ND.- El abogado Alberto Arteaga aseguró hace minutos que las migraciones extemporáneas de candidatos del PSUV y de sus familiares, aprobadas por cuatro de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, es un acto delictivo tipificado en la Ley contra la Corrupción aprobada en el año 2003. Esto lo dijo durante el acto “Reafirmación Democrática: Protesta y Vota” que está ocurriendo en estos momentos en la capital.

“El haber trasladado a personas de un determimado partido político, de un determinado signo político… de un lado para otro… es constitutivo de favorecimiento electoral y las personas autores o participes en este hecho deben responder ante la jurisdicción penal de este hecho delictivo”.

 

Aseguró que el articulo 68 de la Ley se establece “por primera vez en la legislación penal venezolana que dice a la letra lo siguiente: El funcionario público que abusando de sus funciones utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

“El favorecimiento electoral a partir del año 2003 es un delito”, remató.

“¿Dónde se aplica el favorecimiento electoral?”, se preguntó el abogado constitucionalista. “Lo que ocurrió durante la campaña… con ojos posiblemente de indiferencia frente a PDVSA, frente a las oficinas públicas, retratos, propagadas, eso es favorecimiento electoral”.

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