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Milton Revilla Soto: Tengo las pruebas de la conexión entre ETA, las FARC y Venezuela

11 Septiembre, 2012

ND.- El oficial venezolano Milton Revilla Soto, mayor retirado del Ejército, asegura que tiene muchos documentos que prueban la relación de los etarras y los guerrilleros en la frontera colombo-venezolana. En una entrevista que recoge el diario español ABC, Revilla Soto insiste en que es “la única persona que puede aportar las pruebas de la conexión”.

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Explicó que esto lo denunció ante el Ministerio de Relaciones Interiores en abril de 2002, momento desde el cual “empezó la persecución de la DIM contra mí y me obligaron a solicitar la baja en el Ejército en 2004″.

Así lo recoge ABC:

El oficial venezolano Milton Revilla Soto, mayor retirado del Ejército, es el único «testigo protegido» de la Audiencia Nacional de España, que tiene la clave para probar la conexión entre ETA, las FARC y el gobierno de Chávez. No ha podido dar su testimonio y presentar pruebas ante los tribunales españoles porque sus propios compañeros de armas y grupos económicos pretenden silenciarlo. Su historia está bien documentada desde que tuvo que «atender» en septiembre de 2000, cuatro días después de haber sido designado comandante de la Base de Protección Fronteriza (BPF), también conocida como Teatro de Operaciones Nº 2 (TO2), sector del Catatumbo del Estado de Zulia, fronterizo con Colombia, a un grupo de etarras encabezado por Arturo Cubillas, acusado de pertenecer a ETA y actualmente jefe de seguridad del Ministerio de Agricultura de Venezuela. El grupo iba a recibir entrenamiento de la guerrilla colombiana.

Su sorpresa fue mayúscula cuando recibió una carta del guerrillero colombiano Rubén Zamora, comandante del frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operaba en Río de Oro en territorio venezolano. Zamora le daba la bienvenida con estas palabras: «Igualdad en la lucha bolivariana por la libertad de los pueblos». Revilla descubrió que el jefe guerrillero colombiano utilizaba el TO2 para el tránsito de personas, alimentos y combustibles hacia su campamento que estaba situado en la zona venezolana. Para poner las cosas en su sitio comenzó a decomisar materiales para procesar cocaína y dinero en efectivo para pagar a los cocaleros. También desmanteló tres laboratorios instalados en territorio venezolano.

Estas medidas molestaron a la División de Inteligencia Militar (DIM) y decidieron sacar a Revilla de allí. La unidad militar fue desmantelada. Pero en febrero de 2002 lo designaron como segundo comandante a las órdenes del general Wilfrido Cruz Weffer, cuando se produce la segunda visita que hace Cubillas con otros etarras al campamento guerrillero del Frente 33 de las FARC. En sus declaraciones exclusivas a ABC, Revilla cuenta el drama que ha vivido desde que vio a los etarras y a los guerrilleros, por cumplir con su deber de denunciar el terrorismo.

-¿Reconoció a Cubillas y sus acompañantes en el año 2000

-No sabía los nombres, pero sí pude identificar a algunos por las fotografías que publicaron algunos diarios españoles hace dos años. Eran los etarras solicitados. En este momento no recuerdo sus nombres. Tengo los documentos en Barquisimeto, bien resguardados. Estos etarras estaban escoltados por agentes de la DIM.

-¿Qué hacían en el campamento guerrillero?

-Entrenaban en el sector del Catatumbo miembros de las FARC y los etarras en explosivos y actividades terroristas.

-¿Qué papel jugaba Cubillas en esos entrenamientos?

-Cubillas guiaba a los etarras al frente de las FARC. Los ejercicios duraban un mes en territorio venezolano.

-¿Eran frecuentes los entrenamientos?

-Yo los vi en dos ocasiones. Pero sí eran frecuentes. Por temor a represalias, otros oficiales venezolanos no se atrevieron a denunciarlos.

-¿Usted denunció a sus superiores esos entrenamientos guerrilleros?

-Por supuesto. Mis superiores me dijeron que eso era «alta política» del gobierno y que yo no tenía porqué involucrarme.

-¿Qué otras pruebas tiene además de los informes oficiales?

-Tengo muchos documentos que prueban la relación de los etarras y los guerrilleros en la frontera colombo-venezolana. Lo he denunciado en su momento ante el Ministerio de Relaciones Interiores en abril de 2002.

-¿Qué paso después?

-Empezó la persecución de la DIM contra mí y me obligaron a solicitar la baja en el Ejército en 2004.

-¿Por qué lo retiran de la frontera?

-Goizeder Odriozola (actualmente mano derecha del vicepresidente Elias Jaua), la esposa de Cubillas, era la asistente de Marino Alvarado de la ONG de derechos humanos «Provea» en 2002. Ellos me denunciaron por ausentarme de mi puesto. En realidad era para evitar que regresara a la frontera, porque yo conocía toda la estructura de las FARC en esa zona. La Fiscalía General estaba involucrada -tengo ese documento- a través de José Vicente Rangel, ministro del Interior en ese momento, que le prometió al frente de las FARC que me iban a retirar de la frontera. Comenzó una campaña mediática contra mí.

-¿Lo torturaron?

-Me detienen en junio de 2010 y los días 25 y 26 de ese mes me torturan. Me relacionan también con la periodista Patricia Poleo y con Orlando Ochoa por supuesta conspiración. La DIM me extorsiona para que haga una acusación contra esas dos personas a cambio de libertad pero yo me niego.

-¿Por qué no acudió a la citación que le hizo la Audiencia Nacional española el año pasado?

-Porque estaba preso. Solicité permiso en ocho ocasiones al tribunal venezolano para ir a España. Pero la DIM tenía instrucciones de su jefe, el general Hugo Carvajal, para negarme el permiso. Me decían que era el Ministerio de Relaciones Exteriores el que debía darme el permiso para ir a España y el canciller Nicolás Maduro dijo que la cancillería venezolana no tenía nada que ver con ese caso, sino el tribunal militar.

-¿Quiénes estaban interesados en que usted no viajara a España a declarar?

-El estamento militar venezolano, especialmente la DIM (División de Inteligencia Militar) y su conexión con las FARC y ETA. En 2011 recibí amenazas de muerte de Hassen Naferdine, alias Abu Alí, solicitado por la Interpol, es un terrorista de Hizbolá, está en Venezuela protegido por el teniente coronel Luis Reyes Reyes, ex gobernador del Estado de Lara.

-¿Quién es el general Hugo Carvajal y su lazo con Chávez en esta trama?

-Hugo Carvajal es uno de los generales de Chávez, que lo ascendió a la jefatura de las Investigaciones penales nacionales. Carvajal lleva diez años en el poder y Chávez no puede decir que es mentira. Tengo siete comunicaciones que he enviado a la Presidencia de la República denunciando todo esto. Es imposible que el Presidente diga que no sabe de lo que estoy hablando.

-¿Lo condenaron a seis años?

-Me considero un preso político de Chávez. No he cometido ningún delito salvo denunciar las relaciones de ETA y las FARC apoyados por el gobierno de Chávez, y denunciar que se da carnet de identidad a los terroristas colombianos para que vayan a votar por Chávez. Por eso estoy preso en la cárcel militar de Ramo Verde en Los Teques del estado Miranda, al sureste de Caracas.

-¿Qué le diría a la Audiencia Nacional de España?

-ETA ha contribuido a abonar el terreno para el terrorismo. Soy la única persona que puede aportar las pruebas de la conexión. Cuando fui a solicitar ayuda a la Embajada de España en mi condición de «testigo protegido» en 2011, el embajador español en Caracas, José Luis Serrat, me dijo que él no tenía potestad para darme ningún tipo de protección ni apoyaría mi petición de asilo político.

El «testigo protegido» del vínculo ETA-FARC
Miltón Revilla Soto, mayor del Ejército venezolano, nació el 28 de junio de 1968 en Barquisimeto, capital del Estado Lara, y se graduó de oficial en la Academia Militar. Fue comandante de la Base de Protección Fronteriza o Teatro de Operaciones Nº 2 (TO2), sector Catatumbo del estado Zulia, fronterizo con Colombia. Por sus denuncias es el «testigo» protegido del juez español Eloy Velasco pero no ha podido comparecer ante la Audiencia Nacional española por estar preso en la cárcel militar de Ramos Verde, Miranda, sureste de Caracas. Sentenciado en marzo de este año a 6 años y 7 meses de prisión por filtrar información «contra la seguridad de las Fuerzas Armadas» sin pruebas del delito imputado, dicen sus abogados.

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