opinión

Vladimiro Mujica

TalCual / ND

Chávez contra Chávez

6 Diciembre, 2012

Una de las paradojas más intrigantes de la Venezuela de estos últimos años es el aumento de la conflictividad social sin que ello tenga aparentemente ninguna consecuencia para la estabilidad del gobierno. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró más de 5000 protestas durante el año 2011, y el número correspondiente para 2012 aumentará considerablemente según las proyecciones.

opinan los foristas

Algunas de estas protestas son orquestadas y dirigidas por sectores de la oposición, pero, en una estadística completamente esquizofrénica, la gran mayoría de ellas parece ser de sectores del chavismo descontentos por los incumplimientos del gobierno en materias que cubren el abanico completo del manual de padecimientos de los venezolanos: salud, vivienda, seguridad y empleo. En una cierta medida el chavismo tiene dentro de sí una especie de oposición de baja intensidad que va por derroteros diferentes y tiene expectativas aparentemente muy distintas de la oposición política, propiamente dicha, al régimen. Puesto en el lenguaje de la revolución: la contraloría social popular le reclama sus incumplimientos e ineficiencia al gobierno.

El asunto no pasaría de ser una más de las peculiaridades del sainete de la revolución tropical chavista, pero en rigor pienso que hay que meditar en profundidad sobre este fenómeno porque en entenderlo puede estar una de las claves para articular una estrategia opositora que combine la acción electoral con el conflicto social. En primer lugar está el hecho de que la protesta del chavismo refleja una de las perversiones más grotescas de lo que insiste en presentarse como el Poder Popular. La relación del gobierno con muchos de los sectores que lo apoyan no es una relación mediada por instituciones sino que se origina en una especie de conexión directa entre los poderosos, especialmente con el todopoderoso Comandante, y los individuos. Esto se traduce en una relación de dependencia donde el obtener la vivienda, el empleo o la ayuda depende de estar en buenos términos con quien la entrega. No es pues el ejercicio de un derecho ciudadano al que se accede de un modo institucional y conocido sino un reparto de favores que debilita la dignidad del favorecido y lo pone en una condición de minusvalía frente al poderoso que otorga el favor.

En segundo lugar está el hecho de que el gobierno ha hecho un arte el manejar la ficción de que en Venezuela hay libertad de protestar, inclusive se da el lujo de permitir que se publiquen y se digan muchas cosas en contra del régimen, sin prestarle ninguna atención a las protestas, que terminan por convertirse en verdaderos gritos del silencio. Por supuesto que existen áreas neurálgicas del descontento a las que el gobierno sí les presta atención y reprime con mucha firmeza, entre ellas el descontento sindical, militar, estudiantil y, por supuesto, la desobediencia de los poderes públicos a las órdenes del Ejecutivo, algo que se puede traducir en condenas ignominiosas como las de la jueza Afiuni, los comisarios Vivas y Simonovis y los militares encarcelados.

La oposición decidió correctamente que el grueso de su esfuerzo se debía orientar a construir su fortaleza electoral en una alianza unitaria. Mucho menos acertado fue el abandono de la protesta social. Solamente dos ejemplos deberían ilustrar el hecho de que es necesario replantearse las cosas en esta materia: los sindicatos de Guayana y las universidades.

En ambos casos se permitió que cada uno de estos sectores librara su lucha por su lado, en lugar de integrar sus demandas a una visión de cambio democrático que combinara el camino electoral con acciones concretas en el terreno de la protesta social.

Una actuación clara de la dirección opositora en esa dirección puede conducir a algo que en este momento resulta inconcebible: encontrarse con la protesta interna del chavismo. Ello puede llevar a darle orientación política a una conflictividad que es completamente ineficaz en provocar cambios de conducta en la dirección del país.

Pero para alcanzar este objetivo se debe replantear otra debilidad importante de la conducta opositora: los partidos políticos, que son absolutamente indispensables para la reconstrucción del tejido democrático del país, no pueden asumir por sí solos las tareas que exige al hacer converger la acción electoral con la protesta social. La incorporación de la sociedad civil organizada, que incluye a sindicatos y universidades por ejemplo, actuando en conjunto con las organizaciones partidistas, será crucial en los tiempos que vienen.

Cómo hacer del problema de unos el problema de todos y traducirlo en una visión de cambio del país es una tarea muy compleja, pero tal parece que no nos podremos escapar de acometerla.

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