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opinión

Nelson Ramírez Torres

Golpe de Estado electoral

2 julio, 2013

Es fácil prever que la Sala Constitucional del TSJ declarará inadmisibles las siete demandas pendientes de admisión contra la elección presidencial del 14-A. Lo legal es admitirlas y comenzar los juicios para que las partes presenten sus pruebas.

opinan los foristas

El desiderátum oficialista es cerrar los casos para que no se hable del fraude electoral ni de la nacionalidad de Nicolás Maduro Moros, pues hasta hoy todo indica que no nació en Venezuela, para lo cual dirán que las demandas no reúnen los requisitos del artículo 180 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) que ordena indicar con precisión la identificación de las partes y narrar los hechos que dieron lugar a la infracción y los vicios en los que incurrió el agraviante. Aplicarán el artículo 181 que dice que “El incumplimiento de lo anterior provocará la inadmisión de la demanda”.

La Sala Constitucional (SC) abusó de su poder, en primer lugar, porque para quitar los expedientes a la Sala Electoral (SE) violó la norma del avocamiento (artículo 25.16 de LOTSJ) que dice: “Avocar las causas en las que se presuma violación del orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”, y, en segundo lugar, porque la SC no tiene competencia para conocer las causas electorales.

Violó ese 25.16 porque cuando decidió avocarse (21-6-13) no existía ninguna violación al orden público constitucional que justificara arrebatar los expedientes a la SE. Tan es así que en la sentencia no explicó cómo fue violado el orden público (no existe ningún hecho), sino que se limitó a decir: “… el asunto que subyace al caso particular tenga especial trascendencia nacional, esté vinculado con los valores superiores del ordenamiento jurídico… las pretensiones que han generado dichos procesos incidan sobre la institucionalidad democrática o el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, particularmente sus derechos políticos. El esfuerzo de esta Sala debe, en fin, dirigirse a aclarar las dudas… en los asuntos litigiosos relacionados con los derechos de participación y postulación, se encuentra vinculado el orden público constitucional… ha sido cuestionada la trasparencia (sic) de un proceso comicial de la mayor envergadura, como el destinado a la elección del máximo representante del Poder Ejecutivo, así como la actuación de órganos del Poder Público en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, de lo que se deduce la altísima trascendencia para la preservación de la paz pública… en tutela de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas, del interés público, la paz institucional y el orden público constitucional, así como por la trascendencia nacional e internacional de las resultas del proceso instaurado”.

¡Vaya cantinflada! Esa sentencia violó el mencionado artículo 25.16 porque no existe ningún hecho, nada concreto, sino consideraciones jurídicas abstractas. La sentencia no respetó uno de los dos polos que debe contener toda decisión: el hecho y la norma. Sólo mediante la correcta calificación del hecho es que puede aplicarse la norma. La SC aplicó la norma que le permite avocarse (en otros supuestos no dados en este caso) pero no determinó el hecho por el que dice presumir que se violó el orden público constitucional. Omitió decir que el artículo 107 de la LOTSJ ordena que el avocamiento se haga “con conocimiento sumario de la situación”, y se avocó sin conocer la situación. Tan es así que la sentencia no mencionó ningún hecho. Con otras palabras: la SC, para quitarle los expedientes a la SE, no sólo usó sofismas sino que abusó de ellos para aparentar su fundamentación, la cual, realmente, no existe. Que se cuestione la elección presidencial de “altísima trascendencia para la preservación de la paz pública”, no permite afirmar que se violó “el orden público constitucional” ni que en las causas haya sido violado.

Además, la SC infringió grotescamente el artículo 107 de la LOTSJ que ordena: “El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática”. La verdad es que más que imprudente, la SC fue arbitraria, toda vez que en la SE no existía desorden procesal, ni había violaciones legales − salvo mora justificable en la admisión de las demandas − ni lesión a la imagen del Poder Judicial, ni amenaza a la paz pública o a la institucionalidad democrática.

Es al revés, es la SC quien, con su avocamiento, atenta contra la imagen del Poder Judicial, tanto porque es a la SE a quien corresponde conocer los asuntos, como porque la sentencia del avocamiento es un impresionante ejemplo de falacias por no especificar ningún hecho concreto.

Tan es al revés que, al recibir los expedientes, la SC solicitó (27-6-13) al CNE − sin que nadie se lo pidiera − “un informe contentivo de las resultas de las auditorías efectuadas por el ente comicial en el proceso de verificación ciudadana, incluyendo la verificación ampliada por decisión de su directorio del 18 de abril de 2013… así como los instrumentos que considere pertinentes a fin de ilustrar el criterio de esta Máxima Juzgadora”. Vale decir, pidió lo de la inefable “comprobación del funcionamiento de la máquina de votación para constatar que sus funciones se ejecutaron conforme con los parámetros legales y técnicos que ya habían sido auditados previamente”.

Esa experticia, solicitada por la SC, se refiere a la comparación del número total de los comprobantes de votación con los datos reflejados en el acta de escrutinio que imprime la máquina, lo cual es absolutamente inútil e impertinente para anular la elección presidencial del 14-A. Con tal prueba se pretende engañar a Venezuela y al mundo. El CNE dice que esa experticia no constituye un nuevo escrutinio o reconteo de votos y que “hacer algo distinto a esto es ilegal”. ¿Ilegal? ¡Enorme mentira!

La verdad es al revés de lo que dice el CNE: la experticia en cuestión es una maniobra burda para intentar confundir, una evasiva frente a la experticia que se debió hacer (promovida por Henrique Capriles Radonski) con los cuadernos de votación, las papeletas de votación y las actas de escrutinio, la cual es la prueba legal, útil y pertinente para probar si hubo o no fraude. Al contrario, la que hizo el CNE es un intento para tapar el fraude, y la SC parece que se apresta para montarse en el mismo andarivel.

Sin duda, la competente es la SE, tanto por la materia como por ordenarlo el artículo 27. 1 de la LOTSJ al decir que debe “Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos, actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral…”, como también porque únicamente son dos salas, la Constitucional y la Electoral las que tienen competencia para conocer amparos constitucionales − no la tienen las Salas de Casación Civil, Penal, Social ni la Político Administrativa −. En efecto, el artículo 27.3 de la LOTSJ ordena a la SE “Conocer las demandas de amparo constitucional de contenido electoral, distintas a las atribuidas a la Sala Constitucional”.

Tan claro es que corresponde a la SE la competencia, que el aparte único del artículo 195 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales ordena que “Los actos, omisiones o actuaciones del Consejo Nacional Electoral agotan la vía administrativa y sólo podrán ser recurridos por ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”.

Si el demandante Adolfo Márquez solicitó que se pida al CNE el acta de nacimiento del señor Nicolás Maduro Moros, ¿por qué la SC no la pidió? Cuando ésta solicitó al CNE la referida experticia comenzó a preparar su solidaridad con el CNE.

Siendo que es a la SE a quien corresponde conocer las demandas, Márquez planteó ayer ante la SC el conflicto de competencia − que debe resolver la Sala Plena − para que decida cuál de las dos salas debe conocerlas. La Sala Plena debería abortar el golpe de Estado electoral.

@NRamirezTorres



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