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opinión

El golpe militar de 1948

21 noviembre, 2011

“Es insoportable el espíritu militar en el gobierno civil.”

Bolívar

De haberse Acción democrática limitado a administrar el status quo, realizando un simple cambio de hombres en el timón y dejando intocadas las bases sobre las cuales se asentó en régimen depuesto en 1945, una nueva autocracia hubiese podido seguir dándole al país la paz inmovilista de la injusticia estratificada y del desorden profundo con apariencia de orden. Pero resulta ingenua la creencia de que un cambio tan resuelto como el que se produjo entre 1945 y 1948, hacia la democratización política y la reforma económica, hubiera podido realizarse sin la desesperada resistencia de los grupos reaccionarios y sin los intentos revanchistas de quienes habían sido desplazados del usufructo incontrolado del poder.

opinan los foristas

El rescate de la soberanía popular y de reformas serias en lo social y lo económico se hizo por la aparición de gobernantes civiles. Desde hacía demasiadas décadas, ningún gobernante civil había ejercido la Presidencia de la República, como vino a ocurrir en octubre de 1945. Y desde 1899, el poder se reservaba para andinos y tachirenses, como fueron Castro, Gómez, López Contreras y Medina. Esto creó un regionalismo resentido andinista, antinacional, sobre lo cual hay documentación confesa. A ello se unieron hacendados de criterio feudal, núcleos influyentes del ejército y del clero, capitalistas nacionales y extranjeros hostiles a la sindicalización obrera, a la moderna tributación y a la vigilancia del Estado sobre los modos de explotación de las riquezas naturales.

El 13 de abril de 1947, López Contreras envió desde Nueva York un “memorandum confidencial” al Ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, pidiéndole presionar al ejército para que lo eligieran Presidente y mantener la “hegemonía andina”. Encontraba en Delgado cualidades “por ser hijo de andino y madre caraqueña”. Aconsejaba que de no lograrse su elección “habría que recurrir a la imposición”. Había un conciliábulo conspirativo en penumbras. El origen andino continuaba siendo en las Fuerzas Armadas el núcleo mayoritario de Jefes y Oficiales, y eran clave en el proceso de gestación de los complots promovidos durante el trienio democrático.

Otro elemento que entró en juego fue el activo apoyo que las dictaduras americanas prestaron a los manejos conspirativos de la reacción venezolana. AD mantuvo en el Gobierno sus tesis doctrinarias: rompió relaciones con el régimen totalitario español, retiró sus representaciones diplomáticas de Santo Domingo y Nicaragua, se mantuvo distante del gobierno de Perón, repudiando internacionalmente las satrapías que menospreciaban los derechos humanos, buscando un cordón profiláctico en torno a los gobiernos antidemocráticos. El riesgo de contagio y estímulo que para los pueblos despotizados estaban implícitos en el autogobierno venezolano, razón por la cual Trujillos y Somozas devinieran refugio y cuartel general de la conspiración emigrada.

AD había dado un vuelco a la situación dentro de los cuarteles: aumentó en 37% los sueldos de los oficiales, en un 57% el de las tropas y en 50% la alimentación de las mismas, entre otras ventajas habilitadas, pero sólo le reconocían a las Fuerzas Armadas la función que le asignan los ordenamientos legales democráticos: la de institución de carácter profesional y técnico, subordinada al Poder Ejecutivo, sustraída de toda ingerencia en la forma como se orientara la gestión política y administrativa. Actitud ésta enraizada en la más ortodoxa tradición bolivariana, doctrina de permanente vigencia que el Libertador resumió así: “Desgraciado del pueblo donde el hombre armado delibera”. Otra cosa: nunca como en estos años tuvieron las Fuerzas Armadas mayores simpatías y aplausos fervorosos.

Todos ellos, incluyendo los empresarios pro regreso al pasado, estaban convencidos de que el pueblo iba a votar en alud por hombres y programas que no eran los suyos. Por eso hubo una sincronización sintomática entre el estallido de algunos complots sediciosos y la iniciación de los procesos electorales, o con hechos que eran resultado de los mismos. Entre los complots descubiertos estaba el dirigido desde Estados Unidos por López Contreras, conjura donde cruzaban hilos aventureros a caza de concesiones petroleras, traficantes de armas y diplomáticos de Rafael Leonidas “Chapita” Trujillo (algunos de los cuales fueron declarados culpables por un Jurado Federal de Georgia, EE UU). Pese a ello, fue por negativa del Gobierno adeco que no se llevó hasta el fin las investigaciones contra el ex Presidente (López), con instrucciones de no utilizar a policías extranjeras para hostilizar a enemigos del régimen.

Todo ello constituyó una coyuntura muy difícil. Había guarniciones ya pronunciadas contra el Gobierno, como la de Valencia, comandada por Juan Pérez Jiménez, hermano del tarugo. Luego, electo Gallegos, aviones piratas iban a bombardear a Caracas, teniendo como bases a Santo Domingo y Nicaragua. Tal confesaría posteriormente un funcionario de la dictadura perezjimenista (Leonardo Altuve Carrillo): “Había 100 mil dólares prestos para una nueva conspiración. Estaban destinados contra Acción Democrática. Fue cuando traíamos bombas de mil kilos para acabar con el régimen y nos quedamos detenidos en Nicaragua”.

Las conspiraciones anteriores al 24 de noviembre de 1948 pudieron ser debeladas por el Gobierno. Habían abarcado sólo a sectores poco numerosos de las Fuerzas Armadas. Pero todas fueron estimuladas por implacables campañas radiales y de prensa que realizaban los partidos de oposición con concretas incitaciones al ejército para que derrocara al Gobierno democrático. Cuatro meses antes del cuartelazo del cual se proclamaría conductor, el Ministro de Defensa Delgado Chalbaud hacía gala de su engañosa dignidad apoyando al Gobierno en mensaje radial. Pero el neofascismo castrense, alentada por Perón en Argentina, estaba en marcha.

Acción Democrática no entretuvo su acción de Gobierno para armar al pueblo y enfrentarse a la subversión de la cúpula militar desviada, que controlaba un ejército numeroso. De acuerdo con Gallegos y con la dirección adeca, Valmore Rodríguez, Presidente del Senado y sucesor constitucional del Presidente de la República, se trasladó a Maracay, donde una importante guarnición militar se mantenía leal al Gobierno legítimo. Cuando se tuvo la evidencia de que en la capital de la República había sido depuesto y detenido el Presidente Gallegos, Valmore Rodríguez se proclamó en ejercicio de la Presidencia y procedió a organizar un nuevo Gobierno. Era demasiado tarde y la guarnición acató las órdenes del Ministerio de defensa.

Valmore Rodríguez, en su libro Bayonetas sobre Venezuela, explicaba con una cita de Stefan Sweig el fenómeno de que aun militares de honor y con sensibilidad democrática actuaran en esa coyuntura contra sus convicciones íntimas: “Los que han sido educados bajo la férula militar sucumben a la psicosis de una orden, como una fuerza irresistible”. En 1949, diría Andrés Eloy Blanco: “El ejército venezolano no es culpable de lo que acaba de suceder. Una docena de jefes se ha confabulado, no sólo para hacer regresar a Venezuela al tutelaje político sino también para hacer regresar al ejército al estado de horda, traicionando así la evolución superadora que llevaba y que seguirá llevando”.

Hubo numerosos brotes de airada protesta popular, pero la maquinaria bélica del ejército, usada con prusiana brutalidad, terminó por aplastar la protesta colectiva. Al llevarse a cabo el apresamiento de dirigentes de AD a escala nacional, se instaló el triunvirato presidido por Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez y Llovera Páez. Llenaron las cárceles de todo el país con dirigentes adecos, muchos fueron enseguida a la clandestinidad. No menos de 10 mil venezolanos colmaron los calabozos. Los “tres cochinitos” destrozaron la Constitución y usurparon el poder, justificándose con las acostumbradas mentiras de los autócratas neofascistas castrenses, inventando a más y mejor muchos argumentos falsos que sobrevirían en el tiempo y que la verdad científica posterior desmentiría rotundamente.

Se disolvió por decreto a Acción Democrática. Los altos dirigentes que habían desempeñado Ministerios y otros altos cargos administrativos, presos en la Cárcel Modelo de Caracas, conscientes de que habían manejado los dineros públicos con agua y jabón, afirmaron: ”Hemos sustentado y llevado a la práctica, en forma consecuente, la tesis de que los funcionarios públicos están obligados a dar cuenta de sus actos de la manera más amplia. Por tanto, no sólo deben presentarse ante los tribunales para someterse a los juicios que se derivan de acusaciones que se les formulen en relación con sus funciones públicas, sino que, más aún, deben estar siempre prestos a demostrar, cuando sean requeridos, el origen de los bienes que puedan poseer. Fue así como propiciamos y logramos que entrara en vigencia la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios Públicos, en la cual, además de adecuados procedimientos, se establecía la obligación de hacer declaración jurada de los bienes al entrar en posesión del cargo y al cesar en sus funciones. Pero hay más: estimamos una obligación de quienes hayan desempeñado funciones públicas facilitar por todos los medios a su alcance cuantas investigaciones quieran hacerse sobre el ejercicio de esas funciones para que siempre prevalezca la verdad”.

Los presos firmantes eran: Ricardo Montilla, Valmore Rodríguez, Raúl Leoni, R. A. Pardo, Eligio Anzola Anzola, César Morales Carrero, Mario García Arocha, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Alberto Carnevali, Luis Augusto Dubuc, Aníbal Mestre Fuenmayor, Guillermo Salazar Meneses, Ramón Quijada, Luis Lander, Antonio Léidenz, Julio Grooscors, Alberto López Gallegos, Alejandro Oropeza Castillo, Raúl Ramos Jiménez…

Los partidos políticos reaccionaron como si sólo la suerte de Acción Democrática estuviera en juego y no se hubiera quebrado abruptamente el orden constitucional. Copei, URD y el Partido Comunista fueron a conversar con el triunvirato, creyendo que se les iba a respetar su libre actuación. Algunos aceptaron alguna gobernación de Estado y cargos subalternos. Tardarían en incorporarse a la lucha clandestina a la que AD entró al instante. Luego se alinearían todos contra el despotismo.

Especial significación tuvo el proceder contra Valmore Rodríguez. El encono en contra suyo era profundo, por el fallido intento de Maracay. En la cárcel sufrió dos sucesivos ataques de trombosis coronaria. Los empeños de sus familiares y amigos para lograr que se le trasladase a una clínica u hospital encontraron obstinada resistencia en los gobernantes por autoelección. “Eso se cura con baños de agua fría en la madrugada”, fue la respuesta del tarugo Pérez Jiménez a uno de los médicos interesados en salvarle la vida a “un venezolano de historial ilustre”, como dijera Betancourt. Fue permitido el traslado –de la celda a una clínica, y de la clínica al barco donde saldría al exilio- cuando Valmore Rodríguez era ya prácticamente un cadáver, que alcanzó a sobrevivir seis años más por voluntariosa decisión de no morir, para continuar en el destierro su eterna lucha por la dignificación de Venezuela.

La salida de la cárcel de Valmore Rodríguez y de otros no fue resultado de la “generosidad” del triunvirato. Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco y Rómulo Betancourt hicieron presión internacional ante las Naciones Unidas. En Venezuela –otra vez- se había secuestrado a la democracia.

 



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