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opinión

labor social superior

15 febrero, 2015

El esfuerzo realizado a todos los niveles en el campo de la educación nacional durante el período 1959-1960 del Gobierno de Coalición fue de tal magnitud que bien pudiera decirse que ningún país ha logrado extender la educación a tantos en tan poco tiempo. Durante los cinco años de gobierno se elevó la matrícula escolar de aproximadamente 1 millón de alumnos a cerca de 1 millón 700 mil, o sea un incremento de casi el 70%.

opinan los foristas

Este propósito, perseguido sin pausa, permitió una drástica reducción del analfabetismo a sólo un 21% de la población de quince o más años. Característica esencial de esta labor fueron una matrícula en la educación primaria de casi un 90% de la población en edad escolar y una ampliación de las oportunidades de estudio en los campos de la educación media y superior.

Este crecimiento de la población inscrita en los planteles educacionales de todas las ramas, aparte de exigir la preparación acelerada del personal docente en la primera fase de la expansión, representa un esfuerzo, sin paralelo en el siglo 20, en lo que se refiere a la dotación de facilidades físicas. Solamente en edificaciones para la escuela primaria se construyeron 6.300 aulas, frente a 5.700 construidas en los 60 años anteriores.

Convencido el gobierno de que para afrontar el vasto problema de formación de recursos humanos no era suficiente la colaboración de la educación graduada para adolescentes y jóvenes, resolvió crear en 1959 el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), con la doble misión de dar entrenamiento en servicio a los obreros y empleados de las empresas agrícolas e industriales y de capacitar a la juventud desempleada. Durante su corta gestión, hasta 1964, el INCE capacitó a más de 35.000 obreros y empleados en servicio y sus planes futuros se propusieron atender anualmente a no menos de 80 mil personas.

Es justo destacar la valiosa colaboración económica y técnica de las empresas privadas en el mantenimiento del INCE, cuyo presupuesto era cubierto en un 80% por aportaciones de tales empresas (con ingentes incrementos en los próximos años), con lo cual se despertó una nueva conciencia de servicio social en el país.

El Gobierno de Coalición tenía conciencia de que el sistema escolar estaba necesitado de reformas estructurales profundas, muchas de las cuales debían apoyarse en modificaciones de la Ley de Educación de 1955, las cuales debían estar respaldadas por investigaciones, experiencias y ensayos previos que las justificasen como valiosas, en relación con las condiciones reales de nuestro medio y de nuestras tradiciones.

Por ello la política del Estado en cuanto al reajuste de la ordenación legal y la estructura del sistema educativo tendió a evitar reformas legales prematuras, asentadas sobre teorías o ideas generales y a cimentarlas, en cambio, en experiencias controladas que hiciesen perdurables tanto las nuevas estructuras como la legislación que las sancionara.

De tal manera, partiendo de un diagnóstico completo de la realidad educativa del momento, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos, se adelantó un amplio programa de estudios y realizaciones, que fueron desde el funcionamiento de núcleos escolares rurales hasta la instalación de nuevos institutos de nivel superior, comprendiendo la creación también de escuelas-granjas, liceos y escuelas industriales de tipo experimental, donde se desarrollaron nuevas técnicas para mejorar la capacitación de nuestros recursos humanos, en clara sintonía con las realidades de Venezuela.

Igualmente grandes fueron los esfuerzos realizados en defensa del recurso más preciado: nuestro capital humano. Tanto en el campo de la medicina preventiva y curativa, se lograron avances de importancia, especialmente en el medio rural. En los cinco años de gobierno la expectativa de vida al nacer aumentó a un promedio de diez meses por año, para colocarse en los 66 años, que fue la cifra más alta conocida en la zona tropical para un país de la extensión de Venezuela. Las tasas de mortalidad general e infantil descendieron a 7,3 por mil habitantes y por 48 mil nacidos vivos, respectivamente, para 1963.

Conjuntamente con el incremento de más de 5 mil camas en los hospitales del Estado, equivalente a un 20% del total de los servicios asistenciales oficiales y con haberse sextuplicado el número de alumnos atendidos por el programa de comedores escolares, se hizo un esfuerzo extraordinario en lo que se refería al abastecimiento de agua potable, tanto en el medio urbano como en el rural. Dos cifras son suficientemente reveladoras de la magnitud de la obra realizada: la capacidad de los embalses de los sistemas operados por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias creció de 32 millones de metros cúbicos en 1958, a casi 400 millones de metros cúbicos para comienzos de 1964, o sea un incremento de casi 12 veces. La población servida por acueductos se elevó de 4 millones 383 mil personas, de las cuales 2 millones 968 mil por acueductos urbanos y 1 millón 415 por acueductos rurales. Esto significó un incremento de población servida de 65% con respecto a 1958. De acuerdo con el programa en marcha para entonces, en 1966 todos los centros poblados entre 500 y 5.000 habitantes estarían provistos de acueductos.

En cuanto al grito colectivo por servicios de agua, se dio respuesta positiva a ese clamor generalizado, que no era sólo de pueblos pequeños sino de urbes con gran densidad de población, como Caracas y Maracaibo. La necesidad de agua fue repartida coherentemente en el territorio nacional.

La labor realizada por el Gobierno de Coalición en el campo de la vivienda se ejecutó a dos niveles: la construcción directa y el otorgamiento de créditos, y la creación de los instrumentos necesarios para atacar frontalmente el agudo problema existente en el país mediante la conjunción del esfuerzo del Estado y el de la iniciativa privada.

Se elevó a 55 mil el número de viviendas construidas directamente por el Estado o financiadas a través de créditos en los 5 años. De ese total, 21 mil correspondieron, por primera vez, a la acción del Estado en el medio rural, donde 150 mil campesinos fueron dotados de vivienda sana. A través del programa de créditos se financió la construcción de 7.245 viviendas, además de otra cantidad similar que estaba en proceso. Este sistema, con aportes del Estado y de las empresas petroleras, contribuyó en gran medida a la recuperación de la industria de la construcción (y que a partir de ese momento siguió ascendiendo a niveles cada vez más elevados). Igualmente fue factor decisivo en el establecimiento de nuevos bancos hipotecarios y, complementado con la creación de la central hipotecaria, comenzó a dar bases firmes a un mercado estable de cédulas hipotecarias que permitía atraer mayores fondos del sector privado en forma creciente.

Paralelamente, el establecimiento del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamos en 1961, con préstamos promovidos por la Alianza para el Progreso, siguió cumpliendo un papel eficaz en la canalización del ahorro privado hacia la solución del problema de la vivienda. Se constituyeron 15 entidades de ahorro y préstamo que cubrieron casi todo el territorio nacional.

La Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal, creada en 1962 con aportes del Estado y la utilización de otro préstamos de la Agencia Internacional de Desarrollo, otorgaba créditos para viviendas con acento en las municipalidades, así como comenzó a ejecutarse el programa de remodelación de los barrios de Caracas, integrando comunidades al resto de la ciudad. También el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas comenzó a otorgar créditos para la satisfacción de las necesidades de vivienda del 44% del personal afiliado; los créditos otorgados durante el quinquenio equivalían al 76% de los desembolsos desde 1945, fecha en que fue creado este instituto.

Lo realizado era insuficiente para atender las necesidades de vivienda, pero se habían sentado las bases fundamentales para alcanzar metas más ambiciosas con la creación de los instrumentos que canalizarían un mayor volumen de ahorro privado y la aplicación de nuevos criterios, tanto en la concepción como en la ejecución de los proyectos, para la satisfacción del déficit existente.

Durante los cinco años del Gobierno de Coalición, trabajadores y patronos gozaron de la más amplia libertad en sus relaciones laborales dentro del marco de la ley. Se firmaron alrededor de 3.500 contratos colectivos que cubrieron a más de 400 mil trabajadores, alcanzando los beneficios de la contratación a un número de por lo menos el doble. Las principales mejoras obtenidas fueron en materia de salarios, vacaciones, elevación de las indemnizaciones por despido, jubilación y vivienda.

Tan elevado número de contratos colectivos se realizaron con un mínimo de conflictos huelgarios, mediante la libre negociación, sin imposiciones ni presión por parte de las autoridades, que se limitaron su intervención a la natural función conciliadora que le es propia. Sólo hubo 36 huelgas en 5 años, aproximadamente una por cada cien contratos firmados. Porcentaje tan extraordinariamente bajo no se registraba en otro país de América con libertad sindical.

Este resultado fue fruto combinado de la política de marcado contenido social desarrollada por el gobierno, de la conducta responsable de las organizaciones sindicales cuyos dirigentes –sin demagogia y sin claudicaciones- defendieron los intereses de las clases obrera y campesina, así como de la actitud receptiva de los sectores empresariales.

Es de justicia reconocer que los dirigentes del movimiento sindical venezolano prestaron invalorables servicios a Venezuela y a los trabajadores. Hombres probos aquerenciados en la decorosa pobreza. Líderes que defendieron los intereses específicos de los asociados en sindicatos y ligas campesinas, pero que al propio tiempo supieron conciliar sus peticiones laborales con los intereses generales de la nación. Demócratas de militante y apasionada fe, que siempre dieron el paso al frente, con alardosa decisión, para apoyar y sostener al gobierno constitucional. Fueron los conductores de una lucha recia, que erradicaron todo vestigio de influencia totalitaria en los sindicatos urbanos y campesinos.



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