opinión

Carlos E. Aguilera A.

Cacería de brujas

4 Junio, 2013

La incruenta persecución a los líderes de la oposición, incluido el propio candidato a la presidencia Henrique Capriles, a Leopoldo López, Ismael García y Richard Mardo, entre otros dirigentes políticos no sorprende a quienes piensan que los socialistas de nuevo cuño tienen entre sus principales objetivos prolongarse en el poder en nombre de una supuesta revolución representativa de los intereses populares. Lo que si llama la atención, y a la reflexión, es la gravedad e intensidad de los ataques a quienes, por los cauces democráticos, reclaman la verificación de los escrutinios. Se ha declarado una verdadera guerra sin cuartel contra quienes discrepan de la verdad oficial.

opinan los foristas

Una auténtica cacería de brujas con la inmediatez – que por cierto brilla en otros casos en los que se encuentran involucrados personajes de la revolución socialista, marxista, bolivariana y por ende comunista, como lo afirmara Fidel Castro – se ha desatado para intimidar a quienes ungidos por sus derechos constitucionales vienen reclamando desde el mismo día en el que CNE dio a conocer los “resultados” (¿) del 14 de abril pasado.

¿Acaso es un delito?. Probablemente para los neo socialistas venezolanos encubiertos en la mal llamada revolución bolivariana constituya un delito, porque en su interregno político esa acción de legitimidad de los derechos ciudadanos si lo es. De allí, que lejos de procurar el diálogo con quienes los adversan, se han abocado a incoar juicios contra los más destacados líderes de la oposición, con la aviesa intención de encarcelarlos y de esta manera silenciar sus encendidas voces.

Lamentablemente, la solidaridad inmediata y agresiva de los países de la ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) con Maduro se revela como un importante instrumento defensivo y político de un bloque de países americanos, con gran peso en las relaciones internacionales. Una solidaridad que esperó el pueblo venezolano de sus hermanos latinoamericanos, y que con pocas excepciones alcanzo a medias, y por ello Henrique Capriles se vio en la necesidad de elaborar una agenda de visitas internacionales que inició en Bogotá, para explicar la crítica situación que vive nuestro país, a raíz de la legitimación absurda que hiciera el CNE al declarar ganador de las elecciones a Maduro.

Por otra parte, las protocolarias relaciones diplomáticas y decisiones de organismos tradicionales como la OEA, cuyo Secretario General, José Miguel – por cierto – se deshizo impúdicamente de este compromiso, infelizmente no han sido superadas porque hubo un categórico e inmediato pronunciamiento de los Gobiernos que han mantenido una estrecha amistad política o económica con Chávez. Y el respaldo a la rápida posesión de Maduro fue una demostración activa y sorprendente de aliento.

El clásico principio de “no intervención en los asuntos internos de otro Estado” parece haber quedado obsoleto, ante la realidad que vive el continente.

El apoyo incondicional, especialmente de los países de la ALBA, no contempla digresiones sobre cualidades o aptitudes de un gobernante, cuestionamientos electorales o abusos de poder.

La causa revolucionaria que aparentemente se representa hermana voluntades y compromisos de los líderes que coinciden con el socialismo y excluye cualquier otro tipo de consideraciones.

El clientelismo en lo interno y el presuroso apoyo en lo externo de los Gobiernos identificados con revoluciones mediáticas de corte socialista, son valiosos elementos que se deben considerar en el futuro en las contiendas políticas latinoamericanas, lo cual obliga a la oposición a revisar sus estrategias para competir en el futuro inmediato en igualdad de condiciones, tarea ésta en que cual se encuentra abocada desde hace tiempo la Mesa de la Unidad.

No será por la vía de la amenaza, el vituperio y la prepotencia, que el gobierno (¿) de Maduro intimide a los más altos exponentes de la oposición, a los empresarios privados y a los dueños de los medios, ni utilizando la técnica fascista de la desfiguración del contrario, sin presentar prueba alguna, para seguir sembrando el odio y estimular una espiral de violencia, atentando al mismo tiempo contra la eminente dignidad de los venezolanos.

El artículo sesenta de la Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”. Lo mismo contempla los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Venezuela. A partir del artículo 442, el Código Penal impone multa y cárcel por ofensas al honor de las personas. Nuestro Código Civil garantiza el resarcimiento por el daño moral causado y la Carta Magna el derecho a réplica y rectificación.

¡A veces la justicia tarda, pero llega!

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

careduagui@yahoo.com

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