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opinión


El Nacional / ND

Paraguay, objeto de análisis

30 junio, 2012

La destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, merece algunas reflexiones. Pretendemos generar debate sobre temas tan delicados como los de soberanía, institucionalidad, legalidad de origen en razón de mandatos nacidos del voto en contraste con la legitimidad de ejercicio que deben observar los elegidos. En todas nuestras constituciones están definidos los deberes y obligaciones del Presidente. También están señalados los caminos a seguir en caso de graves incumplimientos de los mismos y las causales para procurar su renuncia y destitución. Así es en Venezuela, como lamentablemente quedó evidenciado con el juicio contra Carlos Andrés Pérez. Entre otros casos, podríamos señalar el de Honduras con la destitución del Presidente Zelaya. Ahora el caso Lugo invita al estudio y la discusión. No tengo la menor duda de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado, actuaron ajustados al ordenamiento jurídico vigente. Conviene recordar que senadores y diputados, igual que el Presidente, también fueron elegidos directamente por el pueblo que tienen la obligación de representar y, además de las funciones legislativas, tienen las de control sobre el poder ejecutivo. Así es que jurídicamente, el tema estaría fuera de discusión. Políticamente caben todas las especulaciones como efectivamente sucede, mucho más en el exterior que en el interior de Paraguay. Los petrochulos del continente acusan a la “derecha”, al “imperio”, a las “oligarquías capitalistas” y, en fin, pretenden hacer de Lugo una suerte de mártir de la izquierda revolucionaria (¿?) y llaman a desconocer la investidura del nuevo Presidente. Por cierto, se trata del Vicepresidente electo en la misma fórmula de Lugo. Pocos analistas se detienen en la las votaciones parlamentarias. En ambas cámaras los acuerdos para el enjuiciamiento y la destitución fueron por votaciones casi unánimes. Existía un enorme consenso, incluida su propia organización política. El Presidente estaba desbordado, incompetente. No podía, ni debía, continuar.

opinan los foristas

Sin embargo, es tiempo para que en este Continente trabajemos en elaborar una nueva Teoría General del Estado y del Derecho. Uno de los objetivos sería redefinir conceptos básicos en tiempos de globalización. Uno de ellos sería el de Soberanía, cada día más reducido pero con interpretaciones diversas que mantienen en relativa incertidumbre sus alcances reales, la administración práctica e incluso, la titularidad de la misma. Se dice que reside en el pueblo, el cual elige un presidente para que lo gobierne y un poder legislativo para que lo represente, controle al presidente y legisle adecuadamente. Todos actúan en nombre de una soberanía difusamente definida, incluida la rama judicial cada vez menos independiente y una justicia bastante interferida política e ideológicamente.

Debemos redefinir los alcances de la acción de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y los límites de los poderes públicos frente a los derechos fundamentales de toda persona. No está claro el momento en que se dan las condiciones para ejercer el derecho a la rebelión contra una tiranía que se extralimita en sus funciones, restringe la libertad y se convierte, además, en ineficiente y corrompida, características bastante comunes en muchos de nuestros gobiernos.



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