opinión

El “caliche” de Aponte

26 Abril, 2012

“La justicia, aunque ande cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera”. Quinto Horacio Flaco (65 a.C.-8 a.C.), historiador y poeta latino.

Y ahora resulta que es un magistrado que gozaba de todos los favores y la confianza del régimen quien ratifica todas las denuncias que hemos hechos periodistas que llevamos años informando sobre los latrocinios de la injusticia que impera en los tribunales venezolanos. Es lo que nosotros los profesionales de los medios llamamos “un caliche”, una noticia vieja, ya publicada. Así que el Presidente tiene razón cuando contestó a la periodista que le preguntaba “por ese delincuente”, que esto es un caliche.

opinan los foristas

Eladio Aponte Aponte, después de los grandes servicios que prestó a la causa revolucionaria, cayó en desgracia. No es inocente, pero tampoco es el único culpable. El ex magistrado perdió el favor del rey y tuvo que huir de la corte para que no lo decapitaran. En el último instante voló a Costa Rica, donde se salvó de chiripa de la trampa que le había tendido el G2 cubano junto a funcionarios de la embajada venezolana, buscando la protección del gobierno costarricense que de inmediato lo puso en contacto con la DEA.

¿Por qué un ex Magistrado del TSJ es recogido en un avión de la DEA y escoltado a Washington? Pues porque tiene mucha información valiosa para el organismo antidrogas norteamericano, información que será utilizada en juicios contra narcos y militares venezolanos, que figuran en las listas de colaboradores de los grandes carteles de la droga latinoamericanos. Aponte Aponte sabe mucho sobre el tema, por su vida y por su escritorio han desfilado esos personajes. Y sus compañeros de revolución decidieron sacrificar al hombre que sabe mucho, para limpiar la cara de un régimen que trata de silenciar el canto de Makled.

El magistrado se asustó con el sicariato del ex gobernador de Apure, Jesús Aguilarte, otro que sabía demasiado sobre los carteles fronterizos. Trató de renunciar al TSJ pero no le aceptaron esa salida. Demasiado honorable para él, juzgaron sus ex compañeros de pandilla. Ante el evidente sacrificio público a que lo sometió el Poder Moral y la Asamblea Nacional con su destitución, Aponte comprendió que estaba al descampado, que iba a cargar con todas las culpas y que sabía demasiado para que lo dejaran en paz. Por eso vendió información a cambio de protección para su vida. Ningún honorable deseo de salvaguardar su nombre, pura y simple supervivencia y más nada.

Porque vamos a estar claros: ¿ustedes creen que la información que ha suministrado acerca de la manipulación de la justicia en la máxima corte del país, es lo único que él sabe? ¿Y creen que es el único magistrado que tiene información? ¿O que Aponte sentenciaba en solitario, a espaldas de sus colegas?. Nada que ver, las Cortes son colegiadas y en cada una de ellas todas las sentencias son revisadas y firmadas por todos los magistrados. Y si no está de acuerdo, puede votar en contra o salvar su voto.

La Sala de Casación Penal que presidía Aponte Aponte está también integrada por los magistrados Ninoska Beatriz Queipo Briceño, Deyanira Nieves Bastidas, Blanca Rosa Mármol de León, Héctor Manuel Coronado Flores y Paúl José Aponte Rueda. Cuando revisamos las sentencias de esa Sala sólo vemos reparos y votos salvados de la Dra. Mármol. El resto está alineado.

Así que estos magistrados o los que estaban en su momento en esta Corte, deben estar tan al día como Aponte en el curso de los juicios que ahora denuncia el fugado pero que en los medios de comunicación social del país se expusieron como casos en que la justicia actuaba como brazo ejecutor de los deseos del Poder Ejecutivo. Es decir, todos ellos son cómplices por acción u omisión de lo que estaba (o mejor dicho, está) ocurriendo en el máximo tribunal.

Algunos de esos bizarros expedientes en los cuales intervino son el del general Francisco Usón, donde Aponte hizo caso omiso de una solicitud de inhibición para terminar condenado al militar a seis años de prisión por el “delito” de decir en televisión que los soldados de Maracaibo probablemente habían sido quemados por un lanzallamas. El caso de los militares de la Plaza Altamira, condenados por “golpismo y rebelión” por los mismos jueces que consideraron que lo del 4 de febrero no era un golpe sino “una insurrección contra un gobierno ilegítimo”. O la sentencia contra los supuestos paramilitares de la finca Daktari, llamado el caso de los “paracachitos” porque lo único que se les decomisó fueron bolsas de cachitos de jamón. Sin embargo varios oficiales tenidos por opositores o institucionales fueron barridos a pretexto de este caso.

El vicepresidente tiene razón, Aponte es un delincuente, que conculcó derechos, privó de legítima defensa, amañó expedientes y condenó injustamente a personas inocentes. Pero él fue el ejecutor, ¿quién dio la orden? Además una orden colectiva a los magistrados de esa sala y del TSJ que deben votar colegiadamente las decisiones. ¿Quién es más delincuente? ¿El sicario o quien le paga? Diosdado Cabello lo dijo bien “Aquí no obligamos a nadie a hacer lo que no quiere”. Pero el delito fue cometido por una cadena de funcionarios que comienza en lo más alto de la pirámide del poder, con el agravante de que ellos están en esos cargos con la obligación expresa de hacer cumplir la Constitución y las leyes. O si no, que Dios y la Patria se lo demanden, que es lo que ocurrirá en un futuro cercano.

Las explicaciones de los voceros oficiales son más que simplonas, cínicas e irrespetuosas a la inteligencia de los venezolanos. Elías Jaua, destacó que el caso del ex magistrado Eladio Aponte Aponte es “utilizado por la oposición y el imperio norteamericano para intentar debilitar la fortaleza de las instituciones del Estado venezolano”. Diosdado Cabello afirmó que el Presidente nunca le ha dado órdenes a un juez, cuando todo el país lo ha visto, por ejemplo, pidiendo 30 años de cárcel para la Juez Afiuni o solicitándole la renuncia a los magistrados que no se unan al proceso de cambios socialistas.

La Fiscal no ha dicho ni pío, pero pidió un alerta roja contra Aponte en la Interpol y solicitó orden de aprehensión a un Tribunal y medida para incautar todos sus bienes incluidas cuentas bancarias que posea el ex magistrado en el país. La otra Luisa, la Morales del TJS, está como en la cédula. Y todos los magistrados han hecho mutis ante la enormidad del escándalo desatado por la confirmación de las marramucias que habían sido denunciadas pero que requerían de la confesión de una parte actora.

Así, quien fue fiel y seguro servidor de la causa revolucionaria, dio un paso fuera del círculo cuando sintió su vida amenazada y ahora es, como todos los que desertan de las filas del chavismo, un traidor. Curiosamente, Pedro Carreño, el mismo hombre que lo propuso con gran fervor en la Asamblea Nacional para ser Magistrado, ahora está introduciendo un acuerdo a ser aprobado por la misma AN como acto de “desagravio” a los denunciados por Aponte.

Y ya comenzó la Operación Trapo Rojo que acostumbra el gobierno cuando le estalla un niple en la cara: Tareck El Aissami, alguien que no debería arrimarse a la candela, denuncia a los gobernadores de Nueva Esparta y Carabobo, casualmente opositores, nada menos que por blanqueo de capitales. Y esta semana, presentación estelar del enfermo. Cojan palco.

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