en 300 millones de bolívares anuales gastados extrafronteras del país.

En cuanto a la deuda externa, no se necesitaron dotes financieras geniales para abrir las posibilidades de financiamiento externo para proyectos reproductivos. Esto se hizo mediante contratos en condiciones sanas, con intereses bajos y plazos largos para cancelar las deudas que así se contrajeron. Era la misma forma utilizada por la totalidad de los países del mundo subdesarrollado para acelerar la dinámica económica y mejorar las condiciones de existencia de los pueblos.

Ya a finales del Gobierno de Coalición (que constituye la Primera Parte de estas “Raíces”) podía señalarse cómo era de pequeña la deuda pública, en comparación con las posibilidades financieras de Venezuela. Contabilizada; sin temor alguno de que existieran compromisos ocultos o simulados, y aprobados todos los empréstitos, internos y externos por el Congreso Nacional, como la ley lo determinaba.

La deuda pública nacional alcanzaba para el 31 de diciembre de 1963 a 1.985 millones de bolívares, de los cuales sólo 662 millones de bolívares, o 192 millones de dólares, correspondían a deuda externa.

Las amortizaciones en la deuda externa, para 1964, alcanzaban a 62 millones de dólares, de los cuales 55 millones fueron pagados durante el mes de enero. Para los años siguientes las amortizaciones eran de 30 millones en 1965; 35 millones en 1966; 21 millones en 1967; 22 millones en 1968; 7 millones en 1969; 6 millones en 1970 y 9 millones a ser pagados después de 1970.

Es ineludible una referencia previa al enfoque que haremos, a grandes trazos, de la acción administrativa del Gobierno de Coalición para 1964. Se refiere al hecho cierto de que en 1959 había una carencia absoluta de planes y de proyectos en los ministerios e institutos autónomos. De ello no se ocupó nunca la dictadura, irresponsable y arbitrista; el gobierno provisional, en un año tan saturado de conmociones políticas, no alcanzó a elaborarlos. Tarea dura fue –cuando la nación reclamaba en forma inmediata que se atendieran sus problemas y se le diera respuesta a sus necesidades represadas en el curso de una década- la de atender sólo a lo perentorio e inaplazable, mientras se planificaba y proyectaba una acción creadora global.

La situación iba a ser diametralmente distinta para el gobierno por venir, que presidiría Raúl Leoni, como una demostración más del sentido previsivo y de la capacidad realizadora del régimen democrático. Se dejó un Plan de la Nación, para ser ejecutado en el próximo cuatrienio, que fue elaborado con seriedad técnica, proyectos de obras elaborados e indicación de sus posibles fuentes de financiamiento.

En el esfuerzo de reforma agraria y riego –sostenido por el Estado a través de un ambicioso programa de construcción y desarrollo de los sistemas de riego y de la ampliación de su asistencia técnica y crediticia- participaron tanto los empresarios del agro como las decenas de miles de campesinos que se incorporaron en forma permanente al proceso productivo, gracias a la reforma agraria. Con las fallas que pudiesen haberse cometido, su puesta en marcha fue de por sí el mejor acierto.

Sesenta mil familias campesinas habían recibido tierra propia para 1964, con el reparto de 1 millón 800 mil hectáreas. Simultáneamente con la tierra se les llevó el crédito oportuno a través del Banco Agrícola y Pecuario –que en los cinco años del Gobierno de Coalición otorgó créditos por cerca de 1.000 millones de bolívares, cifra tres veces superior a la del quinquenio anterior- y la asistencia técnica mediante la creación de 120 agencias de extensión agrícola.

Durante el período se incorporaron en los sistemas de riego existentes más de 30 mil hectáreas y se inició la construcción de 8 sistemas de riego con capacidad para 73 mil hectáreas. De ellos estaban terminadas las represas de Guanapito, destinada a regar 4 mil hectáreas y a asegurar el abastecimiento de agua potable a Altagracia de Orituco, y la de Las Majaguas, primera etapa del sistema Cojedes-Sanare, con capacidad para 30 mil hectáreas y cuyo desarrollo se inició a comienzos de 1964 dentro del programa integral que había de orientar la explotación de ese sistema. En ejecución se encontraban las de Boconó, Guanare, Santo Domingo, Cariaco, El Pilar y Tamanaco. Ya se había licitado los proyectos correspondientes al río Limón y El Tocuyo. Estaba concluido el proyecto para la represa de Camatagua, también con capacidad para 30 mil hectáreas, y los estudios para el desarrollo de la zona del sur del Lago de Maracaibo, que incorporaría cerca de 500 mil hectáreas a la explotación agropecuaria de la rica región zuliana.

No fue por azar que el proceso de reforma agraria se complementó con la política de irrigación, ya que la productividad y la elevación del nivel de ingresos de la familia campesina sólo lograría resultados halagadores de la conjunción de ambos.

Dentro de todo ello, la vialidad terrestre fue objeto de un trabajo intenso orientado a la conclusión de la red principal de carreteras y al desarrollo de las vías de penetración y de los caminos secundarios, que cual sistema capital conectase los pequeños núcleos poblados a los centros más dinámicos del país.

En la red básica nacional la comparación de dos guarismos refleja el esfuerzo realizado en el quinquenio constitucional que concluía en 1964: de 14.700 kilómetros a que ascendía la longitud de las carreteras atendidas por el Ministerio de Obras Públicas, se llegó a la cantidad de 16.100 kilómetros. Se construyeron 2.537 kilómetros, lo cual significó un aumento de 1.500 kilómetros en la red vial. De esa red vial, para 1958 solamente estaba pavimentada el 37% (5.500 kilómetros). Para 1964 estaban pavimentados 11 mil kilómetros, el doble. Y junto a esta acción de incorporar muchas regiones del país que se encontraban aisladas, se superaron barreras también con los puentes que comunicaron a la red nacional terrestre de forma permanente la zona occidental del Zulia y el estado Apure, conectando promisorias regiones allende el Orinoco y el Caroní.

El desarrollo de la vialidad terrestre estuvo acompañado de mejoramiento de los puertos y de la red nacional de aeropuertos del país, que comprendió, entre otras obras, la ampliación de las instalaciones de La Guaira, los nuevos muelles de Guanta, el puerto general de San Tomé y la próxima iniciación de los nuevos muelles de Puerto Cabello. Se construyeron 6 aeropuertos y se mejoraron y ampliaron otros 29.

Especial mención debe hacerse a la espléndida autopista Puerto Cabello-Caracas y al hecho de que en cinco años de gobierno se construyeron 107 kilómetros de autopistas. En 9 años de la dictadura se construyó 108 kilómetros de autopistas. La comparación demuestra cómo en democracia se construye por encima (y a menor costo) de las autocracias venales y dilapidadoras del dinero público.

En el campo de las comunicaciones, se amplió la red telefónica urbana con la instalación de más de 83 mil nuevos aparatos, y estaba en ejecución el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que se concluiría en 1967 y comprendía la expansión gradual de las instalaciones y el mejoramiento de la calidad de los servicios de telefonía urbana, telefonía de larga distancia, nacional e internacional, y el sistema de telex.

Sobre estas bases, y otras que reflejaremos en los próximos capítulos, la Revolución Democrática iba ampliando sus raíces.



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