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opinión

La locura judicial en el caso Scarano

24 marzo, 2014

Con vergüenza por mi gremio, el de los abogados, me toca explicar con la mayor claridad, sin demasiados ritos técnicos, para que se entienda muy bien, por qué hemos venido diciendo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha pisoteado la Constitución, al punto de hacerla letra muerta.

opinan los foristas

Uno de los elementos básicos de la Constitución es el llamado “debido proceso” en el cual se encuentra el derecho a la defensa. Para ello, se establecen en las normas constitucionales una serie de principios básicos en materia de prevención y castigos de delitos. Concretamente, se tiene que toda persona tiene derecho a un juicio justo en caso de ser acusado de haber cometido un hecho ilícito. La frase “juicio justo” implica que se le otorguen una serie de garantías que le permitan defenderse ante eventualidades arbitrariedades del juez y del Estado mismo.

Pues bien, la Sala Constitucional mediante sentencia número 136 del 12 de marzo de 2014, perdió todo decoro y respeto por el derecho.

Resulta que días antes, la Sala Constitucional había iniciado un juicio de amparo constitucional y, en la sentencia que inicia el juicio, insta al alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano, a hacer todos los esfuerzos por evitar las llamadas “guarimbas”. Nótese que hemos dicho que se ha iniciado el juicio de amparo, pero el mismo no ha culminado.

Sin embargo, la Sala, sin que exista una sentencia que haya puesto fin al amparo constitucional, cita al alcalde Scarano a una audiencia en la cual, en un solo día, lo condena por no obedecer la decisión del juicio de amparo constitucional, decisión que aún no se había dictado. Nadie puede desobedecer lo que no existe.

Veamos: la Ley Orgánica de Amparos y Garantías Constitucionales establece en su artículo 31 que el desacato a una sentencia de amparo constitucional conlleva prisión de 6 a 15 meses, pero no establece un procedimiento a seguir. La Sala Constitucional venía diciendo desde su misma fundación en el año 2000 que en caso de desacatos se debía seguir el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, por ser un juicio penal.

Sin embargo, la Sala echó por tierra todas sus decisiones anteriores y señaló que el procedimiento del COPP no es el apropiado, y aplicó uno más rápido, el de amparo constitucional, para verificar la existencia del desacato a una decisión de amparo que –insistimos- aun no existía.

Como el procedimiento de amparo tiene por esencia la celeridad, la Sala en un mismo día inició un juicio y lo culminó con una sentencia que condenó al alcalde Scarano a cumplir 10 meses y 15 días de prisión, más el cese de sus funciones en su cargo de alcalde.

Primero: la Sala Constitucional no tiene competencias para ordenar prisión; eso corresponde a los juzgados penales de primera instancia, como lo establece muy claramente el artículo 56 del COPP;

Segundo: que la Sala haya dictado una decisión penal es una aberración ya que elimina la posibilidad de apelar ante un tribunal superior, toda vez que las sentencias de la Sala Constitucional –como ella misma tiene años afirmándolo a diario- no pueden ser apeladas ante nadie;

Tercero: Una de las garantías de los juicios penales es su complejidad, ya que permite al imputado ejercer debidamente su defensa. Por ello, los juicios penales –como todos los juicios en general- no son cortos. Como ejemplo, véase que el juicio al ex alcalde de Valencia, Edgardo Parra, va para seis meses y no se ha decidido aún, mientras que a Enzo Scarano le iniciaron el juicio y dictaron sentencia definitivamente firme ¡el mismo día!

A Enzo Scarano no le imputaron cargos, no tuvo siquiera derecho a preparar debidamente su defensa como es fundamental en los juicios. Se le sentenció en un mismo día, mediante un juicio express que ordenó su prisión así como la separación del cargo para el cual fue electo por todo un municipio.

El caso Scarano deja desnudo a unas personas que no actúan como jueces sino como actores políticos, cual verdugos de las antiguas dictaduras feudales. En eso se convirtió –hasta la perversión- la Sala Constitucional.

Twittter: @rojasperezm



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