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opinión

inmediaciones de un allanamiento

31 julio, 2013

inmunidad_a_petkoff_1961_art_luis_barragan_31jul2013Interesan las más o menos remotas vicisitudes del parlamento venezolano, aunque ciertos escolares de la política actual tiendan a despreciar la experiencia acumulada, creyéndola desechable en nombre de la buena suerte que los acompaña. Importa, específicamente, una revisión del primer allanamiento a la inmunidad que se hizo bajo la Constitución de 1961, intentando esbozar una lección necesaria para la coyuntura actual: la materia tiene un fundamental carácter histórico, pero – convertida en un anacronismo político – tiende a ocultar más las verdades de los abusos insurreccionales que de los represivos.

opinan los foristas

El país soportó una recurrente alteración del orden público, agravándose en los meses de octubre y noviembre de 1960 que condujo a la apertura de una averiguación penal por un tribunal de instancia que solicitó la suspensión de las prerrogativas constitucionales de los diputados Gustavo Machado, Domingo Alberto Rangel y Teodoro Petkoff. Admitida para Rangel y Petkoff, la Corte Suprema de Justicia hizo el trámite correspondiente y, previo Informe de la Comisión Permanente de Política Interior, considerado por la Cámara de Diputados, finalmente, el desafuero lo aprobó la Comisión Delegada del Congreso de la República a mediados de 1961, suponiendo el diputado Omar Rumbos que las futuras generaciones únicamente verían con “bastante extrañeza” el auto de la Sala Político-Administrativa Accidental.

En fecha 06/07/1961, las cámaras prorrogan sus sesiones por quince días y, recibidas las actuaciones del Máximo Tribunal, la Comisión de Política Interior invita el 07/07/61 a Rangel y a Petkoff a exponer sus razones, como en efecto ocurrirá tres días más tarde. Vencida la prórroga parlamentaria, la Comisión Delegada sesiona en fecha 02/08/61 (Acta nr. 3), ausentes los congresistas Francisco Faraco, Gustavo Machado y Jesús María Casal Montbrun, por casi ocho horas, para abstenerse de levantar los fueros parlamentarios de Rangel, señalado como responsable sendas editoriales del semanario “Izquierda” de octubre de 1960, autorizando así el enjuiciamiento de Petkoff por los distintos delitos ocurridos en la Ciudad Universitaria en los meses señalados, junto a otras 70 personas detenidas.

La doble comisión

La Cámara de Diputados consideró largamente la materia en dos ocasiones: en fecha 17/07/61 (Acta nr. 61), por cuatro y media horas; y en fecha 19/07/61 (Acta nr. 64), por cinco y media horas, quedando pendiente la sesión extraordinaria para una definitiva decisión del cuerpo. Ésta la adoptará la Comisión Delegada en fecha 02/08/61, como apuntamos, encontrándose en receso reglamentario la Cámara del Senado y la de Diputados.

En la Delegada, el diputado Ignacio Luis Arcaya llamará la atención en torno a una decisión previamente adoptada por los comandos partidistas que no está vinculada con la ética parlamentaria y, por lo demás, haciéndolo inútil, concluye en el costo económico que acarrea el Congreso para la nación. Tomamos nota del alegato, pues, si bien es cierto que cuenta con un carácter político que ha comprometido a las instancias parlamentarias y extraparlamentarias, añadida la opinión pública, no menos lo es que el tratamiento o desarrollo en profundidad del problema, ha podido desembocar en una situación distinta, como ocurrió.

El diputado Gonzalo Barrios, presidente de la Comisión de Política Interior, había expresado que la oposición no variaría la decisión adoptada por la coalición gubernamental, mayoritaria en el Congreso. Prosiguiendo con la reseña periodística (El Nacional, Caracas, 11/07/61), añadió que no pretendía función judicial alguna (aclaratorias, interrogaciones ni actuaciones), a pesar de la invitación formulada a los dos diputados afectados, por lo que manifestó el diputado Rangel: “¿Es decir – preguntó alzando la voz – que Petkoff y Gustavo Machado y yo somos unos delincuentes y asesinos, y que si promovemos una manifestación es para robar y para quemar autobuses?”.

Descartado Machado, los parlamentarios del PCV y MIR hicieron sus alegatos ante la Comisión Permanente, en la que el diputado Arístides Calvani Silva distinguió entre inmunidad e inviolabilidad, estimando que el allanamiento no representaba una capitis diminutio; los diputados Fabricio Ojeda y Luis Miquilena, indicando la necesidad de conocer más a fondo los hechos; o el diputado Manuel Vicente Ledesma, considerando que no podía violentarse el secreto sumarial, ni solicitar otras actuaciones, insistiendo el diputado Rangel en la descalificación de los integrantes de la Corte Suprema.

El diputado Pedro Ortega Díaz recordó que, por el allanamiento del diputado Antonio Pulido Villafañe, COPEI solicitó una mayor investigación de los hechos en 1948, y, en lo misma sesión de la Comisión Delegada, el diputado Godofredo González también reiteró lo dicho en la Comisión de Política Interior, al ratificar que el parlamento no cuenta con competencias judiciales, aclarando que el diputado Pulido Villafañe no había sido escuchado por comisión alguna.

El caso presentó varias particularidades, pues, por una parte, el auto de la Corte indica la comisión de varios delitos cometidos en Ciudad Universitaria (homicidios, lesiones personales, porte ilícito de armas, interrupción de la actividad universitaria, violencia, resistencia a la legítima autoridad), cuya amplitud le permite considerar al diputado Arcaya que “a los incidentes más triviales se les da un carácter extraordinario y de peligrosidad y de que se acabó el mundo y se acabó este país y ocho meses después …”; mientras la coalición gubernamental, por voz del senador Luis Beltrán Prieto Figueroa, esgrime la lentitud de la “organización judicial” y, al diferenciar entre procesabilidad y culpabilidad, estima pertinente el proceso judicial. Por otra, la propia existencia del secreto sumarial que permite dudar o confiar de las diligencias jurisdiccionales, como ocurrió algunos lustros después con el allanamiento de un parlamentario incurso en un delitos de drogas; o, acotemos, la circunstancia de Petkoff como diputado suplente al Congreso y, a la vez, principal de la Asamblea Legislativa del estado Miranda que llegó a presidir (Tribuna Popular, Caracas, 06/05/60), por lo que – inferimos – no fue el dirigente secundario que él mismo presumió, sirviéndole de alegato para pedir la anulación del auto de la Corte en la sesión de la Cámara del 17/07/61 debido a su (des) incorporación, siendo fácil adivinar una coartada ilimitada.

La oposición argüirá que parte del clima de violencia se debe a campañas como las emprendidas por la Cadena Capriles, añadiendo – por la vía del diputado Rangel – que el desprestigio judicial está abonado por la ola de robos, sin que le extrañe que sea afectado el centinela del cuartel policial de Cotiza o de las oficinas de la Policía Técnica Judicial, y “aparezca raptado un agente por algún ladronzuelo audaz”. Pareciéndole hablar al país del siglo XXI, agregó que las cámaras no afrontan los problemas de la inseguridad ni del desempleo, causantes de la violencia. Empero, para un adicional contraste con el presente, debemos subrayar la extensión – la rica extensión – de los debates que permitía considerar las distintas perspectivas del problema, adentrándose también en importantes conceptualizaciones, en el seno de la Comisión Permanente, en la Cámara o en la Comisión Delegada, aunque fracasó la propuesta formulada en ésta de una Subcomisión que ventilara el problema.

Inhabilitación

El diputado Jorge Dáger, en la Delegada, versó sobre el exceso de violencia incomprensible para un diputado al que le faltaban ocho días para la cesación de su inmunidad, convirtiéndose – por si fuese poco – en intérprete de la intervención del diputado Barrios, ya que – entrelíneas – la medida tendía a proteger al PCV. Colocaba el acento en la amenaza más sentida, la inhabilitación política del aludido partido, junto al MIR, para la cual – refirió antes el diputado Rangel – el gobierno no tenía fuerza, aunque – con los allanamientos – buscaba ilegalizarlos, insistiendo en su llamado al diálogo. Valga la coletilla, inhabilitación estaba en el ambiente, susceptible de las más variadas interpretaciones, como la de Ramón Antonio Villarroel: “intención de fraude electoral implícito” (El Venezolano, Caracas, 03/08/1963).

El diputado Ortega Díaz aseveró que “nosotros hemos demostrado que ese allanamiento es una agresión política del Gobierno a sus enemigos políticos de la oposición”, como respuesta al diputado Barrios, quien antes había asentado: “Pareciera que somos nosotros o es el Gobierno o la Sociedad quien ha agredido al Partido Comunista y a los que piensan más o menos en la misma tendencia”. Será en mayo de 1962, acumuladas las más graves circunstancias, que se hará efectiva la inhabilitación de ambos partidos, sin acarrear la inmediata pérdida de las prerrogativas de sus parlamentarios, excepto Eloy Torres, sorprendido en medio de uno de los dramáticos alzamientos del quinquenio.

Originalmente planteado el allanamiento de los diputados Gustavo Machado, Domingo Alberto Rangel y Teodoro Petkoff, la Corte descarta al primero y la Cámara al segundo de los nombrados. En su defensa, Petkoff alegará que, para finales de noviembre de 1960, exhibiendo la constancia suscrita por el director del Clínico Universitario, presidente de la Federación Médica y militante de Acción Democrática, se encontraba hospitalizado, siendo posteriormente objeto de una intervención quirúrgica. En casa, recibe también la visita de los dirigentes estudiantiles copeyanos Luis Corona, Álvaro Páez Pumar y Adel Muhamad.

El presidente de la Cámara, diputado Rafael Caldera, le llama la atención por una expresión “indecorosa”, relacionada con el célebre dicho de Cambronne en Waterloo, revelando la habilidad discursiva que ulteriormente desarrollará el joven dirigente, quien disertará sobre el imperialismo y la defensa de Cuba; los acontecimientos que favorecían al movimiento opositor que “crecía arrolladoramente”, logrando la excarcelación de Humberto Cuenca, Héctor Pérez Marcano y Rafael José Múñoz; hará una larga lectura de sendos documentos internos de AD; celebrará el “hermoso” símbolo de la quema del automóvil del embajador estadounidense, Teodoro Moscoso; y considerará el proceso del cual era objeto, como expresión del que atentaba contra la juventud venezolana por obra de un comando de ancianos de la Corte Suprema, con arterioesclerosis mental como los diputados Barrios y González. Además, apuntó que no se atrevieron a juzgar al diputado Machado por la resonancia que adquiriría, diferente a la de un “dirigente de segunda categoría”.

Dos factores lucen fundamentales en la diatriba, como el proceso recreador de la Cuba revolucionaria en Venezuela, con sus evidentes y marcados impulsos insurreccionales en un clima golpista de derecha, y el papel desarrollado por el MIR y, sobre todo, a la luz de su III Congreso, el PCV. Los sucesos de finales de 1960, adquieren francas características subversivas, motivando la suspensión de las garantías y su ratificación en enero de 1961, generando un extenso debate de las cámaras en sesión conjunta del 01/02/61 (Acta nr. 3), aproximadamente de doce horas: “En octubre y noviembre hubo Rangel en la formas insurreccionales que el pueblo espontáneamente opuso contra la persecución de que era víctima y que se avivaron en esa llama todopoderosa del descontento y de las explosiones sociales aparejadas por la miseria creciente que reina en las clases mayoritarias del país”, afirmará el diputado Rangel en la ya mencionada reunión de la Comisión Delegada. Sumemos lo dicho por el diputado José Vicente Rangel en la misma sesión, respecto a la intención de inhabilitar al PCV, seguido por el MIR, hasta alcanzar a su partido, URD.

En larga entrevista concedida a Ramón Hernández (1983), Petkoff recordará los eventos semi-insurreccionales (SIC) de 1960, su actuación como presidente del Centro de Estudiantes de Economía, la movilización hasta la sede del Congreso de la República, duramente reprimida por los cabilleros adecos: “Los acontecimientos no los creamos nosotros”. Despejando nuestra principal incógnita, comentará que, en efecto, le fue allanada la inmunidad parlamentaria, pero el juez penal Gastón Navarro Dona no le dictó inmediatamente el auto de detención, sino que lo hizo en enero de 1962, por hechos distintos.

Puede decirse que Navarro Dona no encontró suficientes elementos de culpabilidad para una inmediata aprehensión, después de julio de 1961, pero también que no hubo una fijación gubernamental por radicalizar el acecho, la persecución y castigo del dirigente, dando espacio al juego político. A modo de ilustración, sintetizada su trayectoria por Jesús Sanoja Hernández (La Razón, Caracas, 11/05/1997), Petkoff ingresará definitivamente a la lucha armada con sus más variadas y hasta espectaculares incidencias. Gustavo Machado, antes de iniciarse una de las sesiones.

Brevísimo anecdotario

Las tres reuniones de la Cámara de Diputados, agregada la que fija la sesión extraordinaria, más la de la Comisión Delegada, sin considerar la Comisión de Política Interior, suman alrededor de 20 horas de prolongados debates en atención al final allanamiento de un diputado suplente. Orador alguno sufrió limitación de tiempo para sus intervenciones, obligando a la prórroga de las sesiones para escuchar los pormenorizados argumentos que tuvieran a bien formular, por cierto, en sintonía con los partidarios del gobierno y de la oposición que hallaban cupo en las barras.

Contrastante también con el actual parlamentarismo, por muy delicados que fuesen los señalamientos y grave la situación planteada, prevaleció la consideración personal, la serenidad, el respeto y el reconocimiento del adversario en el hemiciclo. No hay una frase desvergonzada, soez, procaz u ofensiva, sino la atención al hecho político que exigió profundidad de los oradores, con la libérrima presencia de la prensa en cada sesión.

Gonzalo Barrios dirá de la “desesperanza existencialista” de Domingo Alberto Rangel; éste, increpará al gobierno con las generosas metáforas acostumbradas, apostando por las masas populares que liberarán a los parlamentarios eventualmente presos; o aquél afirmará que Rangel habla como si le hubiesen allanados sus fueros, pidiendo “bajar de tono, descender de la epopeya a la prosa sumarial”. Rangel publicará un extenso artículo de opinión, esgrimiendo sus razones políticas y jurídicas (El Nacional, Caracas, 11/07/1961), como era habitual en los más destacados dirigentes al cubrir tan importante, clarificadora e indelegable faceta.

La polémica sobre el primer desafuero realizado bajo la novísima Constitución de 1961, reporta algunas características de la institución protectora del parlamento: el acuerdo ha de ser razonado, coherente y fundado; implica una suspensión y no pérdida de la investidura, en beneficio del órgano del Poder Público; al aprobarlo, la cámara no prejuzga; ella no cuenta con competencias judiciales, imponiéndose la oportunidad política; el antejuicio evita toda confabulación o conspiración. No bastará con la sola voluntad allanadora del partido de gobierno, sino que las distintas relaciones y condiciones políticas le imponen un paciente ejercicio de la razón confrontada, incluso, de naturaleza estrictamente jurídica, a pesar de las apremiantes circunstancias, que reivindican la existencia de los órganos deliberantes.

A título de conclusión

Únicamente, el espíritu revanchista y manipulador del actual oficialismo, podrá apelar a los allanamientos de la inmunidad parlamentaria de los que presume sus legítimos antecesores, en la década de los sesenta. Excepto los razonamientos jurídicos, poca o ninguna familiaridad guardan con las circunstancias presentes, por lo que incurriría en un anacronismo político que diga concederle alguna autoridad moral.

Por ejemplo, el primer allanamiento ocurrido bajo la por entonces novísima Constitución de 1961, afectó al diputado suplente Teodoro Petkoff. Además de las tres sesiones de la Cámara de Diputados que comportó, las requeridas por la Comisión Permanente de Política Interior y la de la Comisión Delegada del Congreso de la República, más de veinte horas acumularon los oradores para exponer sus alegatos, nunca limitados de tiempo, con la presencia de sus partidarios en las barras y la de la prensa libérrima, en el hemiciclo y demás instalaciones del Capitolio Federal, entre julio y agosto del citado año.

Originalmente, un juzgado de primera instancia en lo penal planteó el desafuero de Gustavo Machado, Domingo Alberto Rangel y Petkoff, desestimando la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa Accidental la solicitud en relación al primero de los mencionados. Desde el principio, en la Cámara de Diputados, solamente estuvo planteado el nombre de Petkoff, por los hechos investigados que – además – tuvieron características insurreccionales, de octubre y noviembre de 1960.

Negada su participación en los eventos específicamente acaecidos en la Ciudad Universitaria de Caracas, tuvo ocasión Petkoff de ejercer extensamente su defensa en la Comisión de Política Interior y en la plenaria de la Cámara. Sobrevino el receso parlamentario y le correspondió a la Delegada allanarlo, tras una larga y respetuosa discusión que, por graves que fuese la coyuntura, nunca pisó el terreno de la obscenidad.

Efectivamente allanado, el juez Navarro Dona no le dictó inmediatamente el auto de detención. Se dirá que no halló elementos que lo autorizaran, pero también que no hubo una fijación del gobierno para acechar, perseguir y castigar a Petkoff, en atención al juego político que impuso una dosis importante de paciencia. Valga acotar, la detención se produjo en enero de 1962, por motivos diferentes.



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