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La presa más antigua de Mérida

24 Diciembre, 2012

Javier I. Mayorca / del blog Crímenes sin Castigo.- Sioly María Torres Zambrano es la presa más antigua de la cárcel de Mérida. Fue detenida en abril de 2004 por el homicidio de Jesús Antonio Guerrero López, un dirigente agrario ligado al oficialismo.

opinan los foristas

En este caso, la discusión no es si Torres mató o no a Guerrero. Efectivamente, la ingeniera hizo el disparo que finalizó con la vida del hombre en la hacienda San Miguel, ubicada en Santa Elena de Arenales, cuando era invadida por una turba en la que él participaba.

La finca pertenecía a Alejo Torres Vielma, papá de la rea. Este hombre fue noticia en 1998 cuando fue secuestrado y luego “vendido” al Ejército de Liberación Nacional. Su hijo, y hermano de Sioly, Luis Orfanelli Torres, negoció un intercambio con los guerrilleros para que él fuese el rehén en vez del patriarca, que en ese momento tenía 79 años de edad. Una vez en libertad, éste pudo buscar el dinero para pagar el rescate. Mientras esto ocurría otros miembros de “organizaciones campesinas” auspiciadas por el IAN (actual INTI) se apropiaron de una finca suya en Santa Bárbara del Zulia.

Sioly Torres, desde luego, no es una de las consentidas del Gobierno. En eso se parece a la jueza María Afiuni. Sólo que su calvario ha sido más prolongado. Con ella, dura lex. Para ella, la justicia revolucionaria con su peor cara. Lejos, por ejemplo, de los mimos dedicados a Rosita.

Cuando Torres mató a Guerrero la finca era “custodiada” por agentes de la policía regional que más parecían proteger a los propios invasores. Luego de disparar con la escopeta, la mujer fue desarmada por los uniformados y quedó a merced de los acompañantes del líder agrario, quienes le dieron una golpiza y casi la matan.

Para el momento en que la presentan, el tribunal tuvo que constituirse en una clínica de El Vigía. Los abogados pidieron la postergación del acto, pero la animosidad contra la mujer era tal que en ese mismo momento ordenaron recluirla en el penal merideño. El juez que lo hizo anteriormente había sido abogado de la Contraloría regional, y no tenía los cinco años necesarios para ejercer como titular de un juzgado.

Obviamente, ante todos estos problemas la finca dejó de producir y el Gobierno ejecutó la expropiación.

Torres fue sentenciada a 16 años de prisión por homicidio intencional, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad junto a otras cuatro personas que la acompañaban. Este año cumplió formalmente la mitad de la pena. Pero en realidad lo que cuenta es su penuria. Su padre murió por el efecto postraumático de aquel secuestro. La finca que ocasionó su lucha es ahora propiedad comunal. En el encierro, la mujer de 48 años de edad ha intentado quitarse la vida, lo último que le queda.

Leyenda de la imagen: Sioly Torres permanece en la càrcel de Mérida

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