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opinión

Juan Páez Ávila

Gobierno sin ley

30 septiembre, 2014

Si a las violaciones a los Derechos Humanos por parte del régimen que presidió Hugo Chávez, le agregamos una mayor y brutal represión del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, y el rotundo fracaso en materia de desarrollo económico del país y del bienestar de los venezolanos, la complicidad con funcionarios públicos, señalados internacionalmente, con vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles, domina las calles y sobre todo los barrios más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes en una semana, a miles en un mes y a un total de más de 150 mil en los 14 años de gobierno autoritario, sin respeto a ninguna Ley, que ha destruido las principales empresas públicas, como las de Guayana y PDVSA, más las privadas expropiadas y otras amenazadas, la mayoría que creyó que Chávez iba a arreglar el país y votó por él en varias oportunidades, comienza a buscar otro rumbo democrático y de progreso para todos los venezolanos, porque los herederos han resultados peores.

opinan los foristas

Una de las primeras manifestaciones de gobernar al margen de la Ley, fue la violación de la orden o del testamento del Presidente de la República, Hugo Chávez, de que Nicolás Maduro terminara el período que se vencía el 10 de enero de 2013 y fuera escogido como su candidato en las elecciones que se realizarían de acuerdo a lo establecido en Constitución Nacional Bolivariana, con lo que se hizo evidente de hacia dónde nos conduciría la tendencia autoritaria que impuso el difunto Comandante en Jefe, desde su elección hasta diciembre de 2012, cuando apoyado o inspirado en esa política, los poderes Públicos se coludieron para que continuara en el poder usurpado, el Vicepresidente.

Los venezolanos no disponemos de una instancia nacional independiente para defender nuestros derechos constitucionales, desconocidos o violados por funcionarios públicos en complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus atribuciones.

Son varios los casos conocidos públicamente de ciudadanos que han apelado a todas las instancias legales del país y se han considerados burlados en sus derechos legales, y han acudido a organismos internacionales investidos de autoridad por Acuerdos y Convenios ratificados por Venezuela, para hacer valer sus derechos. En nuestro territorio solo nos queda protesta en la calle, tal como lo comenzaron a realizar los estudiantes de diferentes universidades, en el marco de la Carta Magna, aunque altos funcionarios gubernamentales los hayan acusado de desestabilizadores.

De allí que la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ordenada por el extinto Presidente Chávez, no solo retrocedió nuestro país a etapas primitivas de gobernar sin sometimiento a las leyes nacionales e internacionales, sino a la voluntad personal del gobernante, que asume ilegalmente todos los poderes del Estado, como en las antiguas monarquías o en algunos regímenes personalistas que se creen enviados por la Providencia o por mandato de una historia creada por ellos, incluso para traspasar dicho poder a sus descendientes.

Afortunadamente, nuestro país está enrumbado hacia la lucha de masas en la calle, según acordado por la Mesa de Unidad (MUD) cuando eligió por unanimidad a Jesús (Chúo) Torrealba como Secretario Ejecutivo y a unas elecciones en las que la mayoría de los electores escogerá los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, y en las que la Alternativa Democrática , puede y debe darle un vuelco a Venezuela, restaurar el sistema republicano de independencia de los Poderes Públicos y poner en funcionamiento de las instituciones de una democracia moderna.

Después de 14 años de violación de los Derechos Humanos de venezolanos inocentes, sentenciados a 30 años de presidio por orden del desaparecido comandante eterno, Hugo Chávez, como en el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Forero y Rivas, los policías que también fueron encarcelados injustamente, la Juez Afiuni sentenciada por el ex-Presidente en un programa de televisión, el país democrático puede y debe intentar ponerle fin a semejantes arbitrariedades, y sobre todo impedir que las siga cometiendo el heredero Nicolás Maduro, sin una instancia internacional a la cual apelar, derrotándolo en la calle y en las elecciones del próximo año.



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