opinión

Fuerza Armada Nacional Bolivariana

12 Diciembre, 2011

De acuerdo al ejemplar, Paúl J. Aponte Rueda es teólogo y abogado de excelentes credenciales académicas, autor de una interesante bibliografía iuscivilista, aunque magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Recientemente, ha entregado “Fuerza Armada Nacional Bolivariana: Una visión Bicentenaria (Vadell Hermanos, Caracas – Valencia, 2011).

opinan los foristas

Trabajo ineludible que, al emplear el recurso de autoridad, citando fundamentalmente a Bolívar, requiere de ciertas precisiones respecto a la naturaleza, papel y consecuencias que marcan a la actual corporación castrense. Intentaremos algunos breves señalamientos, propios de un litigio que concierne a la opinión pública y a los medios académicos y políticos del país.

CONTEXTUALIDAD

Aponte Rueda invoca una “concepción independentista” que, apelando al pensamiento bolivariano, equivale a una constante resistencia anticolonialista. Convenimos, resulta inaceptable la impunidad, la falta de ética, los actos de corrupción “en cualquiera de sus manifestaciones”, la intromisión de potencias extranjeras, y la ausencia de soluciones a las necesidades del país (17 s.).

Así, “la exigencia de adoptar medidas urgentes para lograr la consolidación del sentido de patria, su defensa y su vigencia” (1Cool, sintetiza la demanda principal. Empero, tales concepción y sentido genéricamente formulados, no bastan para dar aviso de una realidad en la que se inscribe la Fuerza Armada, obligado a una mayor exactitud de las posturas políticas e ideológicas que subyacen y defiende a lo largo de la obra.

A modo de ilustración, Hugo Calello versó sobre una democracia con una clase dominante capaz de absorber ideológicamente a los dominados, vinculada al capital transnacional, aunque también observó la relativa autonomía del Estado Rentístico y los problemas que escenificó el primer gobierno calderato con la burguesía nacional (“Poder Militar y Estado Nacional en América Latina”, 1977). Y no es otro el contexto que ha de actualizar Aponte Rueda, auxiliado – si lo prefiere – por el último ensayo de Steve Ellner en torno al chavismo, su origen y porvenir, autor igualmente libre de toda sospecha.

LA ENTIDAD VICTIMIZADA

Nada extraña que el autor de marras diga de un “conjunto de orientaciones” dirigidas a desequilibrar a la institución armada, objeto de un ataque permanente de los “sectores de poder que hundieron al país en una profunda crisis” (21 s.). Ella ha evolucionado, ceñida, conexa y relacionada con el entendimiento, la emoción y la voluntad, que es disipación de dudas respecto a su finalidad, recuperando el pasado heroico, la solidaridad y la unidad absoluta (26, 29, 32, 136).

En rigor, la aludida concepción independentista lleva a otra de la entidad militar que es perfilada gracias a las aspiraciones de sus enemigos, resueltamente victimizada desde su propia partida de nacimiento: los consabidos hechos de Abril de 1810 (SIC). Enemigos que la prefieren de minorías, estructurada por la ascendencia o linaje de sus miembros, institucionalizada y alejada del pueblo, con un nivel de profesionalismo que la convierta en clase especial, generadora de desigualdad, oscurantista y corrupta (23 ss., 93). No obstante, reconoce una indispensable estructura jerárquica para accionar efectivamente, con una cadena de mando de estricta observancia, coherente y eficaz (24, 30).

EL CAMPO ENEMIGO

Advierte el “sometimiento que aún hoy las potencias extranjeras tratan de imponer” (17), a pesar de no definir y afianzar el imperialismo como manifestación constante del ultraje a la soberanía que atestigua el pasado y presente siglo. Soberanía que versa, en la concepción independentista, sobre la integridad territorial, aunque guarda silencio sobre las particulares relaciones sostenidas con Cuba o el reclamo del territorio esequibo barajado por el chavezato.

Ensanchando el campo, afirma que los “enemigos también surgen de lo interno” (32), clave de una ya conocida concepción de la seguridad y defensa en este lado del mundo. Más adelante, no desarrollará la clave, sino que le contentará enunciar aspectos como el de la prevención del delito y la protección de los ciudadanos, hogares y familias (147), acaso inhibido por las cifras de muertes violentas en las calles o la contundente presencia del hamponato que le restarían una mayor marcialidad a sus consideraciones sobre la materia.

Quizá José Vicente Rangel y su “Seguridad, defensa y democracia” (1980), le hubiese garantizado un mejor camino para ventilar el asunto, evitando la literatura ya histórica, generada por los “enemigos”, que bien podemos representar en una clásica compilación de Aníbal Romero (“Seguridad, defensa y democracia en Venezuela”, 1980). Aceptemos el riesgo de las generalizaciones, faltando un buen trecho para la búsqueda de un enemigo interno que, proclamado el socialismo, no sería otro que el del proletariado.

UN ATISBO

Consecuente con la prédica presidencial que lo autoriza, el término “apátrida” contribuye a la adivinación que no, constatación. Los hay de “nuevo cuño”, además de “despótico” que “mantienen sus prosélitos en instancias claves” (18, 80), aunque no los identifica plenamente, ni los denuncia.

Atisba una oligarquía apátrida que considera inferior al soldado, proveniente de los más humildes estamentos del pueblo, poco instruido, irracional e intolerante, (95 s.). Hija del pueblo, la Fuerza Armada es una organización abierta y constantemente fusionada con los más humildes, negada al servicio de las élites (31 s.),

Una entidad castrense de redención, factor permanente de cambio, orientada también la misión de las armas por la búsqueda de solución a los más necesitados (45, 93). Además concebirla casi como un partido político, creemos hallar cierta una legitimación del clientelismo: “Haciendo uso al máximo del presupuesto militar en beneficio de la sociedad” (97), hoy – por ejemplo – reforzado por la aprobación de distintos créditos adicionales a favor del ministerio de la Defensa para realizar trabajos ajenos a su especialidad.

Las aludidas concepciones independentista y castrense, lleva a Aponte Rueda a la configuración de la innegablemente histórica lucha de clases, apuntando como enemigo interno a las minorías opresoras y explotadoras que denigran y desprecian al desamparado (58, 79). Y éstos, fielmente interpretados, tornan en protagonista de tamaña lucha a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que, como indicó anteriormente, no es una clase especial.

Posiblemente, el análisis ya remoto de Mario Esteban Carranza, auxiliado por Nicos Poutlanzas, le hubiese concedido las fórmulas necesarias para adentrarse en un tema tan espinoso y complejo (“Fuerzas Armadas y Estado de Excepción en América Latina”, 1978); o, aún no proveniente o surgido el chavismo de una guerra de liberación nacional, Rodolfo Quintero todavía daría pistas sobre la entidad armada que ha de garantizar la seguridad vital a las masas populares, independizando económica y socialmente a la nación, y dándole término a las guerras (“El hombre y la guerra”, 1966). No parece fácil disertar sobre la consciencia y la lucha de clases en una sociedad rentista, excepto que – por ejemplo – sea usurpada por las manifestaciones de un Estado relativamente autónomo: generosamente representativo de los humildes o desamparados que no ascienden a la condición de proletarios, habida cuenta de la galopante desindustrialización del país: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana devenida “clase en sí y para sí”.

LA FUERZA ARMADA (IN) DESEABLE

En la última década asistimos a una redefinición del rol de la Fuerza Armada, producto de las exigencias actuales con apego al momento histórico, dirigida por el Comandante en Jefe que cumplimenta la dualidad de máxima autoridad civil y militar (32, 36), Insiste el autor que los artículos 328 al 331 constitucionales, muy bien la retratan, aunque no examina la voluntad del constituyente y, menos, verifica la sistemática o recurrente violación del mencionado articulado: ¿puede asegurarse una restitución del sitial de la Fuerza Armada (82)?.

Por lo demás, cita funciones militares de acuerdo con el vigente y consabido Decreto-Ley, como la de asegurar la plena soberanía, soportar los Estados de Excepción, guiarse por el Plan Estratégico, exclusivamente poseer y usar las armas de guerra, proteger el patrimonio público “en cualquier de sus formas de manifestación” (24 ss.). Funciones de cumplimiento incierto, porque ni siquiera puede ponderarlas la comisión parlamentaria especializada, mediante una libérrima discusión de los aspectos enunciados.

Una tipología del soldado bolivariano agrupa caracteres, principios, virtudes y valores, antes recordada la distinción entre los generales de batalla y de gabinete en la versión de Perú de Lacroix (103, 105-144). Por cierto, respecto a los argumentos que hacen a la Fuerza Armada deseada o no, desconocemos si ahora hay equivalentes a las publicaciones impecablemente institucionales, como la divulgada en 1993 por el ministerio de la Defensa, bajo la titularidad de Iván Darío Jiménez Sánchez: “El militar como líder”, asentada en una bibliografía políticamente plural, trató de la ética y moral, la gerencia y administración, la profesión y el liderazgo militares.

Reiterado señalamiento los ataques a la entidad armada y sus miembros, persiguen dañar la imagen y obstaculizar la inclusión, libertad y soberanía (57). Convengamos en que esa (auto) imagen fue cultivada con sobrada antelación al actual régimen, impulsando el prestigio de una institución, representativa del pueblo en contraste con la de otros países del continente, como puede colegirse – por ejemplo – de las notas editoriales del otrora ministro de Relaciones Interiores del perezjimenato, Laureano Vallenilla-Lanz Planchart (1955), o del último título de Ocarina Castillo D’Imperio sobre Carlos Delgado-Chalbaud, quien – además – reporta una interesante distinción entre las oficialidades tropera y académica (2011).

La identificación absoluta de la Fuerza Armada con un gobierno que se presume circunstancial, la afecta profunda y dramáticamente y así lo constató Edwin Liuwen después del derrumbe de la dictadura de Pérez Jiménez, ya que “aparentemente la mayoría de los altos jefes comprenden que el gobierno militar es el modo más seguro de provocar la destrucción de toda la organización militar por la acción vindicativa del pueblo opuesto a los soldados” (“Generales contra presidentes en América Latina”, 1965). Autor de un importante bibliografía especializada en el ámbito del pensamiento estratégico, Aníbal Romero llamó la atención brevemente, en reciente artículo de prensa, en torno a la autoimagen y la trayectoria de la entidad castrense, ahora necesitada de la recuperación del respeto derivado del reconocimiento mutuo entre civiles y militares (El Nacional, Caracas, 09/11/11).

Valga la coletilla, prestigio y respeto que, en las últimas décadas, reflejaron los estudios de opinión, gravemente en riesgo dado el fenómeno de la militarización de la sociedad, correlato inevitable de su milicianización. Huelga comentar las consecuencias generadas por denuncias como las de Rocío San Miguel, respecto al manejo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o la dudosa institucionalidad que exhibe de cara a los probables resultados electorales de 2012, gracias a las declaraciones emitidas por integrantes de sus altos mandos.

LA ALIANZA CÍVICO-MILITAR

Digamos que, a falta de una alianza obrero-campesina, el chavezato ha exaltado otra: “la unión cívico-militar, primordial para la consumación del deber ser” que persigue el bienestar de la población, siendo indispensable esa imbricación (18, 21, 149). Y, aunque Domingo Irwin insiste, a través de sus conocidas obras, que ha de hablarse de relaciones civiles-militares, la alianza o unión expone una modalidad propia de la sociología rentística.

Alianza o unión que significa “real coordinación con el pueblo” y, tratándose del ámbito estrictamente militar, se concibe como un medio para cumplir con el principio constitucional de la corresponsabilidad – en materia de seguridad y defensa – del Estado y la sociedad civil (32, 154), aunque en ésta no ésta no incluya a toda la sociedad o padezca de una evidente y contraproducente parcialidad política. Aceptemos que hay responsabilidades sociales de la Fuerza Armada, pero traemos a colación lo referido por el almirante brasileño Mario César Flores en relación a las prioridades socioeconómicas y el desempeño militar, deduciendo: “En el esquema general de cambio de dimensión por calidad, deben desactivarse o terminarse las organizaciones y unidades militares que poco contribuyen o se volvieron innecesarias por el cumplimiento de tareas que habían justificado su creación o que pueden ser sustituidas por organizaciones civiles” (“Bases para una política militar”, 1996).

La tendencia es la de sustituir a la sociedad civil y a la política, mediante posturas, roles, iniciativas y trabajos que ambas expresiones naturalmente están llamadas a realizar y perfeccionar. Desde el Plan Bolívar 2000 a estos días, la Fuerza Armada enfatiza un trabajo que incide negativamente en su especialidad, difícil de apreciar por las características de la entidad, añadido el reconocimiento constitucional de una contraloría propia y la interesada comprensión oficial que se tiene de su máxima jefatura, por no citar la explícita o implícita (auto) inhibición parlamentaria que contrasta con las labores de investigación de las antiguas comisiones senatorial o diputativa de Defensa.

Cierto, Aponte Rueda indica que el soldado es del pueblo, no miembro de un partido o sindicato, concibiendo el apartidismo como desinterés o distanciamiento (58, 101), pero no menos lo es la hipoteca del PSUV o de cualesquiera otras expresiones que señale Chávez Frías, pesando sobre la Fuerza Armada. Agreguemos que, para el ascenso profesional, ni siquiera el aspirante hipotéticamente diligenciará ante una instancia parlamentaria políticamente plural, sino tendrá que acumular y esgrimir méritos (y méritos políticos), frente al que monopoliza las promociones, sumando a sus colaboradores más cercanos: en la materia, por lo que siempre importa consultar el debate constituyente de 1999.

De modo que la alianza o unión que se inscribe también en los modos de distribución clientelar y prebendario de la renta petrolera, contaminando la especialidad militar, tiende – en última instancia – a convertirse en el partido político por excelencia. Acá podemos descubrir las huellas del ceresoleanismo, apenas agitadas por el polvo de un camino tan difícil como el de los últimos trece años.

Eduardo C. Schaposnik demandó un “estudio sociológico profundo” para la institución armada que no generó un liderazgo que pusiera en peligro al resto de las instituciones republicanas, durante veinticinco años, debido a la complejidad de la vida militar, la rotación de los altos mandos o la ausencia de crisis económicas que punzaran una grave reacción social (“Democratización de las Fuerzas Armadas Venezolanas”, 1985). Ahora, se impone la demanda debido a la profundidad alcanzada por el socialismo rentístico, denominación oficializada por el ministro Jorge Giordani, y los efectos generados en la corporación castrense, más allá de los “criterios que han permitido la descalificación del soldado”, según el contexto en el Aponte Rueda invoca otro párrafo de Schaposnik (95).

LA MILITARIDAD

El autor que nos ocupa, apunta a la guerra como una serie de causas, reglas, técnicas, hechos y consecuencias susceptibles del análisis y la acción, desarrollando los “parámetros a través de los cuales debe regirse el hombre y la mujer de armas”. Vale decir, reivindicando la naturaleza de la Fuerza Armada, el “énfasis radica en la esencia, razón o circunstancias que les son inherentes” (19, 28, 129). Sin embargo, poco aporta Rueda Aponte a un riguroso tratamiento militar que, a pesar de los cambios doctrinarios anunciados, nos permiten especular respecto a una esencial continuidad de enfoques y criterios sobre el fenómeno bélico, heredados del siglo XX..

Así, omitidas las contribuciones al pensamiento específicamente estratégico, extiende la reseña a Simón Rodríguez, Francisco de Miranda (no menciona una escuela que chocó con las consabidas circunstancias de 1812), Antonio José de Sucre (“se fundó en el reconocimiento de la amistad como un valor imprescindible”), Ezequiel Zamora (“estudioso teórico de los problemas militares”), y la tesis moderna de El Libertador (65-76). Hay autores que le niegan a Bolívar la condición de “gran capitán”, aunque Frédéric Encel lo reconoce como un espléndido táctico (“El arte de la guerra”, 2002), por lo que ahora luce necesario redimensionarlo militarmente que no, demeritar en modo alguno sus hazañas.

Nos permitimos indicar que, con Helmut Schmidt, Aponte Rueda subraya que el dominio y control colonial se verifica solamente por los medios militares, a propósito de Vietnam (85). Y, de entenderlo en términos territoriales, escaparíamos de una derrota estadounidense que se hizo palpable y determinante en la opinión pública de … Estados Unidos, una paradoja comprensible a la luz de Clausewitz. Por cierto, autor éste curiosamente editado por El Perro y la Rana, aunque – apenas – hemos conseguido el segundo tomo.

La Fuerza Armada no puede ser indolente ante el irrespeto, amenaza, desconocimiento y violación de los valores (y valores cristianos), señalado el cuartel como escuela (29, 91 s.). Podemos coincidir en que las personas gravemente lesionadas en un establecimiento militar de Cumaná, años atrás, escenificaron un incidente aislado, pero también discrepar sobre la incongruencia de invocar determinados valores que, al reprimir las manifestaciones de calle de la oposición, o coadyuvar al discurso presidencial, resultan traicionados. Luego, la alianza o unión cívico-militar, en los reiterados y consabidos términos, tiende a tergiversar la ética militar, asumida como una defensa extrema del Comandante en Jefe que suele disertar sobre el amor, aunque no duda en utilizar “gas del bueno” para dirimir la legítima protesta social.

Ha causado preocupación la milicianización de la corporación castrense que, según Aponte Rueda, “adquiere vital importancia bajo una visión geopolítica”, siendo esencial la hipótesis de un conflicto que intenta imponer una “autoridad suprema política globalizada”, divorciada del derecho internacional: la milicia, caracterizada por su poder disuasivo, “la preparación que del pueblo se hace para profundizar aún más en éste su amor a la patria”, y la manifestación de una alianza o unión que realiza el principio de corresponsabilidad, amparada por el Convenio de Ginebra (153 s.). Modestamente, la juzgamos una hipótesis válida, aunque insuficiente, frente a otras que incluyen una suerte de guerra civil internacional con el terrorismo, el perfeccionamiento de la criminalidad (tráfico ilícito de drogas u órganos humanos), o la de una guerra civil nacional que convertiría a la milicia en un instrumento de directa agresión o provocación del presunto enemigo interno, en menor medida de disuasión o resistencia.

La Fuerza Armada adquiere la hechura y el perfil que le conceda el Comandante en Jefe, reconocido por el autor como un grado militar que “da respuesta en el presente a las exigencias de modernización del cuerpo castrense, aún cuando se ha tratado de atacarlo bajo el criterio de un sobredimensionamiento del componente militar para contrarrestar su avance” (56). La creemos una equivocada postura respecto al carácter o condición que se desprende de la delicadísima titularidad y ejercicio de la presidencia de la República o jefatura del Estado que, además, retrotrae a la corporación a etapas superadas como la de Juan Vicente Gómez que, por ejemplo, la conducía directa y operacionalmente, amén de política y estratégicamente.

En su ya clásico estudio, Angel Ziems apunta que el ejército “no se resquebrajó al morir su principal Jefe sino que mantuvo su unidad interna porque dentro de la estructura que empezó a acrisolarse desde (Cipriano) Castro, se resolvieron los problemas de las pugnas por el control central del poder” (“El gomecismo y la formación del ejército nacional”, 1979. Vale sumar a autores libres de toda sospecha reaccionaria, como Deborah L. Norden, quien reputa – para una compilación de Steve Ellner y Daniel Hellinger – como novedad la concentración de la autoridad en Chávez Frías que, con el manejo de lo militares y de las relaciones cívico-militares, versiona a un régimen más parecido al surgido después de un golpe de Estado (“La política venezolana en los tiempos de Chávez”, 2003).

El autor in comento niega todo militarismo o autoritarismo por la intervención de la Fuerza Armada en beneficio del interés social y su idoneidad, nada violenta, hostil o desconsiderada: “el militarismo es la ausencia de actuaciones prescindibles para la consecución de los valores que son razón de ser del soldado, y en general de la organización castrense”, siendo secundario el beneficio colectivo y principal el papel de la élite, consagrado como eje de la sociedad por su participación totalitaria e ilimitada (83). Remitimos toda consideración a las nociones que ha trabajado Irwin en torno al pretorianismo y el militarismo, aunque insistimos en que ambos términos alteran o modifican la militaridad, asumida como una genuina y precisa manifestación de la especialidad y disciplina, e – incluso – continua y perfectible misión y responsabilidad mostrada o trazada por nuestra historia constitucional.

Nos unimos a la idea de la Fuerza Armada como “garante supremo del imperio de de las leyes” y de la vigente Constitución de la República (94), aunque declaraciones públicas como las de los sucesivos títulares del Comando Estratégico Operacional, arroja una duda razonable sobre tal disposición o voluntad tornados en polémicos actores políticos. Por ello, no basta el enunciado genérico y generoso, o la sola y descontextualizada citación de la doctrina bolivariana, pues, salvo que Aponte Rueda la pretenda una mera obra de divulgación o de única intención política, es de esperar un debate actualizador, crítico y creador, con otras de vieja y reciente data, crecientemente complejas y sistemáticas, como las de José Machillanda (desde “Poder político y poder militar en Venezuela 1958-1986”, con prólogo de José Vicente Rangel, 1988, hasta “Del profesionalismo militar a la milicia”, 2010). Quizá debamos añadir la importancia de ahondar en el régimen penal militar, sobre todo por nociones oficialmente en boga, requeridas de una adecuada y muy circunscrita tipificación como la de “apátrida”.

CONCLUSIÓN

Texto de pública circulación, sometido al examen y discusión de los lectores que saben de la escasez del género en nuestro país, lo creemos acrítico, retórico, reiterativo y hasta temerario, por la incursión decidida en aspectos que son extramilitares. No implica descalificación personal alguna para el autor de una obra que seguramente constituye un éxito editorial, también propicia para las relaciones públicas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

@luisbarraganj

 


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