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opinión

La “estafa inmobiliaria” es un sicariato por encargo

10 febrero, 2011

Sicario es aquel que asesina o tortura por encargo para obtener dinero o prebendas. Puede ser contratado por un particular para un encargo específico, o ser parte de una organización mayor que se dedique a ello. El sicario se dedica a su oficio de manera continuada, no de forma esporádica o accidental. El sicariato no es solo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la violencia para cometer homicidios por encargo, es algo mucho más espeso que ello. Se desarrolla en el complejo entramado de las sociedades decadentes, y adquiere significación según la valoración económica, cultural y hasta política hagan de ello las instituciones y los ciudadanos en general.

opinan los foristas

Podemos escribir no sólo de asesinatos físicos, sino también de la muerte reputacional, por encargo, de las personas. Hablaríamos entonces del sicariato moral, del disparo difamatorio e injurioso, continuado, por medios públicos, utilizando propaganda e instituciones al servicio del poder, para la creación de sentimientos sociales antagónicos y adversos hacia el objeto del sicariato.

Desde noviembre de 2010, el gobierno nacional ha desarrollado una amplia e intensa campaña de “sicariato inmobiliario”. Apedillando el término estafa, cuyo núcleo es el engaño, con el de toda una industria, la inmobiliaria, ha creado una matriz pública sobre los promotores inmobiliarios y sus valores empresariales, presentándolos como delincuentes a los ojos de la sociedad.

El Ministerio Público anuncia a toda Venezuela que ha pedido privativas de libertad, prohibición de enajenar y gravar, además de la congelación de cuentas bancarias, tanto de las empresas como personales, de promotores inmobiliarios activos. Asimismo, indicó que es posible que se soliciten algunas medidas contra varios ingenieros municipales, quienes habrían otorgado los permisos de habitabilidad “sin que la obra estuviera totalmente culminada”. También anunció “medidas de protección” para todas aquellas personas que “hayan recibido amenazas por parte de los propietarios y encargados de las empresas inmobiliarias”. La Fiscala General afirmó que solicitará a los tribunales “el aseguramiento de algunos bienes de las personas que aparecen como responsables de las estafas inmobiliarias, y que puedan ser ocupados a fin de que resarzan el daño causado a los afectados”. Hizo un llamado de “colaboración” a todos los integrantes del sistema de justicia, para que conjuntamente se dé respuesta a este grave problema que está afectando a” varios venezolanos”.

Según el Ministerio Público hasta la fecha existen 20 personas acusadas, 112 órdenes de aprehensión, 23 personas privadas de libertad, 205 medidas reales dictadas y 169 medidas de prohibición de salida del país. En todas sus notas de prensa, el Ministerio Público habla de estafas inmobiliarias, sin comillas, sin dejo de duda, con la seguridad y la convicción que el delito existió, sin sentencia de tribunal alguno.

Pero esos son detalles menores. El la industria de la promoción inmobiliaria privada en Venezuela está condenada a muerte. La orden es del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en su afán de imponer a todo costo el comunismo en Venezuela.

La promoción inmobiliaria privada en Venezuela tiene impacto en todos los sectores económicos de Venezuela, y a todo lo ancho del país. Genera de manera directa e indirecta más del 20% de todos los empleos formales privados en Venezuela. Emplea mano de obra muy poco calificada como la muy calificada.

Durante años, Hugo Chávez y su gobierno emprendieron una campaña para desplazar a los constructores privados venezolanos como contratistas del gobierno. Mediante sucesivas declaratorias de “emergencia” se otorgaron mil millonarios contratos “a dedo” a empresas privadas extranjeras promovidas por gobiernos “amigos” como el caso de empresas brasileñas, chinas, y más recientemente bielorrusas e iraníes. A cualquiera de afuera, con tal que algún constructor o promotor privado nacional no obtuviese los beneficios de esa actividad.

Como dato curioso, a esas empresas privadas extranjeras que actúan como contratistas en desarrollos inmobiliarios del gobierno, si les pagan los ajustes en los costos causados por la inflación, que es precisamente el “arma” que utilizan para acabar con los promotores inmobiliarios nacionales.

El cobro de ajustes en los precios por inflación, regulado por el mismo gobierno, era legal y transparente, hasta que hace año y medio prohibió su aplicación. No conozco de ningún empresario serio de la promoción inmobiliaria que lo siguiera cobrando. Pero como era de esperarse, los precios de los inmuebles subieron, porque ahora es el promotor inmobiliario el que debe calcular que inflación tendrá en los dos años que en promedio dura un desarrollo inmobiliario para finalizarse.

¿Pudo haber que algunos siguieron cobrando “ajustes de precios” no permitidos? Seguramente sí. Como hay quienes adulteran las balanzas, o surtidores o la calidad de un producto u ofrecen renunciar si en un año “queda un solo niño de la calle”. Pero nada, absolutamente nada que no se hubiese podido enfrentar por los canales legales regulares. La justicia, en todo caso, con su ausencia, colaboró y propició el pillaje, sí que es lo hubo.

El “sicariato inmobiliario” tiene dos objetivos, el económico, que es el de depredar los activos de los venezolanos, representados mayoritariamente por sus inversiones en inmuebles, y el político, el de asegurarse la desaparición de un vasto sector de la población con capacidad de vivir independientemente del gobierno nacional. Todo ello con miras a “controlar y dominar” sus fuentes de financiamiento y subsistencia, que en el caso de la construcción representa, sólo en obreros, un mundo superior a las 700 mil personas. La pobreza y la dependencia de lo público son los elementos básicos de dominación del comunismo.

Hugo Chávez sabe que le quedan dos años de mandato, pero sus asesores cubanos, le indican que si muchos de sus opositores (capitalistas demócratas) salen del país, sus oportunidades de repetir para un cuarto mandato aumentarían. (Tiene uno de dos y dos de seis años). Y para los cubanos comunistas, perder el control de la renta petrolera venezolana, significaría perder la dictadura en Cuba. Por eso esta apresurada e intensa arremetida final.

El 26 de enero de 2011 Hugo Chávez contactó por vía telefónica a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a fin de solicitarle ayuda para “establecer responsabilidades, abrir juicios y llevar a prisión a los ‘estafadores’, que están al frente de compañías inmobiliarias que timen al pueblo”. “¿Donde están los presos, por qué esta gente sigue por ahí estafando libremente? (…) tenemos que ser justos y actuar con mucha contundencia” afirmó el Mandatario. “Ahí está el terreno, ahí están los estafadores, ahí están sus maquinas. Bueno vamos por ellos, los estafadores doctora (refiriéndose a la Fiscal) a prisión y les intervenimos el terreno, las máquinas y empezamos a solucionar el problema de vivienda porque hay que solucionar el problema” agregó.

Previamente en sus ‘Líneas de Chávez’, del 7 de noviembre de 2010, Hugo Chávez escribía “El domingo pasado, en el Aló Presidente, anunciamos al país la expropiación de seis conjuntos residenciales y la ocupación temporal de ocho: miles de familias, sobre todo de la clase media, han sido beneficiadas con esta medida que es, en realidad y en verdad, un acto de justicia.

Hemos decidido acabar (y nuestra decisión es inexorable) con esa modalidad de la delincuencia organizada que es la estafa inmobiliaria: no va a haber ninguna clase de contemplaciones con los carteles inmobiliarios, verdaderas mafias operando a plena luz del día, que han esquilmado los ahorros de miles de venezolanos y venezolanas de clase media.

Y que no se diga que estamos arremetiendo contra la iniciativa individual y la propiedad privada: lo que estamos haciendo es ponerle coto a una dinámica de extorsión y estafa. Me pregunto: ¿el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor a parejas jóvenes y a profesionales es expresión de la iniciativa individual?; ¿el derecho a la propiedad privada, que tanto preocupa a las cloacas mediáticas, se ejerce paralizando la construcción de edificios y robando sistemáticamente a quienes ya habían creído materializar el sueño y la esperanza de una vivienda propia?”

Ya el causante de la mayor inflación en todo el continente escurría su responsabilidad. Acusaba que su impresión de millones de billetes sin respaldo, para el financiamiento inorgánico de su gobierno, era responsabilidad de los promotores inmobiliarios quienes estarían “robando sistemáticamente a quienes ya habían creído materializar el sueño y la esperanza de una vivienda propia”

Curioso que el sicariato inmobiliario sea sólo contra los desarrollos del sector privado. Ninguno contra la centena de desarrollos inmobiliarios propiedad del gobierno venezolano que pasan de años de atraso, y muchos siquiera pasaron del movimiento de tierras.

Porque el objetivo no es dotar de una oferta de vivienda vigorosa y suficiente a la sociedad venezolana. Al comunismo chavista no le interesa para nada eso. Lleva años permitiendo las invasiones para que el pueblo salde “la deuda social histórica” que la oligarquía tiene con ellos. Permitiendo la construcción de ranchos incluso en zonas protectoras. Hoy, sólo una de cada cuatro viviendas en Venezuela tiene las condiciones óptimas de habitabilidad. Algo más de un millón de viviendas en un país con 4,5 millones de ellas.
La ruina de la industria del desarrollo inmobiliario significa la ruina de los ahorros del venezolano. Con la ley habilitantes en sus manos el mandado está hecho. Los sicarios están de plácemes y millones de venezolanos de luto.

David Morán es ingeniero industrial. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Cámara Venezolana de la Construcción 1998-2006



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